El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que no aprobará la extradición de criminales o narcotraficantes que tengan un proceso avanzado de desmovilización, como difundió un mes después de que el gobierno estadounidense pidiera aumentar las extradiciones.
"Si el proceso es avanzado, no hay extradición. Y avanzado significa seres humanos en sitios donde ya decidan dejar la violencia y las armas, que las armas no son entregarlas, son destruirlas", dijo Petro el 16 de octubre durante una visita a Puerto Asís, un municipio reconocido por la producción de coca, en el Departamento del Putumayo.
El mandatario colombiano señaló que la comisión de Derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) aprobó por unanimidad una resolución que pide que toda política que tenga que ver con las drogas debe subordinarse a los Derechos Humanos.
"La política sobre narcóticos en Colombia hecha por el gobierno colombiano está supeditada la resolución que se aprobó en la comisión de Derechos humanos de Naciones Unidas, porque somos miembros", dijo.
La resolución que cita el mandatario, aprobada por la ONU el 4 de abril de 2023, titulada "Contribución del Consejo de Derechos Humanos con respecto a las implicaciones de las políticas de drogas para los derechos humanos", fue propuesta por 10 países incluidos Brasil, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Portugal y Uruguay.
La resolución dice que las políticas de drogas deben diseñarse y aplicarse en conformidad con los estándares de los derechos humanos, pero no es vinculante, es decir, no impone obligaciones legales directas con fuerza de tratado, sino que es una resolución de políticas del Consejo de Derechos Humanos.
El gobierno colombiano liderado por Gustavo Petro ha instaurado una política pública denominada "Paz Total" que tiene como fin la búsqueda de la paz a través de acuerdos con los grupos armados ilegales, según la página web del Departamento de Planeación de Colombia.
La política ha sido ampliamente criticada por miembros de la oposición, quienes consideran que está perjudicando al país.
"Su paz cocal está destruyendo a Colombia. El país le recordará como el que prefirió diálogo con terroristas que seguridad para los ciudadanos", dijo la senadora colombiana María Fernanda Cabal en un posteo en X el 21 de agosto.

Los comentarios del presidente Petro sobre la extradición se producen un mes después de que el encargado de Negocios de la Embajada de los EE. UU. en Bogotá, John McNamara, pidiera al gobierno colombiano adelantar acciones para superar rápidamente la reciente descertificación de Colombia.
"Pedimos que se restablecezcan con urgencia las extradiciones de narcoterroristas, no solo algunas, todas, eliminando las suspensiones actualmente vigentes, y ya hay varias. Esa es una medida clave para garantizar la seguridad de ambos países y ambos pueblos", dijo McNamara durante la conferencia de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AMCHAM) el 17 de septiembre.
McNamara también pidió reducir de manera urgente y decesiva los cultivos ilícitos de coca e incrementar las incautaciones de drogas ilícitas.
"Porque donde hay coca hay violencia, hay reclutamiento forzado de niños, de sus niños, (hay) corrupción, extorsión y un daño grave al medio ambiente", dijo.
El 15 de septiembre, siguiendo una determinación presidencial, el Departamento de Estado de EE. UU. incluyó a Colombia en una lista de países que no cooperan para combatir las drogas, siendo la primera vez desde 1997 que se incluye al país sudamericano.
“En Colombia, el cultivo de coca y la producción de cocaína han aumentado a récords históricos bajo el presidente Gustavo Petro, y sus intentos fallidos de buscar acuerdos con grupos narcoterroristas solo exacerbaron la crisis”, dice el comunicado presidencial.
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