Opinión
Puntos clave:
-La tradicionalmente sólida alianza de seguridad entre Estados Unidos y Colombia colapsó con una rapidez sin precedentes en 2025
-La búsqueda de independencia estratégica de Colombia sigue limitada por realidades tecnológicas
-La adquisición colombiana de Gripen por USD 4400 millones representa la instrumentalización política de una necesidad operacional genuina
La firma por parte de Colombia, el 14 de noviembre, de un contrato por USD 4400 millones para diecisiete cazas Saab Gripen E/F plantea interrogantes fundamentales sobre las motivaciones de la compra en un contexto de deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.
El momento elegido invita a analizar si el presidente Gustavo Petro buscó principalmente una independencia estratégica de Washington o si fueron los imperativos operacionales los que impulsaron la modernización, pese a las complicaciones políticas.
Contexto político-estratégico: tensiones Trump–Petro
La secuencia temporal ofrece una palanca analítica clave. Colombia anunció su intención de adquirir cazas Gripen en abril de 2025, cuando las relaciones bilaterales seguían siendo tensas pero manejables, difundió The City Paper Bogotá.El presidente Petro enfatizó la defensa aérea como una prioridad estratégica nacional, mientras la envejecida flota de Kfir de fabricación israelí (con algunas aeronaves que superan los cuarenta años de servicio) enfrentaba crecientes costos de mantenimiento y una disponibilidad operativa en declive.
Sin embargo, el entorno diplomático se deterioró de forma abrupta entre abril y diciembre. En diciembre de 2025, tras una declaración de Estados Unidos según la cual los países que supuestamente envían drogas ilegales a territorio estadounidense podrían enfrentar acciones militares, el presidente Petro advirtió que tales amenazas contra la soberanía colombiana equivalían a una declaración de guerra y ponían en riesgo dos siglos de relaciones diplomáticas, según el medio El País.
En octubre de 2025, el gobierno de Estados Unidos impuso sanciones personales contra Petro, congelando activos en EE. UU. del presidente, de su esposa, su hijo y de su ministro del Interior, Armando Benedetti, acusando al gobierno colombiano de no combatir el narcotráfico, informó NPR.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Petro había permitido el florecimiento de los carteles de la droga y se había negado a frenar actividades ilícitas. Estas sanciones fueron más que una fricción diplomática rutinaria: constituyeron un desafío fundamental a la soberanía colombiana y a la legitimidad presidencial.
Petro eligió cuidadosamente el momento. Cuatro días antes de firmar el contrato de Gripen, suspendió toda cooperación de inteligencia con Washington, cortando lazos de seguridad que habían perdurado durante décadas, publicó Al Jazeera en 2024.
La suspensión de inteligencia ocurrió después de que al menos setenta y cinco personas murieran en ataques militares estadounidenses contra embarcaciones en aguas internacionales desde agosto de 2025.
Sin embargo, el día anterior a la firma del contrato, el 13 de noviembre, el ministro del Interior Benedetti declaró a la prensa que el presidente Petro nunca había ordenado la suspensión del intercambio de inteligencia con las agencias estadounidenses, como informó Colombia Reports.
La proximidad entre el corte y la reanudación de la cooperación de inteligencia y la ejecución del contrato sugiere una coordinación deliberada para maximizar el impacto diplomático, más que una coincidencia temporal.
Más allá del momento sospechoso, los términos financieros exigen explicación.
Cada Gripen le cuesta a Colombia USD 250 millones, más del doble de los USD 110–120 millones citados inicialmente, según Zona Militar. La oferta del F-16 de Lockheed Martin se situaba en USD 170 millones por unidad. Colombia decidió pagar una prima de USD 1360 millones por los cazas suecos frente a las alternativas estadounidenses.
Los defensores argumentan que el mayor costo refleja paquetes integrales que incluyen contratos de mantenimiento, disposiciones de transferencia tecnológica, acuerdos de compensación industrial y sistemas de armas, y no simples compras de fuselajes, según Raj.
Petro defendió el incremento del costo alegando que los críticos pasaban por alto que el paquete incluía acuerdos de compensación, mantenimiento, repuestos y transferencia tecnológica, según la fuente Zona Militar. Sin embargo, una prima del 47 % frente a la alternativa del F-16 (USD 1360 millones adicionales) sugiere motivaciones que van más allá de los requisitos operacionales.
