El 23 de febrero, la Corte Suprema se enfrentó a dos casos sobre bienes comerciales estadounidenses que el gobierno comunista de Cuba confiscó hace décadas.
Los casos son Havana Docks Corp. contra Royal Caribbean Cruises y Exxon Mobil contra Corporación Cimex, que los jueces escucharon consecutivamente durante más de tres horas de argumentos orales.
Ambos casos se centran en la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana de 1996, creada para presionar a Cuba mediante la penalización de las empresas que “trafican” con propiedades que Cuba confiscó a intereses estadounidenses. También conocida como Ley Helms-Burton, la ley permite a los ciudadanos y empresas estadounidenses demandar a cualquier persona que trafique, utilice o se beneficie de las propiedades confiscadas.
El difunto dictador cubano Fidel Castro derrocó al antiguo gobierno en 1959 y convirtió a Cuba en un Estado unipartidista en el que se aplicaron políticas socialistas, incluida la nacionalización de los bienes de las empresas extranjeras.
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Las partes no habían podido demandar a las empresas estatales cubanas en virtud de la ley porque el presidente estadounidense Bill Clinton suspendió el Título III, la parte de la ley que permite presentar demandas de indemnización. El presidente Donald Trump revocó la suspensión el 2 de mayo de 2019 y Exxon Mobil presentó una demanda ese mismo día.
En el caso Havana Docks, una empresa con sede en Delaware sostiene que las líneas de cruceros deberían indemnizarla por utilizar los muelles que construyó y cuya explotación le fue concedida por 99 años, y que el gobierno revolucionario de Cuba confiscó sin indemnización en 1960. Según la empresa, a la concesión le quedaban 44 años de vigencia.
Las líneas de cruceros utilizaron los muelles después de que la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras certificara la reclamación de Havana Docks contra Cuba, desembarcando a casi un millón de turistas en los muelles entre 2015 y 2019, y pagando a Cuba al menos 130 millones de dólares y ganando más de 1000 millones de dólares con sus cruceros cubanos, según la petición de la empresa.
En 2024, una dividida Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de los Estados Unidos anuló una sentencia de más de 100 millones de dólares contra varias líneas de cruceros por “tráfico” de propiedades confiscadas al utilizar muelles expropiados en Cuba. Esa corte sostuvo que los derechos de propiedad de la empresa sobre los muelles expiraron en 2004.
En el caso Exxon Mobil, la empresa, anteriormente conocida como Standard Oil Co., solicita una indemnización a tres empresas propiedad del gobierno cubano por los bienes energéticos incautados en 1960.
En 2024, una dividida Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que una ley federal independiente supone un obstáculo adicional para las demandas contra entidades cubanas. Esa corte sostuvo que las demandas del Título III solo pueden proceder contra entidades cubanas si la demanda entra dentro de una excepción de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera. Esa ley prohíbe en general las demandas contra gobiernos extranjeros, pero permite las demandas relacionadas con actividades comerciales o propiedades confiscadas en violación del derecho internacional.
La corte de apelaciones dictaminó que, cuando la corte de distrito consideró el caso, no analizó adecuadamente si se aplicaba la excepción de las actividades comerciales, y devolvió el caso a esa corte para que lo reconsiderara.
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Alegatos orales
Durante los alegatos orales del 23 de febrero, el abogado de Havana Docks, Richard Klingler, dijo que la demanda de su cliente finaliza cuando se resuelva o cuando Cuba se convierta en una democracia, no en la fecha en que se extinguió su interés en los muelles.El 11.º Circuito “redujo el Título III” cuando actuó como si no se hubiera producido ninguna confiscación, dijo.
Las líneas de cruceros utilizaron los muelles después de que la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras certificara la reclamación de Havana Docks contra Cuba, desembarcando a casi un millón de turistas en los muelles entre 2015 y 2019, y pagando a Cuba al menos 130 millones de dólares y ganando más de 1000 millones de dólares con sus cruceros cubanos, según la petición de la empresa.
En 2024, una dividida Corte de Apelaciones del Undécimo Circuito de Estados Unidos anuló una sentencia de más de 100 millones de dólares contra varias líneas de cruceros por “tráfico” de propiedades confiscadas al utilizar muelles expropiados en Cuba. Esa corte sostuvo que los derechos de propiedad de la empresa sobre los muelles expiraron en 2004.
En el caso Exxon Mobil, la empresa, anteriormente conocida como Standard Oil Co., solicita una indemnización a tres empresas propiedad del gobierno cubano por los bienes energéticos incautados en 1960.
En 2024, una dividida Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia dictaminó que una ley federal independiente supone un obstáculo adicional para las demandas contra entidades cubanas. Esa corte sostuvo que las demandas del Título III solo pueden proceder contra entidades cubanas si la demanda entra dentro de una excepción de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera. Esa ley prohíbe en general las demandas contra gobiernos extranjeros, pero permite las demandas relacionadas con actividades comerciales o propiedades confiscadas en violación del derecho internacional.
