El presidente de Colombia, Gustavo Petro, expidió este miércoles 11 de junio un decreto presidencial para convocar a consulta popular la reforma laboral que fue rechazada por el Senado.
"He firmado el decreto que convoca a la consulta popular", escribió Petro en un posteo en su cuenta X.
El mandatario colombiano aseguró que el decreto solo se derogará antes de realizarse la consulta popular "si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su opinión sobre la orden constituyente", son aprobados por el Congreso.
La reforma laboral presentada por el Presidente busca establecer contratos indefinidos como norma para el sector público y privado, disminuir la jornada laboral, proteger a los grupos vulnerables, entre otros planteamientos. Empresarios han advertido que la reforma laboral aumentaría los costos laborales, reduciría significativamente los empleos y fomentaría la informalidad.
La reforma laboral fue aprobada por la Cámara de Representantes el 17 de octubre de 2024, pero fue rechazada por primera vez por el Senado el 18 de marzo, y archivada por la comisión VII de Senado.
En respuesta, el presidente Petro presentó una propuesta de consulta popular para que los ciudadanos colombianos pudieran votar a favor o en contra de la reforma.
Sin embargo, el 15 de mayo fue rechazada por el Senado en una votación de 49 a 47.
Tras la sesión, el presidente Petro señaló que hubo fraude en la votación, sin presentar pruebas. "No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude", escribió Petro en la red social X.
Ante la negativa del Senado, el mandatario colombiano anunció en televisión nacional el 3 de junio que emitiría por decreto la consulta popular de la reforma laboral.
«Se necesita la ley. (…) No tengo ningún dominio de la Corte (...) pero les solicito nos acompañen en esta hermosa tarea de reconstruir el Estado Social de Derecho y la igualdad social (…) y nos acompañe en la tesis de ser iguales ante la ley», dijo en su intervención.
El anuncio generó indignación de varios sectores políticos, quienes consideran que la medida excede las competencias presidenciales y podría interpretarse como un «golpe de Estado» institucional.
El Senado se reunió ese miércoles 11 de mayo para votar por una versión 2.0 de la consulta popular de la reforma laboral.
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