Colombia pagó USD 1360 millones adicionales por una independencia que no puede alcanzar plenamente. Cada Gripen requiere motores General Electric F414G de fabricación estadounidense, sujetos a las Regulaciones Internacionales de Tráfico de Armas (ITAR) de EE. UU., según Dubois.
Estados Unidos puede inmovilizar la flota colombiana reteniendo las exportaciones de motores. Colombia compró autonomía estratégica a precios elevados mientras permanece sujeta a los controles de exportación estadounidenses.
La dependencia de los motores implica que las autoridades de control de exportaciones de EE. UU. conservan un posible poder de veto sobre las operaciones de los Gripen, incluso después de la ejecución del contrato.
La búsqueda de independencia estratégica mediante la compra de aeronaves suecas se enfrenta así a la realidad de que subsistemas críticos permanecen bajo jurisdicción regulatoria estadounidense.
La paradoja sugiere que la afirmación política simbólica, más que la independencia operativa sustantiva, puede caracterizar aspectos de la decisión de adquisición. Colombia logra diversificar sus fuentes de compra, pero no puede escapar a la exposición a los controles de exportación estadounidenses sobre tecnología de propulsión.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, habla durante una conferencia de prensa en la que se anunció la adquisición del avión Gripen del gigante sueco de defensa y seguridad SAAB en Bogotá el 3 de abril de 2025.(Foto de ALEJANDRO MARTINEZ/AFP vía Getty Images)Requisitos operacionales e imperativos de seguridad regional
La decisión de compra de Colombia no ocurrió en el vacío. A partir de agosto de 2025, Estados Unidos desplegó una fuerza abrumadora en aguas del Caribe: ocho buques de guerra, un submarino de ataque nuclear y el USS Gerald R. Ford, el portaaviones más avanzado del mundo, junto con su grupo de combate, como informó Army Recognition en 2024.Diez mil tropas, cazas furtivos F-35 y bombarderos estratégicos B-52 acompañaron el despliegue naval. El despliegue incluyó diez mil efectivos, aviones F-35 y plataformas avanzadas de reconocimiento, agregó la misma fuente.
El Center for Strategic and International Studies dijo en 2024 que el Pentágono caracterizó la operación como una misión antinarcóticos dirigida contra redes de tráfico venezolanas. Sin embargo, el uso de un grupo de ataque de portaaviones, bombarderos estratégicos y diez mil tropas para interceptar embarcaciones de drogas resultó desproporcionado para muchos analistas. La estructura de fuerzas sugería preparativos para un cambio de régimen más que simples operaciones de interdicción.
Las fuerzas estadounidenses realizaron veintiún ataques letales contra embarcaciones sospechosas de tráfico hasta mediados de noviembre, causando al menos ochenta y tres muertes en operaciones que Petro calificó como ejecuciones extrajudiciales.
La escalada militar generó cálculos de seguridad inmediatos para Colombia en materia de soberanía del espacio aéreo y capacidades defensivas. Venezuela mantiene una formidable flota de cazas Sukhoi Su-30 de fabricación rusa, que otorgan a Caracas una significativa superioridad aérea regional.
La combinación de operaciones militares estadounidenses agresivas en aguas adyacentes al territorio colombiano y las capacidades aéreas avanzadas de Venezuela crea imperativos operacionales genuinos para modernizar la arquitectura de defensa aérea de Colombia.
Evaluaciones de inteligencia reportadas por HOZINT en 2024, indican que el entorno de seguridad del Caribe representa la postura regional más militarizada en décadas. Colombia enfrenta escenarios en los que mantener una defensa aérea creíble se vuelve esencial para la protección de la soberanía, independientemente de las relaciones políticas con Washington.
Si bien las amenazas externas crearon imperativos operacionales, Petro enfrentó un dilema familiar para los líderes de izquierda: cómo justificar el gasto militar ante sus simpatizantes progresistas.
Organizaciones de la sociedad civil colombiana criticaron la adquisición multimillonaria de cazas mientras exigían mayores inversiones en educación y salud, informó Colombia One en 2025.
