Una nueva encuesta realizada a 47,489 lectores del Epoch Times muestra un apoyo abrumador a la respuesta de la administración Trump ante los disturbios en Los Ángeles provocados por la intensificación de la aplicación de las leyes migratorias.
Los encuestados respaldaron un enfoque firme en favor de la ley y el orden, que incluye las redadas federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el despliegue de tropas y el procesamiento de manifestantes violentos.
Tras ganar las elecciones presidenciales, en parte gracias a su promesa de combatir la inmigración ilegal, el presidente Donald Trump ordenó al ICE y a otras agencias que intensificaran las detenciones y deportaciones de personas que residen ilegalmente en Estados Unidos. Aunque esta medida fue elogiada por quienes están a favor de una política migratoria dura, también fue criticada por grupos progresistas, quienes la calificaron de violación del debido proceso y fuente de temor en las comunidades de inmigrantes.
Las protestas estallaron en Los Ángeles, una ciudad que se autodenomina "santuario", después de que el ICE arrestara a más de 100 inmigrantes ilegales a principios de junio. Las manifestaciones se convirtieron rápidamente en disturbios con saqueos, incendios provocados y ataques a agentes. En respuesta, Trump desplegó miles de efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines estadounidenses, y advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección si la violencia continuaba.
"Si no nos hubiéramos involucrado, ahora mismo Los Ángeles estaría en llamas", dijo Trump en la Casa Blanca. "No estamos jugando".
El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó una demanda para bloquear los despliegues, calificando las redadas federales de "caóticas" y acusando a Trump de "aterrorizar a las comunidades". El Departamento de Justicia respondió calificando la demanda de "maniobra política burda" que pone en peligro la seguridad pública.
A medida que los disturbios se extendían a otras ciudades, The Epoch Times le pidió a sus lectores su opinión sobre las redadas del ICE, la respuesta militar federal y si los manifestantes violentos deberían enfrentar cargos.
En respuestas abiertas, muchos lectores culparon de la violencia a agitadores externos, entre ellos radicales ideológicos, intereses extranjeros y grupos marxistas o pro Partido Comunista Chino (PCCh).
Caos, represión y riesgo para la comunidad
Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas en respuesta a las redadas del ICE pronto se convirtió en disturbios, con automóviles incendiados, tiendas saqueadas y violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden.A medida que la tensión se intensificaba y se convertía en batallas callejeras, los alborotadores lanzaron trozos de hormigón a la policía, que respondió con gas lacrimógeno y otras fuerzas no letales.
La policía de Los Ángeles (LAPD) ha realizado cerca de 470 arrestos, la mayoría por su rechazo a dispersarse, y algunos por agresión o posesión de armas. Nueve agentes resultaron heridos, ninguno de gravedad.
Dos alborotadores, entre ellos un inmigrante ilegal, fueron acusados de posesión de cócteles Molotov, un delito federal que conlleva hasta 10 años de prisión.
"No desistiremos en la tarea de impartir justicia rápida a los criminales que se aprovechan de las libertades de nuestro país para cometer actos ilegales", dijo el fiscal federal Bill Essayli.
El apoyo de los lectores a la persecución de los manifestantes violentos fue casi unánime en la encuesta de The Epoch Times, con un 96 por ciento a favor de que se presentaran cargos penales por los actos violentos y solo un 4 por ciento en contra o indeciso, lo que refleja el firme respaldo de los lectores a la ley y el orden.
Las protestas se originaron a raíz de una serie de acciones selectivas de ICE, que los funcionarios de Seguridad Nacional describieron como parte de una estrategia federal más amplia para hacer cumplir las leyes de inmigración y deportar a los inmigrantes ilegales, comenzando por aquellos con los antecedentes penales más graves.
Las autoridades de Los Ángeles reaccionaron de forma crítica. La alcaldesa Karen Bass condenó las redadas a las pocas horas, afirmando que estas tácticas "siembran el terror en nuestras comunidades y perturban los principios básicos de seguridad en nuestra ciudad".
