La legislación de California que concede a personas ajenas a la familia permiso para recoger a los niños del colegio y tomar decisiones por ellos cuando los padres están detenidos o deportados se someterá a votación definitiva esta semana.
El proyecto de ley 495 de la Asamblea, la Ley del Plan de Preparación Familiar 2025, permitiría el acceso a un niño no solo a un familiar, sino también a "miembros de la familia extensa no emparentados" que establecieron vínculos familiares o de mentoría con el niño, siempre que rellenen una "declaración jurada de autorización del cuidador".
El proyecto de ley también permite a los cuidadores tomar decisiones médicas por el niño sin tener que ponerse en contacto con los padres.
Los profesores, profesionales médicos, clero y amigos de la familia podrían firmar la declaración jurada necesaria, que no requiere la firma de los padres ni la autorización de una corte. Tampoco requiere certificación notarial.
El miembro no familiar también puede marcar una casilla en la declaración jurada en la que declara que no pudo ponerse en contacto con los padres del niño, u otras personas que tengan la custodia legal del menor, para notificarles su intención de recoger al niño.
La asambleísta Celeste Rodríguez, demócrata San Fernando, dijo que su proyecto de ley tiene como objetivo mantener unidas a las familias, especialmente a las afectadas por las recientes deportaciones de inmigrantes ilegales.
"Refuerza la capacidad de los padres para tomar decisiones por sus hijos, les permite prepararse para lo impensable y garantiza que los niños sean cuidados por personas que conocen y quieren", dijo Rodríguez en una declaración el 25 de agosto.
El proyecto de ley se basa en una ley existente que permite a los padres designar temporalmente a un cuidador de confianza. Rodríguez dijo que el AB 495 moderniza la ley para incluir la consideración de los inmigrantes ilegales.
La legislación fue aprobada por la Asamblea el 3 de junio, pero provocó una fuerte oposición entre los defensores de los derechos de los padres del estado, incluidos miles de manifestantes que se manifestaron en Sacramento el mes pasado.
El proyecto de ley fue suspendido en la comisión de asignaciones del Senado el 18 de agosto, pero se reactivó el 29 de agosto después de que los autores añadieran algunos cambios. En particular, el autor eliminó el requisito que obligaba a los cuidadores a certificar las declaraciones juradas ante notario.
El comité aprobó el proyecto de ley el 29 de agosto y ahora se dirige al pleno del Senado para su votación.

La Alianza por los Derechos de los Niños, un grupo de defensa sin ánimo de lucro que copatrocinó la legislación, afirmó que el proyecto de ley ayudaría a eliminar barreras y proporcionaría servicios legales gratuitos a los cuidadores que solicitan la tutela legal. "El AB495 promueve el objetivo y la necesidad de apoyar a los niños y las familias en sus comunidades", afirmó la presidenta del grupo, Jennifer Braun, en un comunicado.
Según Braun, el proyecto de ley proporciona ayuda y apoyo en momentos de crisis.
Según el Instituto de Política Migratoria, hay 133,000 niños de entre 3 y 17 años matriculados en escuelas públicas de California que son inmigrantes ilegales. The Education Trust-West informó de que se estima que 750,000 estudiantes de primaria y secundaria del estado tienen un progenitor inmigrante que vive ilegalmente en Estados Unidos.
Preocupación por los secuestros
Los detractores del proyecto de ley, entre los que se encuentran los defensores de los derechos de los padres, afirman que la legislación socava los derechos de los padres y facilitaría el secuestro de niños.El senador Tony Strickland, republicano de Huntington Beach, es uno de los muchos en el estado que se pronunciaron en contra del proyecto de ley, que, según él, supondría una extralimitación del gobierno.
"El proyecto de ley AB 495 debilita los derechos de los padres al permitir que personas que no son familiares tomen decisiones críticas para los niños, lo que debilita el vínculo sagrado entre los padres y sus hijos", declaró Strickland a The Epoch Times en un correo electrónico el 3 de septiembre. "Son los padres, y no los políticos de Sacramento, quienes deben decidir quién cuida de sus hijos".

Greg Burt, vicepresidente del Consejo Familiar de California, dijo que el proyecto de ley era un ataque directo a los derechos de los padres a dirigir la educación y el cuidado de sus hijos.
"Desde julio, madres y padres de todo el estado se manifestaron, testificaron y suplicaron a los legisladores que modifiquen este proyecto de ley para que respete y proteja la autoridad parental", dijo Burt en un comunicado. "En cambio, la autora del proyecto de ley ignoró esas súplicas y, cuando el AB 495 llegó al Comité de Asignaciones del Senado, empeoró aún más la legislación".
Los cambios introducidos en el proyecto de ley garantizan que los padres queden aún más excluidos de las decisiones médicas y educativas de sus hijos, añadió Burt.
La Asociación de Defensa Legal de la Educación en el Hogar afirmó que los legisladores están ignorando las preocupaciones que se plantearon.
En un comunicado, señaló que el proyecto de ley "deja sin definir el término "imposible contactar", lo que significa que incluso un breve retraso podría privar a los padres de la autoridad para tomar decisiones en lo que respecta a la educación y la atención médica de sus hijos". Además, "no exige ninguna prueba de que los padres confiaron el niño al cuidador", afirmó el grupo.
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