El presidente Donald Trump firmó el miércoles por la noche una nueva orden ejecutiva que ordena a las agencias restringir la contratación en todo el gobierno federal, con algunas excepciones relacionadas con la aplicación de la ley de inmigración, la seguridad nacional y pública, y los nombramientos políticos.
En la orden publicada por la Casa Blanca, también se exigirá a las agencias que formen comités estratégicos de contratación que incluyan a algunos de los nombramientos de su administración para garantizar que se cumplan las prioridades de la administración Trump. La orden se emitió cuando la directiva de congelación de contrataciones que Trump había firmado el 20 de enero estaba a punto de expirar y mientras continúa el cierre del Gobierno, que ya entra en su tercera semana.
Los comités de contratación "estarán integrados por el subdirector de la agencia y el jefe de gabinete del director de la agencia, junto con otros altos funcionarios que el director de la agencia pueda designar", y se asegurarán de que la agencia proporcione "una notificación por escrito de las contrataciones aprobadas" a la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB), según el texto de un memorándum que firmó.
La orden del miércoles también indica que la mayoría de las nuevas contrataciones quedarán en suspenso. Desde el inicio de la administración Trump, se han eliminado más de 201,000 puestos de trabajo en el gobierno, según los datos de Partnership for Public Service.
"No se podrá cubrir ningún puesto civil federal que esté vacante, ni se podrá crear ningún puesto nuevo, salvo lo dispuesto en la presente orden o lo exigido por la legislación aplicable", reza la directiva.
En una hoja informativa publicada aproximadamente al mismo tiempo, la Casa Blanca afirmó que las prácticas de contratación garantizarán que los fondos públicos se gasten de manera eficiente y "mejorarán los servicios prestados a los estadounidenses".
Según la hoja informativa, la orden también "garantiza que no se produzcan efectos adversos en la Seguridad Social, Medicare o las prestaciones para veteranos, y permite al director de la Oficina de Gestión de Personal conceder las excepciones oportunas según sea necesario".
Desde que asumió el cargo por segunda vez, Trump ha dado prioridad a la reducción del tamaño del gobierno federal, que, según él, está plagado de fraudes, despilfarros y abusos. Durante el actual cierre, el presidente y el director de la OMB, Russell Vought, han afirmado que iniciarían despidos, ya que Trump declaró a principios de esta semana que el cierre es una "oportunidad sin precedentes" para recortar "los programas demócratas que no son populares entre los republicanos".
El miércoles, un juez federal con sede en San Francisco impidió que la administración iniciara nuevos despidos durante el cierre, prohibiendo a los funcionarios enviar notificaciones de reducción de plantilla a los empleados.
La semana pasada, el Departamento de Justicia confirmó que se enviaron más de 4100 notificaciones a los empleados, mientras que Vought declaró el miércoles en un podcast que tiene previsto despedir al menos a 10,000.
"Gran parte de la información se ha basado en una especie de instantáneas judiciales", dijo Vought el miércoles en el programa "Charlie Kirk Show".
"Creo que la cifra será mucho mayor", añadió. "Probablemente acabaremos superando los 10,000".
Los demócratas han exigido, como condición para reabrir el gobierno, la derogación de determinadas disposiciones de la La Gran y Hermosa Ley y la Ley de Reducción de Impuestos para Familias Trabajadoras, promulgadas en julio. Los republicanos afirman que estas disposiciones garantizan que las subvenciones de Medicaid, Medicare y la Ley de Asistencia Asequible se reserven para los ciudadanos y residentes legales, y que los cambios propuestos a las mismas deben debatirse por separado.
Con información de Reuters.
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