Análisis

Esta evaluación analiza el primer año del general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez como ministro de Defensa Nacional de Colombia, centrándose en la modernización militar, la autonomía estratégica y las relaciones de defensa entre Estados Unidos y Colombia. Encuentra avances notables en modernización, incluidas la adquisición de los Gripen y las iniciativas antidrones, pero avances limitados en autonomía debido a dependencias externas persistentes. La inestabilidad interna y el aumento de la violencia siguen limitando la planificación estratégica a largo plazo.

El general Pedro Arnulfo Sánchez Suárez asumió el Ministerio de Defensa Nacional de Colombia en marzo de 2025, convirtiéndose en el primer oficial militar retirado en ocupar el cargo en 35 años. Esta evaluación analiza la efectividad de la implementación por parte de Sánchez de tres objetivos declarados de política de defensa: modernización militar, autonomía estratégica y recalibración de las relaciones de defensa entre Estados Unidos y Colombia. A partir de fuentes primarias gubernamentales, informes del Congressional Research Service, análisis de centros de pensamiento y medios internacionales publicados entre febrero de 2025 y febrero de 2026, la evaluación concluye que Sánchez logró avances medibles en modernización. La adquisición colombiana de Gripen por 3600 millones de dólares y un Escudo Nacional Antidrones de 1680 millones de dólares sostuvieron los avances de modernización, mientras Sánchez preservaba simultáneamente la cooperación militar bilateral esencial con Washington.

La autonomía estratégica avanzó simbólicamente, pero siguió limitada por dependencias tecnológicas. El aumento de las tensiones políticas internas, el colapso de la iniciativa Paz Total del presidente Gustavo Petro y la escalada de la violencia rural complicaron la capacidad de Sánchez para ejecutar una arquitectura de defensa coherente y de largo plazo. La evaluación concluye que Sánchez logró una implementación parcial y desigual de sus objetivos, con avances de modernización que superaron a la reforma institucional y la coherencia estratégica.

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Sánchez llegó al cargo en un punto de inflexión definido por tres presiones convergentes. Primero, la iniciativa Paz Total, la política insignia de Petro de negociaciones simultáneas con todos los grupos armados, se estaba derrumbando bajo el peso de la reanudación de la violencia del ELN en Catatumbo y las facciones disidentes fragmentadas de las FARC, según un informe de International Crisis Group de 2025. Segundo, las relaciones entre Estados Unidos y Colombia se deterioraron abruptamente a comienzos de 2025 tras una disputa pública por vuelos de deportación de migrantes, lo que creó incertidumbre en torno a casi 400 millones de dólares en asistencia anual de seguridad de Estados Unidos, según informó Breaking Defense el 24 de octubre de 2025. Tercero, como informóen 2025 The Rio Times, la envejecida flota de cazas Kfir de Colombia, en tierra en parte por la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, exigía un reemplazo urgente para restaurar la soberanía aérea básica.

Un informe de Armed Conflict Location and Event Data Project 2025, demostró que el enfoque de Petro de priorizar los ceses al fuego permitió a los grupos armados ampliar el control territorial, reclutar nuevos combatientes y diversificar las fuentes de ingresos criminales. En 2026, InSight Crime confirmó que la violencia en 2025 alcanzó niveles no vistos en años, impulsada por la competencia intracriminal por rutas de coca liberadas por el vacío político creado por el colapso de las negociaciones. La expansión de la violencia y las pérdidas territoriales colocaron a Sánchez en la posición contradictoria de comandar operaciones militares contra grupos cuyo estatus político permanecía legalmente ambiguo bajo el marco jurídico de la Paz Total. El Spanish Institute for Strategic Studies encontró en 2025 que cuatro de cada diez aeronaves militares colombianas estaban inoperables debido a la escasez de repuestos, y que el número de tropas había disminuido 27% durante la década anterior. Sánchez heredó una fuerza estructuralmente debilitada por años de priorización en tiempos de paz.

Sánchez respondió con lo que caracterice en el substack del 29 de junio de 2025, como una ofensiva de espectro completo, abandonando las políticas de cese al fuego en favor de operaciones militares continuas dirigidas contra todos los grupos armados sin discriminación. Entre marzo y mayo de 2025, el Ejército colombiano desmanteló más de 50 laboratorios de procesamiento de cocaína en Nariño y Chocó. Las operaciones incautaron grandes volúmenes de productos terminados y sustancias químicas precursoras, interrumpiendo fuentes de ingresos para la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y facciones del ELN.  La Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional intensificó sus operaciones, neutralizando 56 laboratorios clandestinos directamente vinculados al Frente Oliver Sinisterra y al Clan del Golfo, e incautando más de 8000 galones de sustancias químicas precursoras. Las operaciones contra objetivos de alto valor incluyeron la neutralización en junio de 2025 del alias “Cholinga”, un narcotraficante de alto rango y operador de minería ilegal que actuaba dentro de redes disidentes de las FARC en el norte de Colombia. Además, como documenté en 2025, la coordinación transfronteriza con Ecuador produjo avances tácticos, incluida una redada conjunta en Cumbal que confiscó 2,5 toneladas de clorhidrato de cocaína.