Agregó que al mismo tiempo, críticos de derecha cuestionaron el compromiso de Petro con la defensa nacional. El presidente afrontó riesgos políticos desde ambos flancos.
El debate interno muestra que Petro asumió costos políticos por una modernización militar costosa, independientemente de las tensiones bilaterales con Estados Unidos.
La base política de izquierda del presidente históricamente se ha opuesto a grandes presupuestos de defensa, lo que hizo que la adquisición de los Gripen fuera políticamente costosa en el ámbito doméstico.
La disposición a asumir estos costos sugiere que los requisitos operacionales tuvieron un peso real en los cálculos de decisión, más allá de motivaciones políticas puramente cínicas.
Los costos políticos internos que asumió Petro se vieron parcialmente compensados por beneficios diplomáticos. Suecia y Colombia presentaron el acuerdo como una asociación estratégica que va más allá de la venta de armas, incluyendo transferencia tecnológica, cooperación en ciberseguridad y desarrollo industrial, según publicó en 2025 Government Offices of Sweden.
Para Bogotá, una asociación con una potencia europea neutral ofrecía beneficios que no estaban disponibles ni mediante la alineación con Estados Unidos ni mediante relaciones alternativas con grandes potencias.
Los factores políticos y operacionales evidentes en la decisión final no surgieron de forma repentina.
Ocho meses antes de la firma del contrato, el analista de defensa François Wolf predijo exactamente este desenlace. En marzo de 2025, Wolf anticipó que los controles ITAR sobre la exportación de motores crearían vulnerabilidades que socavarían las afirmaciones de independencia de Colombia. Y previó que la presión estadounidense y los requisitos operacionales se entrelazarían, en lugar de funcionar como explicaciones rivales.
La precisión de esta predicción demuestra que observadores informados comprendieron con meses de antelación que la modernización operativa y las tensiones políticas interactuarían, en lugar de operar como variables independientes.
La exactitud del pronóstico valida enfoques que tratan la adquisición como un proceso que aborda simultáneamente brechas de capacidad y afirmaciones de autonomía, en lugar de reflejar una lógica puramente política o puramente operacional.
El Saab JAS 39 Gripen Demo, la versión mejorada del caza a reacción de fabricación sueca, se exhibe durante el Día de la Fuerza Aérea en Linköping, el 13 de junio de 2010. Los espectáculos aéreos celebraron el primer centenario de la aviación en Suecia. (JOHAN NILSSON/AFP vía Getty Images)Instrumentalización política de una necesidad operacional
La evidencia conduce a una conclusión más sofisticada que el simple enfoque de “o lo uno o lo otro”. Colombia persiguió una modernización operativamente necesaria que Petro instrumentalizó deliberadamente con fines políticos.El anuncio de abril precedió a la crisis de sanciones de octubre, lo que demuestra que existían requisitos de capacidad genuinos con independencia de esa coyuntura. Sin embargo, Petro sincronizó la ejecución del contrato de noviembre con la suspensión de la cooperación de inteligencia, transformando una compra rutinaria en una confrontación diplomática.
La prima de costo del 47 % frente a las alternativas del F-16 no puede explicarse solo por requisitos operacionales, lo que indica una disposición a pagar costos financieros sustanciales por una asociación europea.
Al mismo tiempo, la dependencia de ITAR para los motores estadounidenses revela los límites de la independencia estratégica real, lo que sugiere una política simbólica más que una autonomía completa.
La dinámica de seguridad regional, incluidos los despliegues masivos de EE. UU. en el Caribe y las capacidades Su-30 de Venezuela generan imperativos operacionales reales para la modernización de la defensa aérea, independientemente de las tensiones Trump–Petro.
El Reglamento Internacional sobre el Tráfico de Armas (ITAR, por sus siglas en inglés), codificado en el Título 22 del Código de Regulaciones Federales (CFR), partes 120–130, regula la producción, exportación e importación temporal de artículos de defensa, la prestación de servicios de defensa y las actividades de intermediación relacionadas con los artículos incluidos en la Lista de Municiones de los Estados Unidos (USML), conforme a la sección 121.1, según documento del Departamento de Estado, ITAR y Controles de Exportación.
