El 20 de abril, los fiscales generales de una docena de estados solicitaron intervenir en dos demandas que se oponen a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre la verificación de la ciudadanía, así como a otras iniciativas para garantizar la integridad de los procesos electorales.
La coalición de fiscales generales presentó mociones en Massachusetts y en el Distrito de Columbia, expresando su respaldo a la orden ejecutiva emitida por el presidente el 31 de marzo, titulada Garantizar la verificación de la ciudadanía y la integridad en las elecciones federales.
Tras la emisión de dicha orden por parte de Trump, "activistas de izquierda y estados progresistas" la impugnaron de inmediato —según informó en un comunicado de prensa la oficina de la fiscal general de Misuri, Catherine Hanaway—, "alegando que constituye una intromisión federal en la autoridad estatal sobre las elecciones".
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En un comunicado, ella calificó las acciones de Trump como "medidas de sentido común para la integridad electoral" y se comprometió a "defender cada paso legítimo que promueva registros electorales precisos, procesos de voto en ausencia seguros y una administración transparente".
El presidente también emitió una orden de mayor alcance en marzo de 2025, titulada: Preservación y protección de la integridad de las elecciones estadounidenses.
Ambas órdenes relacionadas con las elecciones han suscitado numerosas batallas judiciales.
El 17 de abril, un juez federal de Rhode Island se convirtió en, al menos, el quinto en fallar en contra de los intentos de la administración Trump de recopilar registros de votantes. Algunos estados accedieron a entregar los datos solicitados, pero la administración Trump demandó a 30 estados y al Distrito de Columbia por negarse a hacerlo.
La orden de Trump de 2026 exige a las agencias federales elaborar una lista de ciudadanía estatal para ayudar a los funcionarios electorales a confirmar quiénes son ciudadanos estadounidenses, mayores de 18 años y residentes del estado; todos estos requisitos son obligatorios para votar.
La orden también instruye al Servicio Postal de los Estados Unidos a mejorar la seguridad de las boletas enviadas por correo, utilizando medios tales como códigos de barras que permitan el rastreo de la correspondencia electoral oficial.
"Missouri y los demás estados luchan por acceder a estos recursos y por trabajar codo a codo con el gobierno federal para salvaguardar la integridad de las elecciones estadounidenses", escribió Hanaway.
Los fiscales generales que se unieron a la coalición de Hanaway provienen de Alabama, Florida, Indiana, Kansas, Luisiana, Montana, Nebraska, Oklahoma, Carolina del Sur, Dakota del Sur y Texas.
El secretario de Comercio, Howard Lutnick (izquierda), y el presidente Donald Trump antes de firmar una Orden Ejecutiva sobre la integridad electoral en el Despacho Oval el 31 de marzo de 2026. (Brendan Smialowski/AFP vía Getty Images).La demanda presentada en Washington contra Trump —interpuesta el 1 de abril por el Comité de Campaña Senatorial Demócrata y otros demócratas— califica la orden de Trump como un nuevo intento de "reescribir las normas electorales en busca de una ventaja partidista que él percibe".
La demanda también tilda de "enrevesadas y confusas" ciertas disposiciones de la orden de Trump, y añade: "Lo que resulta evidente es que restringe drásticamente la capacidad de los ciudadanos estadounidenses para votar por correo, invadiendo así la autoridad tradicional de los estados".
En una acción judicial independiente, presentada ante una corte del Distrito de Columbia el 21 de abril, una organización de base —Common Cause— solicita a un juez que detenga lo que califica como "una iniciativa ilegal y sin precedentes para acaparar los datos confidenciales de millones de votantes estadounidenses".
Common Cause solicitó a la corte que "declare ilegal, suspenda, anule y deje sin efecto" la Política Nacional de Registro de Votantes, y que prohíba al Departamento de Justicia la "divulgación y el uso ilícito" de los datos de los votantes.
La demanda presentada en Massachusetts el 2 de abril alega que la orden de Trump "vulnera la separación constitucional de poderes, dado que el presidente carece de autoridad para establecer las normas electorales. Únicamente los estados y el Congreso poseen dicha facultad", según señala un comunicado de prensa del Brennan Center for Justice.
Los abogados del Brennan Center colaboraron con letrados de otros grupos para interponer la demanda federal en representación de la demandante principal —la Liga de Mujeres Votantes de Massachusetts—, así como de otras organizaciones adicionales.
