La senadora Kirsten Gillibrand (D-N.Y.) está presionando a la administración Trump para que revierta una orden ejecutiva que convierte el inglés en el idioma oficial de Estados Unidos, alegando que podría privar a millones de personas de recursos federales esenciales.
En una carta dirigida a la fiscal general Pamela Bondi la semana pasada, Gillibrand afirmó que la Orden ejecutiva n.º 14224 y el memorándum de aplicación del Departamento de Justicia “dificultarán considerablemente” el acceso a la información, las prestaciones y la orientación en casos de emergencia a los estadounidenses con un dominio limitado del inglés.
Firmada por el presidente Donald Trump el 1 de marzo, la orden revocó una directiva del año 2000 del entonces presidente Bill Clinton que exigía a las agencias federales y a los programas financiados con fondos federales ampliar el acceso de las personas con un dominio limitado del inglés mediante materiales y servicios multilingües. Declaraba el inglés como único idioma oficial del país, alegando que un único idioma nacional promovería la unidad, agilizaría la comunicación y mejoraría la eficiencia en las operaciones gubernamentales.
El memorando del Departamento de Justicia del 14 de julio afirmaba que ni el título VI de la Ley de Derechos Civiles ni la cláusula de igualdad de protección de la Constitución tratan el idioma como una característica inmutable como la raza o el origen nacional, lo que significa que los servicios multilingües no son legalmente obligatorios en la mayoría de los casos.
Instruye a las agencias para que hagan un inventario y eliminen gradualmente los servicios multilingües “innecesarios”, suspendan temporalmente LEP.gov —el principal sitio web público del gobierno federal para recursos de acceso lingüístico— y consideren la posibilidad de operar únicamente en inglés cuando sea legalmente posible. El departamento también recomienda redirigir los ahorros de los servicios de traducción a programas de educación y asimilación del idioma inglés.
En una declaración realizada ese mismo día, el Departamento de Justicia afirmó que lideraría un “esfuerzo coordinado” entre las agencias federales para implementar la orden, describiéndola como un “paso fundamental hacia la unificación de nuestra nación a través de un idioma común” y comprometiéndose a “eliminar las derrochadoras políticas de señalización de virtudes en todas las agencias gubernamentales para promover la asimilación por encima de la división”.
Bondi y el fiscal general adjunto Harmeet Dhillon afirmaron que la política da prioridad al dominio del inglés frente a los servicios multilingües y deja margen para la diversidad lingüística en la vida privada y comunitaria.
El Departamento de Justicia esbozó un calendario para consultar con las agencias durante 60 días, publicar un borrador de directrices en un plazo de 120 días y finalizar las nuevas normas en un plazo de 180 días, explicando cuándo seguirá siendo necesaria la asistencia multilingüe.
Gillibrand señaló que Nueva York es el hogar de unos 19 millones de personas que hablan más de 800 idiomas. Según datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2022, 5.8 millones de neoyorquinos hablan en casa un idioma distinto del inglés, afirmó.
Citó ejemplos en los que las agencias federales han prestado asistencia multilingüe, como los servicios de interpretación de la Administración de la Seguridad Social, la traducción de las directrices de ayuda para la pandemia de la Administración de Pequeñas Empresas y las alertas de emergencia multilingües emitidas por la FCC.
En su carta, fechada el 6 de agosto, criticaba la eliminación de LEP.gov y las directrices del Departamento de Justicia para que las agencias revisaran los materiales multilingües con vistas a su reducción o eliminación. Advirtió que la información sobre derechos laborales, vivienda, preparación para emergencias y otros programas vitales podría dejar de ser accesible para millones de personas en Estados Unidos.
Gillibrand solicitó al Departamento de Justicia que le responda por escrito antes del 22 de agosto sobre cómo determinará qué recursos multilingües se eliminarán, cómo se comunicarán las agencias con las personas que no hablan inglés y cómo se mantendrá el acceso a las prestaciones sin servicios de traducción.
El Departamento de Justicia dijo que no tenía más comentarios que los incluidos en su memorándum y declaración del 14 de julio. La Casa Blanca no respondió a la solicitud de comentarios de Epoch Times sobre la carta de Gillibrand antes de esta publicación.
Michael Clements contribuyó a este artículo.
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