Nueve partidos políticos colombianos se están oponiendo a reunirse con el presidente colombiano, Gustavo Petro, para un encuentro con la Comisión de Garantías Electorales, tras el atentado del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.
"Lastimosamente los partidos independientes, los partidos de oposición y todos los que de cierta forma pensamos diferente al gobierno nacional no nos sentimos seguros representados en esa reunión que se convocó", dijo Nadia Blel, senadora y presidente del Partido Conservador, al medio local Caracol.
El Ministerio del Interior, presidido por el ministro Armando Benedeti, había convocado el lunes 9 de junio a una reunión extraordinaria de la Comisión Nacional para coordinar la seguridad de todos los precandidatos a la presidencia a las elecciones presidenciales programadas para 2026.
Apenas dos días antes de la convocatoria ocurrió el atentado contra el precandidato opositor y actual senador, Miguel Uribe.
Antes de la reunión, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en las redes sociales, donde señalaba como culpables del conflicto y de la escalada de violencia que ha habido en el país a los miembros de la Comisión Séptima de Senado, conformada por 14 senadores.
"El actual clima de tensión nace cuando 8 senadores de la comisión VII del senado, decidieron, sin discutir, hundir la reforma laboral aprobada en la Cámara de Representantes", escribió el presidente Petro en su cuenta X el lunes 9 de junio.
En respuesta, los líderes de los partidos Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Liberal Colombiano, Mira, Nacional ASI, Colombia justa y libre, Liga Anticorrupción y el Partido de la U, se negaron a asistir a la reunión y ese mismo día enviaron una carta al procurador general de la nación, Gregorio Eljach, pidiendo garantías electorales frente a la falta de protección de los candidatos líderes políticos, directivas de los partidos políticos y funcionarios del propio gobierno.
"Dado que por parte del gobierno no se están dando garantías para el proceso electoral de 2026, incluyendo la importancia de la seguridad de nuestros candidatos y el presunto acto ilegal y arbitrario de expedir un decreto de una consulta popular, no reconocemos ni asistiremos a la Comisión Nacional para la coordinación y seguimientos y procesos electorales presidida por el señor presidente de la república y ministro del interior", dice el documento.
El martes, los líderes de los nueve partidos y otros cuatro más se reunieron con el procurador general Eljach, para pedirle que intervenga en las negociaciones con el gobierno para asegurar la seguridad de los candidatos presidenciales.
Después de la reunión, la directora del pertido Oxígeno Verde, Ingrid Betacourt, quien estuvo por más de seis años secuestrada por la guerrila colombiana, de 2002 a 2008, dijo que los candidatos necesitan un mejor sistema protección.
“En la UNP [Unidad Nacional de Protección Nacional], desde la llegada de Gustavo Petro, sacaron a todas las personas que estaban en la UNP, los escoltas de formación, y metieron gente desmovilizada, es decir que por ejemplo en el caso mío, a mí me toca muchas veces que los escoltas míos sena exgerrilleros de las FARC”, declaró Betancourt.
Los líderes de los partidos advirtieron que acudirán a instancias internacionales que les permita garantizar la equidad en el proceso preelectoral de las elecciones de 2026.
Proyecto de reforma laboral de Gustavo Petro
La reforma laboral, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Petro, busca establecer contratos indefinidos como norma para el sector público y privado, disminuir la jornada laboral, proteger a los grupos vulnerables, entre otros planteamientos. Empresarios han advertido que la reforma laboral aumentaría los costos laborales, reduciría significativamente los empleos y fomentaría la informalidad.La reforma laboral fue aprobada por la Cámara de Representantes el 17 de octubre de 2024, pero fue rechazada por el Senado por primera vez en marzo de este año. En mayo pasado el presidente Petro propuso la Consulta Popular, en la que los ciudadanos votarían a favor o en contra de la reforma laboral.
Ante la negativa del Senado, el mandatario colombiano anunció en televisión nacional el 3 de junio que emitiría por decreto la consulta popular de la reforma laboral.
El anuncio generó indignación de varios sectores políticos, quienes consideran que la medida excede las competencias presidenciales y podría interpretarse como un "golpe de Estado" institucional.
La tarde de este 11 de junio, el presidente anunció en redes sociales que firmó el decreto que convoca a la consulta popular.
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