El entorno político y de seguridad se deterioró aún más durante comienzos de 2026. KSAT informó en 2026 que Colombia celebró elecciones legislativas el 8 de marzo de 2026, desplegando a más de 126,000 agentes de seguridad en todo el país en medio de una escalada de violencia. Sánchez anunció públicamente que las autoridades detectaron aproximadamente a 2400 personas intentando cruces fronterizos ilegales desde Venezuela, presuntamente para votar, calificando el incidente como un claro caso de actividad criminal, según reportaron Aamer Madhani y Astrid Suárez en PBS News en marzo de 2026. Al Jazeera informó en 2026 que las autoridades detuvieron 60 autobuses y abrieron investigaciones contra empresas de transporte sospechosas de facilitar fraude electoral. El período de campaña presenció el asesinato de más de 60 líderes políticos y comunitarios, demostrando la continua erosión de las condiciones de seguridad que Sánchez heredó, según KSAT 2026. La crisis electoral reforzó el hallazgo de esta evaluación de que la violencia interna y la fragilidad institucional impusieron restricciones vinculantes a una planificación de defensa coherente. A partir de esta línea de base diagnóstica, la siguiente sección examina cómo Sánchez respondió mediante inversiones en modernización militar.

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El eje de la modernización fue la selección por parte de Colombia del Saab Gripen E/F para reemplazar la envejecida flota Kfir. Reuters informó en 2025 que Sánchez anunció que Colombia decidiría en cuestión de meses qué proveedor de un país de la OTAN escogería, enmarcando la decisión como “una cuestión de soberanía”. Colombia seleccionó formalmente el Gripen en abril de 2025 y firmó un contrato de 3600 millones de dólares con Saab el 14 de noviembre de 2025, según informaron Al Jazeera y Breaking Defense en 2025. El contrato cubre 17 aeronaves, con entregas programadas por Saab entre 2026 y 2032. Defence Security Asia señaló en 2025 que la adquisición representó la mayor compra de aviación de combate en la historia de Colombia e incluyó acuerdos integrales de compensación que abarcan aeronáutica, ciberseguridad, salud, energía sostenible y purificación de agua. El acuerdo trasladó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana de una plataforma israelí deteriorada y diplomáticamente complicada a un caza multifunción moderno suministrado por Europa.

Como informó Reuters en 2026, Sánchez lanzó el Programa Escudo Nacional Antidrones el 16 de enero de 2026. La iniciativa de 1680 millones de dólares apunta al uso creciente de drones por parte de grupos armados en todo el territorio y las fronteras colombianas. El análisis de Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) también señaló en 2025 inversiones colombianas en producción doméstica de defensa a través de Indumil y COTECMAR, demostrando un movimiento hacia una menor dependencia de importaciones.

Sánchez también enfrentó la prolongada crisis de la flota colombiana de helicópteros Mi-17 de fabricación rusa que permanecía en tierra. Colombia operaba más de 20 helicópteros de transporte Mi-17 de fabricación soviética, pero solo nueve seguían operativos a comienzos de 2025, con 18 aeronaves en tierra debido a escasez de repuestos y retrasos de mantenimiento, una situación detallada en reportes de Bulgarian Military a finales de 2024 y de The City Paper Bogotá a inicios de 2025. Los Mi-17, adquiridos entre 1996 y 2009, proporcionaban una capacidad crítica de transporte pesado para traslado de tropas, operaciones de reabastecimiento y extinción de incendios forestales en el desafiante terreno colombiano. Como informó el medio ColombiaOne en 2024, las sanciones occidentales contra proveedores rusos tras la invasión de Ucrania complicaron los contratos de mantenimiento.

Una investigación publicada por Bulgarian Military en diciembre de 2024 documentó que el predecesor de Sánchez, Iván Velásquez, había asignado 63 millones de dólares para un programa de modernización a finales de 2024, pero su implementación se retrasó. Bajo Sánchez, el Ejército colombiano contrató a la firma estadounidense VSC para realizar mantenimiento, reconstrucción y suministro de repuestos, eludiendo por completo a los contratistas rusos, según reveló Zona Militar el 24 de mayo de 2025. El mismo portal especializado de Zona Militar informó que para mediados de 2025, tres Mi-17 habían realizado pruebas de vuelo, con un total de once aeronaves proyectadas para volver al servicio antes de fin de año. La recuperación restauró el 40% de la flota y añadió 750 horas anuales de vuelo a la capacidad operativa. La recuperación acelerada de los Mi-17 demostró la disposición de Sánchez a priorizar la necesidad operacional por encima de sensibilidades diplomáticas, resolviendo un impasse de mantenimiento que había persistido durante más de dos años.