Vista de un prototipo de avión de combate Gripen durante la Expodefensa en Bogotá, el 5 de diciembre de 2023. (Foto: JUAN BARRETO/AFP vía Getty Images)Colombia persiguió una modernización operativamente necesaria mientras cronometraba, estructuraba y enmarcaba deliberadamente la adquisición para maximizar las afirmaciones de independencia política. El reemplazo de los Kfir constituía un requisito de capacidad genuino que habría exigido atención independientemente de las tensiones bilaterales.
Petro transformó una modernización militar rutinaria en una señal diplomática de alto perfil al aceptar primas de costo por alternativas europeas, coordinar la ejecución del contrato con la suspensión de inteligencia y enfatizar la soberanía en sus justificaciones públicas.
El caso demuestra cómo las potencias medianas, ante la presión de grandes potencias, atienden necesidades de seguridad legítimas mientras afirman simultáneamente su autonomía a través de decisiones de adquisición. La compra ejemplifica cómo los Estados intermedios pueden atender requisitos de seguridad reales mientras diversifican asociaciones.
La adquisición del Gripen por Colombia muestra que la modernización de la defensa en regiones disputadas suele servir a múltiples propósitos simultáneos, con la efectividad operacional y el simbolismo político operando como racionales complementarios, más que como explicaciones excluyentes de inversiones militares costosas.
A medida que la competencia entre grandes potencias se intensifica y las relaciones entre Estados Unidos y América Latina enfrentan nuevas tensiones, la estrategia de adquisición de doble propósito de Colombia ofrece un modelo para otras potencias medianas que buscan capacidades operacionales mientras afirman su independencia estratégica, incluso cuando esa independencia sigue limitada por dependencias tecnológicas y realidades económicas.
La adquisición colombiana de diecisiete Saab Gripen E/F por USD 4400 millones representa un caso paradigmático de cómo las potencias medianas navegan la competencia entre grandes potencias mientras atienden requisitos de seguridad genuinos.
La compra desafía caracterizaciones simplistas como una mera necesidad operacional o como puro teatro político y revela, en cambio, la compleja interacción entre modernización de capacidades y afirmación estratégica en una era de tensiones geopolíticas crecientes.
La evidencia demuestra que el presidente Petro instrumentalizó deliberadamente una modernización operativamente necesaria para maximizar el impacto diplomático. La envejecida flota de Kfir requería un reemplazo genuino, una necesidad anterior a la crisis de sanciones de octubre de 2025.
Sin embargo, la decisión de coordinar la ejecución del contrato con la suspensión de inteligencia, aceptar una prima de costo del 47 % frente a alternativas estadounidenses y enmarcar la compra en términos de soberanía transformó una modernización rutinaria en una confrontación diplomática de alto perfil. La prima de USD 1.360 millones sobre el F-16 no puede explicarse únicamente por requisitos operacionales, lo que indica una disposición a absorber costos financieros sustanciales por una independencia simbólica.
No obstante, la búsqueda de autonomía estratégica de Colombia se enfrenta a duras realidades tecnológicas que refuerzan paradójicamente la influencia estadounidense.
Cada Gripen depende de motores General Electric F414G de fabricación estadounidense, sujetos a ITAR. Washington conserva un potencial poder de veto sobre la flota colombiana mediante controles de exportación sobre sistemas de propulsión críticos.
Esta dependencia de los motores representa una participación significativa de EE. UU. en la postura de defensa supuestamente independiente de Colombia: Petro compró diversificación a precios elevados mientras permanecía expuesto a la jurisdicción regulatoria estadounidense sobre subsistemas esenciales.
Estados Unidos mantiene influencia tanto a través del control tecnológico como del marco de seguridad más amplio: décadas de cooperación en inteligencia, esquemas antinarcóticos y relaciones industriales de defensa no pueden romperse fácilmente.
Incluso tras la suspensión de inteligencia y la firma del contrato, persisten interdependencias de seguridad fundamentales, otorgando a Washington una influencia duradera sobre las capacidades de defensa colombianas, independientemente de las fuentes de adquisición.