Alegatos orales
Durante los alegatos orales del 23 de febrero, el abogado de Havana Docks, Richard Klingler, dijo que la demanda de su cliente finaliza cuando se resuelva o cuando Cuba se convierta en una democracia, no en la fecha en que se extinguió su interés en los muelles.El 11.º Circuito “redujo el Título III” cuando actuó como si no se hubiera producido ninguna confiscación, afirmó.
Klingler dijo que la empresa tenía derecho al valor razonable de su derecho de arrendamiento en el momento de la confiscación, así como a los intereses hasta que se recibiera el pago.
La jueza de la Corte Suprema Sonia Sotomayor dijo que el carácter indefinido de la demanda podría haber preocupado al Undécimo Circuito.
“No sé qué le da derecho a una indemnización ad nauseam por el uso por parte de todos para siempre”, dijo la jueza.
Klingler afirmó que no hay ningún problema relacionado con el debido proceso en la reclamación de la empresa, ya que el Congreso prohibió este tipo de reclamaciones al definir qué era la propiedad confiscada.
Sotomayor dijo que, aunque eso fuera cierto, sigue habiendo un problema de multas excesivas en virtud de la Octava Enmienda.
La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que la Ley Helms-Burton autoriza a cualquier persona con un interés patrimonial certificado por la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras a "presentar una reclamación por tráfico ilícito y obtener una indemnización o... dinero asociado a esa actividad".
"A mí me parece bastante sencillo", añadió Jackson.
Dirigiéndose a la abogada del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Aimee Brown, el juez Clarence Thomas cuestionó hasta dónde podía llegar el gobierno federal para desalentar la inversión en Cuba. La administración Trump apoyó la posición de la empresa en la audiencia.
“¿Hay algún límite a lo que puede llegar el Congreso con este tipo de remedio venenoso?”, dijo.
Paul Clement, abogado de las líneas de cruceros, dijo que sus clientes no pueden ser considerados responsables porque la concesión de Havana Docks Corporation expiró en 2004.
“Alguien que llega más tarde no está en condiciones de traficar con... los derechos de propiedad que fueron confiscados”, dijo.
La jueza Amy Coney Barrett calificó los bienes confiscados de “kriptonita” y afirmó que, cuando Castro los tomó, “con fines de tráfico, nadie puede tocarlos”.
El abogado de Exxon Mobil, Morgan Ratner, dijo que cuando el Congreso aprobó la Ley Helms-Burton, quería “ejercer una presión diplomática y económica aplastante sobre el gobierno cubano” y derogó la inmunidad soberana extranjera de la que normalmente habrían disfrutado las entidades cubanas.
La inmunidad soberana extranjera es una doctrina jurídica que impide que se demande a los gobiernos a menos que estos acepten ser demandados. La derogación es el acto de anular formalmente una ley o disposición legal.
El Congreso autorizó las demandas contra las entidades cubanas y “codificó un embargo increíblemente restrictivo que cortó el comercio entre Estados Unidos y Cuba”, dijo.
“Esa combinación no tiene sentido si el Congreso hubiera tenido la intención de basarse en las excepciones [de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera] que dependen de la actividad comercial”, dijo Ratner.
El juez Samuel Alito dijo que, a menos que las entidades cubanas tengan propiedades en Estados Unidos que puedan ser embargadas para satisfacer una sentencia, "¿qué diferencia tiene todo esto en la práctica?".
El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Curtis Gannon, que argumentó a favor de Exxon, dijo que aún tenía valor obtener una sentencia porque "podría llevarse a los tribunales de otros países".
Jules Lobel, abogado de la Corporación Cimex, dijo que la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera hace que los organismos estatales extranjeros sean inmunes en los tribunales estadounidenses, a menos que se cumpla una de las excepciones de la ley.
"Nada en el texto del Título III deroga esa inmunidad", dijo.
Lobel dijo que el Congreso se negó a crear otra excepción a la inmunidad, y que este tribunal "no debería interpretar una excepción que el Congreso no promulgó".
Los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh afirmaron que el Congreso otorgó al presidente la facultad de decidir si se permiten las demandas en virtud del Título III, lo que le permite considerar la inmunidad de las entidades extranjeras.
“Parece extraño poner al presidente en primer plano” en el proceso si las demandas aún pueden ser rechazadas en virtud de la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera, afirmó Kavanaugh.
“El presidente es la persona en nuestra estructura constitucional que puede sopesar todo eso en lo que respecta a Cuba”, añadió el juez.
Se espera que la Corte Suprema se pronuncie sobre los casos a finales de junio.