Sin embargo, la evaluación publicada en 2025 por el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI²) expuso una paradoja fundamental dentro de las afirmaciones de autonomía de Colombia. Debido a que el Gripen E/F utiliza el motor estadounidense GE F414G, las exportaciones siguen sujetas a la aprobación de Estados Unidos bajo las International Traffic in Arms Regulations (ITAR). Colombia compró diversificación de fuentes de adquisición con una prima de costo del 47% sobre la alternativa F-16, de acuerdo con las cifras del MSI² de 2025, mientras mantenía plena exposición a la jurisdicción regulatoria estadounidense sobre sistemas críticos de propulsión. Colombia ganó independencia en la fuente de adquisición, pero no independencia operacional.

Ninguna dimensión del mandato de Sánchez resultó más volátil ni operacionalmente más consecuente que la gestión de las relaciones de defensa entre Estados Unidos y Colombia. La relación se deterioró rápidamente en enero de 2025, cuando Petro se negó públicamente a aceptar vuelos de deportación de Estados Unidos, lo que provocó una amenaza presidencial del presidente estadounidense Donald Trump de suspender todos los pagos de Estados Unidos a Colombia, de acuerdo con la información revelada por Breaking Defense en octubre de ese mismo año. Tanto los reportes de Breaking Defense como un informe del Congressional Research Service (CRS) publicados en 2025 informaron que estaban en riesgo aproximadamente 377 millones de dólares en asistencia exterior anual estadounidense, incluidos 37 millones de dólares en Foreign Military Financing y apoyo crítico de mantenimiento para la flota de helicópteros Black Hawk del Ejército colombiano.

Sánchez funcionó consistentemente como un ancla institucional moderadora durante toda la turbulencia bilateral. El propio Sánchez abordó la fricción bilateral en una entrevista concedida en enero de 2026 al diario canadiense The Globe and Mail, donde enfatizó: “No vemos a Estados Unidos como una amenaza. Si algún canal de cooperación internacional se rompiera, ganarían los narcotraficantes”, según informó el periodista VanderKlippe en 2026. Esta postura contrastó marcadamente con la retórica confrontacional de Petro y reflejó la preferencia institucional de Sánchez por preservar la cooperación militar entre fuerzas armadas independientemente del ruido político a nivel presidencial.

El registro institucional respaldó el planteamiento de Sánchez. A pesar de la fricción diplomática, registros del U.S. Army de 2025 confirmaron que los dos ejércitos realizaron sus decimosextas conversaciones anuales de estado mayor en septiembre de ese año. Ambos ejércitos firmaron 47 acciones acordadas organizadas en torno a la capacidad institucional, la modernización y las contramedidas contra organizaciones criminales transnacionales. Sánchez visitó personalmente el Comando Sur de los Estados Unidos (SOUTHCOM) en mayo de 2025 y sostuvo conversaciones con el almirante Alvin Holsey, de acuerdo con un comunicado emitido por la propia institución el 5 de mayo de ese año. Como documentó la Embajada de Colombia en Estados Unidos en 2025, el almirante Francisco Cubides realizó un compromiso separado en Washington en marzo de 2025, reuniéndose con funcionarios del Departamento de Estado, líderes del Congreso y representantes de agencias de inteligencia. Según un análisis del año pasado, en marzo de 2025, el general Carlos Triana y Gloria Miranda visitaron Washington para conversaciones de alto nivel sobre lucha contra el narcotráfico, señalando una renovación robusta de las operaciones conjuntas. Cubides también visitó la sede de la OTAN en mayo de 2025, donde se reunió con el liderazgo militar de la OTAN para avanzar en la cooperación OTAN-Colombia. Colombia recibió una invitación al Diálogo Estratégico del Flanco Sur de la OTAN, posicionando al país como un interlocutor privilegiado dentro de los marcos de seguridad transatlántica y marcando un cambio cualitativo en su perfil internacional de seguridad.