La noticia de los arrestos se difundió rápidamente y, al caer la noche, los manifestantes se habían reunido frente al Centro de Detención Metropolitano, donde algunos detenidos eran procesados. Los manifestantes corearon consignas contra el ICE y exigieron la liberación inmediata de los detenidos, lo que sentó las bases para los disturbios más generalizados que se producirían en los días siguientes, incluyendo su propagación a otras ciudades.
A pesar de la controversia mediática, los encuestados apoyaron abrumadoramente las acciones del ICE. Cuando se les preguntó si las detenciones eran apropiadas y necesarias, el 85 por ciento estuvo totalmente de acuerdo y el 5 por ciento algo de acuerdo. Solo el 8 por ciento expresó su desacuerdo, y el 2 por ciento se mostró neutral, lo que refleja un sólido respaldo a las medidas de control migratorio, que son parte de la ofensiva más amplia de la administración Trump contra la inmigración ilegal.

El apoyo de los lectores se extendió al manejo de las protestas por parte de las fuerzas del orden. A medida que se intensificaban los enfrentamientos, la policía desplegó material antidisturbios y utilizó tácticas no letales de control de multitudes, como gas lacrimógeno, balas de pimienta y granadas aturdidoras, para dispersar a los manifestantes. Según la encuesta, el 92 por ciento de los encuestados aprueban esas medidas, y el 85 por ciento coincide totalmente en que estaban justificadas. Solo el 6 por ciento se mostró en desacuerdo con alguna de las medidas, lo que sugiere un amplio apoyo a la opinión de que el uso de la fuerza es proporcional y necesario para restablecer el orden ante la escalada de violencia, a pesar de las protestas de algunos sectores.
En respuesta a los disturbios, Trump emitió un memorándum el 7 de junio en el que invocó el Título 10 del Código de los Estados Unidos, Sección 12406 (10 U.S.C. § 12406), una disposición que permite al presidente llamar a la Guardia Nacional en casos de "rebelión contra la autoridad del Gobierno de los Estados Unidos" y en situaciones en las que las fuerzas regulares no pueden hacer cumplir las leyes estadounidenses. Desde entonces, Trump ha solicitado que dos unidades de la Guardia Nacional de California, con un total de 4100 soldados, estén listas para recibir órdenes de asistencia a las fuerzas del orden estatales, además de 700 marines, para proteger los edificios y al personal federal.
Las autoridades de California presentaron una demanda judicial para bloquear los despliegues, y el gobernador acusó a Trump de "intentar provocar el caos enviando 4000 soldados a suelo estadounidense", alegando una extralimitación presidencial y un "paso inequívoco hacia el autoritarismo".
En cuanto al despliegue de la Guardia Nacional por parte de Trump, el 90 por ciento de los lectores lo aprobó, y el 81 por ciento dijo que apoyaba firmemente la medida. El 7 por ciento lo desaprobó y el 3 por ciento estaba indeciso, lo que indica una amplia aceptación de la sistencia militar para restablecer el orden.
Un 91 por ciento igualmente contundente coincidió en que las protestas representaban un grave riesgo para la seguridad de los residentes del centro de la ciudad. Solo el 5 por ciento discrepó, y el 4 por ciento no estaba seguro, lo que refuerza la opinión de que las manifestaciones se han convertido cada vez más en focos de anarquía, con marchas pacíficas que a menudo se transforman en saqueos y violencia.
Fuerza, liderazgo y tensiones subyacentes
Aunque los marines estadounidenses han sido desplegados en el país para atender desastres, es poco común que se utilicen tropas dentro de Estados Unidos para asuntos relacionados con la policía. En medio de las protestas, Trump movilizó a 700 marines desde Camp Pendleton a Los Ángeles para proteger la propiedad y el personal federal. Aunque están entrenados en el control de multitudes, los marines carecen de autoridad para arrestar y solo pueden retener brevemente a los infractores para que la policía los arreste, según aclararon las autoridades.La decisión de Trump de desplegar a los marines fue respaldada por un abrumador 89 por ciento de los encuestados, lo que sugiere que la gran mayoría de los lectores considera que la medida es una respuesta razonable a los disturbios. El 7 por ciento se opuso y otro 4 por ciento se mantuvo neutral, lo que posiblemente refleja la preocupación por la imagen o el precedente del uso de tropas en servicio activo en un contexto civil.

