La administración Trump presentó una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema a última hora del 7 de agosto, pidiéndole a la corte que suspendiera una orden de un tribunal inferior que restringía los controles de inmigración en el sur de California.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) inició sus operaciones en el área de Los Ángeles el 6 de junio. Las autoridades locales y estatales han criticado fuertemente la medida, alegando que el Gobierno federal está sobrepasando su autoridad legal. Varios grupos de defensa de los inmigrantes ilegales han demandado a la administración Trump por el programa de control.
También se han producido numerosas manifestaciones contra las operaciones del ICE en Los Ángeles, así como disturbios.
La solicitud se presentó después de que la Corte de Apelación del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazara el 1 de agosto levantar una orden de un tribunal federal de distrito. La jueza federal Maame Frimpong dictó el 11 de julio una orden de restricción temporal que limita los factores que pueden utilizar los agentes del orden para realizar controles y detenciones.
La nueva solicitud a la Corte Suprema fue dirigida a la jueza Elena Kagan, que supervisa las apelaciones de emergencia de California. El caso se conoce como Perdomo vs Noem.
El fiscal general de los Estados Unidos, D. John Sauer, afirmó en la solicitud que el caso se refiere a “una orden judicial de un tribunal de distrito que amenaza con trastocar la capacidad de los funcionarios de inmigración para hacer cumplir las leyes de inmigración en el Distrito Central de California”.
En su orden, Frimpong dijo que los demandantes alegaban que las operaciones de control de la inmigración tienen múltiples características que son inconstitucionales.
Entre ellas se incluyen las “patrullas itinerantes”, que “detienen indiscriminadamente a numerosas personas sin sospecha razonable y, una vez detenidas, les niegan el acceso a abogados que podrían ayudarles a transitar por el proceso legal en el que se encuentran”, escribió en su orden.
Las patrullas itinerantes que carecen de sospechas razonables violan la Cuarta Enmienda, y no permitir que las personas detenidas tengan acceso a abogados viola la Quinta Enmienda, escribió la jueza.
Aldgra Fredly contribuyó a este artículo.
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