Colombia se comprometió públicamente a continuar la cooperación contra el narcotráfico, con Sánchez insistiendo ante un corresponsal de AFP en que Colombia estaba “absolutamente comprometida” con la lucha contra las drogas mientras se acercaba una fecha límite de certificación de Estados Unidos en septiembre de 2025, de acuerdo con los reportes de la Agence France-Presse de ese año. Reuters informó en 2026 que el gobierno colombiano reafirmó este compromiso a comienzos de ese mismo año. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó en 2026 que el secretario de Estado Marco Rubio y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, sostuvieron una llamada el 23 de enero para discutir la cooperación contra el narcotráfico antes de una reunión presidencial bilateral planificada. El Ministerio de Defensa Nacional envió a Sánchez a Washington en enero de 2026, donde Infobae Colombia informó sobre reuniones con altos funcionarios de la administración estadounidense. El Espectador informó ese mismo año que Sánchez confirmó la fecha de extradición de la figura del cartel conocida como “Pipe Tuluá” durante esa misma visita. El acuerdo Petro-Trump de febrero de 2026 para perseguir conjuntamente a los comandantes del ELN Mordisco, Chiquito Malo y Pablito demostró cooperación operacional de seguridad al más alto nivel bilateral, tal como detalló El Espectador el 7 de febrero de 2026. Ese acuerdo confirmó la durabilidad de la colaboración en seguridad a pesar de las tensiones políticas sostenidas entre los dos gobiernos.

El entorno regional de seguridad añadió mayor complejidad. The Guardian informó en febrero de 2026 que operaciones militares estadounidenses bajo la Operación Southern Spear mataron a 133 individuos a bordo de embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe para mediados de ese mes. Los ataques de la Operación Southern Spear generaron alarma en Bogotá sobre la estabilidad regional y posibles efectos colaterales a lo largo de la frontera venezolana. Sánchez ordenó despliegues militares hacia la frontera venezolana tras ataques estadounidenses cerca del territorio venezolano, una situación que reportó El Espectador el 3 de enero de 2026. La declaración de postura del U.S. Southern Command emitida en 2025 identificó a Colombia como sede de un Rotary Aviation and Communications Electronics Center of Excellence, subrayando la profundidad estructural de la cooperación bilateral en seguridad que Sánchez trabajó para preservar.

La autonomía estratégica avanzó retórica y simbólicamente, pero permaneció estructuralmente limitada por dependencias ITAR, obligaciones de intercambio de inteligencia —un aspecto señalado en los informes del Congressional Research Service (CRS) de 2025— y el peso de dos décadas de arquitectura contra el narcotráfico financiada por Estados Unidos. El entorno de seguridad interno, caracterizado por negociaciones de paz colapsadas, aumento de la violencia rural y unas fuerzas armadas operacionalmente debilitadas, impuso las restricciones más vinculantes a la capacidad de Sánchez para una planificación de defensa coherente y de largo plazo. La evidencia sugiere que Sánchez actuó con mayor eficacia como estabilizador institucional y acelerador de adquisiciones, y con menor eficacia como reformador estratégico capaz de reorientar la postura fundamental de defensa de Colombia dentro de un calendario político comprimido. Con elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo de 2026, evaluamos que la durabilidad de las inversiones de modernización iniciadas por Sánchez dependerá de si el próximo gobierno de Colombia decide sostenerlas o redirigirlas. El calendario comprimido (primera vuelta el 31 de mayo, posible segunda vuelta el 21 de junio y transición presidencial en agosto de 2026) determinará si las entregas de los Gripen, la recuperación de los Mi-17 y los despliegues antidrones avanzan según lo previsto o enfrentan una discontinuidad política.

Autor

Jaime (Jim) González es un veterano profesional de inteligencia y oficial militar con más de 40 años de servicio en el Ejército de Estados Unidos y en la Comunidad de Inteligencia. Ha dirigido operaciones de inteligencia, análisis antinarcóticos y evaluaciones estratégicas de amenazas, contribuyendo a la formulación de políticas de seguridad nacional y a la mentoría de futuras generaciones de líderes.

Se desempeñó como Agregado Militar de Estados Unidos en América Latina, como Provost Marshal en Alemania, y posteriormente como Oficial Superior de Inteligencia, supervisando operaciones HUMINT y análisis clave de defensa. Reconocido experto en tradecraft de inteligencia, ha desarrollado programas de formación, redactado publicaciones clasificadas y recibido múltiples premios nacionales de inteligencia por sus contribuciones.

Como Oficial Superior de Inteligencia, lideró esfuerzos analíticos que informaron decisiones de seguridad nacional y sirvió con distinción en múltiples cargos de alto nivel dentro de la Defense Intelligence Agency (DIA), incluido el puesto de Chief of Military Forces Analysis. El desempeño sobresaliente de González le ha valido numerosos reconocimientos militares y civiles, entre ellos el DIA Negus Award for Outstanding Analytical Excellence, tres ODNI National Intelligence Team Awards y el National Intelligence Council Intelligence Award.

Publicado originalmente en el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, un grupo de expertos no partidista especializado en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto. Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com