Además de la Guardia Nacional y los marines estadounidenses, en medio de los disturbios también han sido desplegados en Los Ángeles agentes de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza, y si es necesario hay más agentes de Aduanas y Protección Fronteriza en espera para desplegarse.
Las reacciones en el Capitolio y en otros lugares a la respuesta de la administración ante los disturbios han sido diversas. Newsom calificó el despliegue de recursos militares como "desquiciado", mientras que la representante Nancy Mace (R-C.S.) lo elogió y acusó a Newsom de dejar que California "ardiera hasta las cenizas".
Partidarios, como los senadores John Kennedy (R-La.) y Markwayne Mulin (R-Okla.), argumentaron que las autoridades locales reaccionaron con demasiada indecisión y que Trump "no tenía otra opción". Opositores, como las senadoras Mazie Hirono (D-Hawái) y Elizabeth Warren (D-Mass.) dijeron que el presidente estaba avivando deliberadamente las tensiones y calificaron el despliegue de efectivos militares de "receta para la confrontación".
La exvicepresidenta Kamala Harris, quien se dice está considerando presentarse a las elecciones para la gobernación de California, también intervino y calificó el despliegue de la Guardia Nacional como "una escalada peligrosa destinada a provocar el caos".
Algunas autoridades de California, como Bass y Newsom, calificaron la respuesta federal no solo de ineficaz, sino también de incendiaria e ilegal.
Trump y los miembros de su Administración han mantenido su respuesta, argumentando que ha sido fundamental para evitar que la violencia de las protestas se salga de control.
La aprobación del manejo general de la crisis por parte de la administración Trump fue muy alta entre los lectores. El 88 por ciento afirmó que la administración respondió de forma eficaz, y el 71 por ciento expresó una gran confianza. Solo el 8 por ciento se mostró en desacuerdo, mientras que el 4 por ciento fue neutral, lo que sugiere que el liderazgo federal durante los disturbios se percibe ampliamente como eficaz y receptivo.
Mientras tanto, se ha especulado que los disturbios de Los Ángeles van más allá de las protestas populares que expresan su oposición a la aplicación de las leyes de inmigración y a la deportación de inmigrantes ilegales. Trump ha calificado a algunos de los involucrados en los actos violentos como "insurrectos a sueldo", afirmado que si la violencia se descontrola aún más, podría invocar la Ley de Insurrección y aumentar la respuesta federal.

El FBI ha dicho que está investigando lo que está alimentando los disturbios, en medio de la preocupación de que pueda haber influencia extranjera involucrada, sembrando el caos para dividir a los estadounidenses, con grupos vinculados a causas socialistas o comunistas que se sabe que están aplaudiendo las protestas o respaldándolas de forma material.
Los lectores de The Epoch Times parecían simpatizar con la opinión de que la oposición a las medidas de control de la inmigración no es el único factor que impulsa los disturbios. Solo el 31 por ciento cree que la política de inmigración es la causa principal de las protestas, mientras que un 50 por ciento no está de acuerdo y un 19 por ciento sigue sin estar seguro, lo que apunta a una sospecha más generalizada de que otros problemas sociales o políticos —o la injerencia de fuentes extranjeras o malintencionadas— podrían estar alimentando los disturbios.
Al mismo tiempo, una clara mayoría, el 67 por ciento, rechaza la idea de que el despliegue militar agravó la situación. Solo el 16 por ciento cree que las tensiones han empeorado como resultado, mientras que el 17 por ciento no está seguro, lo que sugiere que la mayoría de los encuestados considera que el despliegue es una medida estabilizadora más que incendiaria.
Redadas, resistencia y rechazo a las políticas santuario
La administración Trump parece decidida en su ofensiva contra la inmigración ilegal, sin dejarse intimidar por las protestas o los desafíos legales.Thom Homan, quien lidera los esfuerzos de deportación de la administración, le dijo a The Telegraph que ante los disturbios el ICE "inundará la zona" con agentes, especialmente en las ciudades santuario. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se hizo eco del mensaje y dijo que los agentes tienen miles de objetivos y no darán marcha atrás a pesar de las amenazas y los ataques en su contra.
