El gobierno de Perú anunció que apelará la sentencia del Poder Judicial que excluye a su autoridad reguladora de supervisar uno de los puertos más importantes del territorio peruano construido por una empresa china, el Puerto de Chancay.
El Consejo de Ministros de Perú informó el 11 de febrero a través de un comunicado la decisión de apelar, subrayando que en Perú por constitución se protege tanto a la inversión extranjera como a la nacional, y así mismo ambas deben someterse a las mismas reglas de competencia y supervisión estatal.
La entidad establece en su comunicado que el Puerto de Chancay propiedad del consorcio privado Chino Cosco Shipping “debe cumplir con lo establecido por el ordenamiento normativo peruano, incluyendo aquella regulación en materia de seguridad portuaria” a cargo de diferentes instituciones estatales.
La compañía china demandó a finales de 2024 al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) por la supervisión del puerto, señalando que este vulneraba sus derechos de control.
El viernes 6 de febrero un juez falló a favor de Cosco determinando que OSITRAN, dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú, no podrá supervisar, ni regular las actividades del puerto de Chancay, ubicado en la ciudad portuaria de Chancay en la costa central de Perú.
Hasta el momento de la publicación no hay información sobre cuándo será presentada dicha apelación por parte del gobierno peruano.
Historias relacionadas
El puerto de Chancay, que cuenta con una capacidad de un millón de contenedores al año, pertenece, en un 60 %, a la empresa estatal china Cosco Shiping y, en un 40 %, a la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial.
La resolución judicial no solo encendió las alarmas en el gobierno peruano, sino que también llamó la atención de Estados Unidos, con el gobierno y funcionarios pronunciándose tras el fallo.
La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. dijo el 11 de febrero que se encontraban “preocupados por los últimos informes que indican que Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios chinos depredadores".
"Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía", agregó la agencia estadounidense.
Historias relacionadas
Asimismo, el embajador de Perú en EE. UU. Bernie Navarro, publicó la declaración de la agencia estadounidense acompañada de un texto que señala: “Todo tiene un precio, y a la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”.
En referencia a la influencia de China en Latinoamérica, la administración del presidente Donald Trump ha advertido sobre la presencia de empresas chinas y el control sobre grandes obras de infraestructura en la región. Un caso similar es el del Canal de Panamá.
El Canal de Panamá, por el que pasa el 5 por ciento del comercio marítimo mundial, se completó en 1914. Estados Unidos construyó el canal entre 1904 y 1914 y desempeñó un papel clave en la gestión inicial de esta importante vía fluvial y mantuvo el control hasta 1977, cuando el presidente Jimmy Carter firmó un tratado que cedió los derechos de operación a Panamá.
Actualmente, EE. UU. y China son los principales usuarios del canal. Sin embargo, la influencia del régimen comunista chino en Panamá y el canal creció en los últimos años. Dos de los cinco puertos en los lados Pacífico y Atlántico del Canal de Panamá eran operados por filiales de CK Hutchison Holdings, con sede en Hong Kong.
El pasado 29 de enero, la Corte Suprema de Panamá invalidó el contrato de CK Hutchison, con sede en Hong Kong, para operar los puertos en ambos extremos del Canal de Panamá debilitando el control de Beijing sobre esta importante vía fluvial.
Con información de Alex Wu y EFE.
Siga a Estela Hernández en X: @HGLauraEstela
