California y otros 12 estados demandaron el miércoles al gobierno federal para obligarle a liberar las subvenciones aprobadas por el Congreso para programas de energía limpia, argumentando que la administración Trump canceló ilegalmente la financiación.
La demanda, liderada por el fiscal general de California, Rob Bonta, apunta al Departamento de Energía de Estados Unidos y a otras agencias por revocar las asignaciones como parte de la Ley de Reducción de la Inflación y otras leyes medioambientales relacionadas.
La demanda se produce tras la revocación de 1200 millones de dólares destinados a la Alianza para los Sistemas de Energía Hidrógena Renovable y Limpia (ARCHES) de California, un programa destinado a promover tecnologías para sustituir los combustibles fósiles en los servicios públicos, el transporte público, el transporte por carretera y los puertos.
"Es tan simple como que el Congreso tiene el poder del erario, no el poder ejecutivo, y el Congreso ya asignó estos fondos", dijo Bonta en una entrevista el martes, antes del anuncio de la demanda.
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La coalición incluye a Colorado, Connecticut, Illinois, Nueva Jersey, Nueva York, Oregón y Washington. Argumenta que los funcionarios federales deben aplicar las leyes tal y como se han promulgado, sin vetos excesivos. La administración Trump ha tratado de aumentar la producción de petróleo de Estados Unidos, al tiempo que ha dedicado menos apoyo a la energía eólica, solar y otras fuentes renovables.
Los fiscales generales demócratas de la coalición de estados han emprendido acciones legales por numerosas decisiones de financiación federal. En diciembre de 2025, California encabezó una demanda de 16 estados y el Distrito de Columbia contra la suspensión de 1800 millones de dólares para estaciones de recarga de vehículos eléctricos, argumentando que el gobierno federal se había extralimitado en su autoridad con las asignaciones de la Ley de Inversión en Infraestructuras y Empleo.
De manera similar, el 11 de febrero, California, Colorado, Illinois y Minnesota demandaron al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que revocara la retención de 600 millones de dólares en subvenciones para la salud pública. Un juez federal detuvo el recorte y concedió una orden de restricción temporal en medio de acusaciones de represalias políticas.
Los estados alegaron que detrás de los recortes se escondían "animadversión política y desacuerdos sobre temas no relacionados, como la aplicación de la ley federal de inmigración, las protestas políticas y la energía limpia".
Bonta también indicó su intención de impugnar la revocación por parte de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de la declaración de peligro de 2009, un aspecto clave de la normativa climática que determinaba que los gases de efecto invernadero eran una amenaza para la salud pública.
El 18 de febrero, varios grupos ecologistas, entre ellos el Sierra Club y el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, solicitaron a la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D. C. que revisara la medida de la EPA.
La revocación de la EPA, que entrará en vigor el 20 de abril, sostiene que la Ley de Aire Limpio no autoriza la regulación de los gases de efecto invernadero por motivos climáticos globales, señalando el impacto mínimo de la reducción de las emisiones de los vehículos en Estados Unidos.
"Con esta medida, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) revoca las conclusiones del administrador de 2009 sobre la contribución y el peligro y deroga todas las normas de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) para vehículos y motores ligeros, medianos y pesados, con el fin de aplicar la mejor interpretación de la sección 202(a)(1) de la Ley de Aire Limpio (CAA)", declaró la EPA.
Con información de Reuters.
