El presidente de de Colombia, Gustavo Petro, dijo que las Fuerzas Militares dejarán de depender del armamento de los Estados Unidos y que empezará a comprar o fabricar armamento militar para el país.
El presidente de Colombia se pronunció sobre el armamento de Colombia durante el Concejo de ministros del 15 de septiembre.
"Se acaba la dependencia del Ejército de Colombia y sus Fuerzas Militares del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos (...) Al Ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios porque si no, no será un Ejército de la Soberanía nacional, dijo Petro durante el Concejo de Ministros.
La decisión del mandatario hace referencia a la reciente desertificación de Estados Unidos al incluir a Colombia en la lista de los países que no combaten el narcotráfico.
Sin embargo, el ministro del interior de Colombia, Armando Benedetti, durante la sesión de ministros leyó el comunicado enviado por Estados Unidos al gobierno colombiano, donde se aclara que "por motivos de interés nacional [EE. UU.] mantiene recursos de cooperación para las fuerzas militares" de Colombia, y aclaró que se trata de 450 millones de dólares.
Benedetti confirmó posteriormente en un comunicado, que las palabras del presidente Petro se refieren a "que en el futuro Colombia, las Fuerzas Armadas, no le comprarán absolutamente ningún armamento a los Estados Unidos".
La senadora colombiana del partidos conservador Centro Democrático, María Fernanda Cabal, respondió que la decisión del presidente Petro sobre el armamento "es inviable".
"Colombia hace parte de convenios de cooperación y acuerdos estratégicos que no se pueden desconocer con una orden improvisada", escribió Cabal en un posteo del 16 de septiembre, y añadió que "Gran parte de nuestro equipamiento militar, helicópteros Black Hawk, aviones de combate, sistemas de comunicación, repuestos y mantenimiento depende de proveedores estadounidenses. No se reemplaza de un día para otro".
Cabal además resaltó que producir armamento nacional del nivel tecnológico necesario "requiere décadas de investigación, infraestructura industrial y miles de millones de dólares" y que romper las relaciones diplomáticas con Estados Unidos debilita la capacidad de defensa interna y externa del país y "pone en riesgo la cooperación en inteligencia, lucha contra el narcotráfico y el terrorismo".
La líder colombiana de la oposición en el Senado, María Fernanda Cabal, pronuncia un discurso un día después de la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente en Bogotá, el 8 de agosto de 2022. (DANIEL MUNOZ/AFP vía Getty Images)"Mientras usted defiende a dictadores como Nicolás Maduro, ataca a los aliados históricos que han respaldado a Colombia en seguridad y desarrollo", apuntó Cabal.
Desde principios de la década de 1970, Estados Unidos ha dado asistencia a Colombia para ayudar a reducir el tráfico de drogas ilícitas, según un informe de la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de los Estados Unidos (GAO).
En 1999, el gobierno colombiano presentó a Estados Unidos el Plan Colombia, un programa que proponía combatir la producción de drogas ilícitas en un 50 % en un plazo de seis años.
De acuerdo con las cifras de la GAO, de 1996 hasta el año 2000 Colombia recibió de Estados Unidos al menos 765 millones de dólares para combatir la producción de drogas, a través de los programas USAID, DOD, entres otros.
Luego, en los años fiscales 2000-2003, Estados Unidos aportó más de 2500 millones de dólares para apoyar la lucha contra las drogas y proporcionó alrededor de 640 millones de dólares en asistencia para entrenar y equipar una brigada antinarcóticos del Ejército colombiano, además del suministro de 72 helicópteros con entrenamiento, apoyo operativo y mantenimiento.
En 2024, bajo la administración del presidente Joe Biden, Estados Unidos. asignó 377.5 millones de dólares a Colombia para la lucha contra las drogas, según la ley de apropiaciones de EE.UU. para operaciones exteriores (“Foreign Operations”).
En 2025 la administración del presidente Trump solicitó 413.3 millones de dólares de apoyo para Colombia, dirigidos entre otros a los esfuerzos en la lucha antinarcóticos bajo la implementación del acuerdo de paz con las FARC, demás de la integración de migrantes/refugiados venezolanos y programas ambientales.
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