La Casa Blanca ha confirmado que las operaciones de control de inmigración continuarán, y más de 300 inmigrantes ilegales arrestados durante los disturbios se enfrentan ahora a la deportación.
Según la encuesta, el 86 por ciento de los lectores se opone a que se suspenda la aplicación de la ley durante las protestas. Solo el 9 por ciento apoya una pausa y el 5 por ciento está indeciso, lo que sugiere que la mayoría considera que los disturbios civiles son una razón para reforzar, y no relajar, la ley y el orden.
Mientras tanto, Newsom y el fiscal general de California, Rob Bonta, presentaron una demanda para bloquear el despliegue de tropas federales y unidades de la Guardia Nacional en Los Ángeles por parte de Trump, argumentando que el presidente se extralimitó en sus funciones. Su demanda alegó la falta de base legal, violaciones de la Ley Posse Comitatus y la falta de consulta al gobernador.

Un juez federal se puso del lado de California el 12 de junio y emitió una orden de restricción temporal. El fallo determinó que la invocación de Trump del Título 10 del U.S.C. § 12406, no cumplía los requisitos legales para declarar la rebelión y que la Guardia debía volver al control del estado. El Departamento de Justicia apeló inmediatamente y el Noveno Circuito dictó rápidamente una suspensión temporal, lo que permitió a la administración Trump mantener el control de la Guardia Nacional de California por el momento.
Los encuestados rechazaron enérgicamente la impugnación legal de California. Solo el 7 por ciento apoya la demanda contra las acciones militares del gobierno federal, mientras que el 91 por ciento se opone y el 2 por ciento sigue indeciso. La inmensa mayoría parece considerar el litigio como una obstrucción a las medidas para el cumplimiento de las leyes federales.
Los líderes políticos de California no obtuvieron mejores resultados en la opinión de los lectores. Un sorprendente 93 por ciento de los encuestados desaprueba la gestión de Newsom por los disturbios, y solo el 6 por ciento expresa algún grado de apoyo, lo que posiblemente refleja la frustración con el enfoque del estado tanto hacia las protestas como hacia la política de inmigración.
La oposición al estatus de santuario de Los Ángeles también fue abrumadora, con un 92 por ciento en contra, solo un 6 por ciento a favor y un 2 por ciento neutral, lo que indica que los lectores rechazan la indulgencia en la aplicación de las leyes de inmigración.
Marxismo, manipulación y el espectro de la subversión extranjera
Miles de respuestas abiertas a la última pregunta de la encuesta, en la que se preguntaba si los grupos marxistas o pro-PCCh habían influido en las protestas de Los Ángeles, revelaron una sospecha generalizada de que los disturbios fueron alimentados por fuerzas externas.
Un tema dominante fue la creencia de que las protestas no fueron espontáneas, sino orquestadas por actores ideológicos, intereses extranjeros y donantes progresistas. Muchos citaron a grupos marxistas o afines con el PCCh, Antifa e incluso con inmigrantes ilegales como actores clave, supuestamente respaldados por dinero oscuro, ONGs y donantes políticos.
Numerosos encuestados describieron a los manifestantes como "agitadores pagados" o "manifestantes profesionales", señalando indicios anecdóticos de coordinación, como los suministros previos de ladrillos y máscaras antigás, anuncios en Craigslist y carteles idénticos.
Muchos consideraron que los disturbios formaban parte de una campaña más amplia para desestabilizar a los Estados Unidos desde adentro, con frecuentes referencias al millonario financiero George Soros, a las protestas anteriores del BLM y a los esfuerzos de influencia vinculados al PCCh. Algunos lo consideraron una forma de guerra "híbrida" o "sin restricciones" en contra de los Estados Unidos.
Incluso entre los que no estaban seguros de la participación extranjera directa, la mayoría coincidía en que los manifestantes pagados estaban fomentando la violencia y la división. Fueron frecuentes los llamamientos para "seguir la pista del dinero", con un amplio apoyo a la investigación y al enjuiciamiento no solo de los alborotadores, sino también de quienes se cree que financian el caos.
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