Aviones de combate Saab JAS 39 Gripen (Griffin) despegando durante el ejercicio Loyal Arrow de la OTAN en las afueras de Lulea, en el norte de Suecia, el 10 de junio de 2009. Unos 50 aviones de una docena de países participan en el ejercicio, denominado Loyal Arrow, que se extiende hasta el 16 de junio. (PATRICK TRAGARDH/AFP vía Getty Images)La dinámica de seguridad regional proporciona un contexto crucial.
El despliegue militar estadounidense sin precedentes en aguas del Caribe, incluidos grupos de ataque de portaaviones, bombarderos estratégicos y diez mil tropas, combinado con las capacidades de superioridad aérea de los Su-30 venezolanos de fabricación rusa, crea imperativos operacionales legítimos para la modernización de la defensa aérea colombiana. El entorno de seguridad regional más militarizado en décadas exige capacidades defensivas creíbles, al margen de consideraciones políticas.
La adquisición de los Gripen ilustra cómo las potencias medianas equilibran la efectividad operacional con el simbolismo político mientras navegan dependencias inevitables de grandes potencias.
Colombia demuestra que la adquisición de defensa cumple múltiples propósitos simultáneos, con los requisitos de capacidad y las afirmaciones de autonomía funcionando como racionales complementarios; sin embargo, las realidades tecnológicas aseguran que la influencia estadounidense en la seguridad colombiana persista, independientemente del distanciamiento político simbólico.
Un miembro de la Policía Nacional toma una fotografía con un colega dentro de un prototipo de avión de combate Gripen durante la Expodefensa en Bogotá, el 5 de diciembre de 2023. (Foto de JUAN BARRETO/AFP vía Getty Images)Evaluación de confianza
El Miami Strategic Intelligence Institute (MSI) evalúa con confianza moderada que la adquisición de los Gripen por Colombia refleja tanto una necesidad operacional genuina como una afirmación política deliberada en medio del deterioro de las relaciones entre Estados Unidos y Colombia.Este nivel de confianza se deriva de informes fiables de fuentes abiertas procedentes de una diversidad de medios nacionales e internacionales, incluidos medios de defensa colombianos (Zona Militar), análisis de defensa europeos (Aviacionline, Meta-Defense), think tanks estadounidenses (CSIS) y la prensa internacional (Al Jazeera, NPR).
La evaluación carece de documentación primaria esencial que permitiría juicios de alta confianza. El MSI no pudo acceder a documentos de requisitos operacionales del Ministerio de Defensa colombiano, evaluaciones técnicas de plataformas de la Fuerza Aérea ni debates presupuestarios en el Congreso que revelaran si la prima de costo fue objeto de escrutinio legislativo interno.
La ausencia de respuestas oficiales del Departamento de Estado y del Pentágono impide una evaluación definitiva de la interpretación de Washington: si consideró la compra una modernización legítima, una provocación inaceptable o una diversificación aceptable dentro de la alianza.
Sin documentos gubernamentales primarios, el MSI se basa en caracterizaciones mediáticas de las posiciones oficiales en lugar de un examen directo de las justificaciones de los actores involucrados.
El nivel de confianza moderado refleja un análisis riguroso de fuentes secundarias creíbles, al tiempo que reconoce que las lagunas probatorias impiden una mayor certeza sobre el peso relativo de las motivaciones políticas frente a las operacionales en la decisión de adquisición de Colombia.
AVISO LEGAL DEL GOBIERNO DE EE. UU.: Las opiniones expresadas por Jaime González, actual contratista del gobierno de EE. UU., son exclusivamente suyas y no reflejan necesariamente las opiniones de la Inteligencia de Defensa, la Seguridad Nacional de Defensa, la Oficina del Director de la Agencia Gubernamental de Inteligencia Nacional ni del Gobierno de los Estados Unidos.
Este artículo fue publicado originalmente en el Miami Strategic Intelligence Institute (MSI), un grupo de expertos conservador y no partidista que se especializa en investigación de políticas, inteligencia estratégica y consultoría. Las opiniones son del autor y no reflejan necesariamente la posición del Instituto.
Más información del Miami Strategic Intelligence Institute en www.miastrategicintel.com
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de The Epoch Times
