Un proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja del Congreso brasileño modificaría las normas de imposición de penas de tal manera que podría reducir drásticamente el tiempo de prisión del expresidente Jair Bolsonaro y varios de sus principales aliados.
La medida fue aprobada por la Cámara de Diputados en la madrugada del 10 de diciembre por 291 votos a favor y 148 en contra, según un comunicado oficial. Según el proyecto de ley, las penas por los delitos de golpe de Estado y abolición del Estado de derecho democrático ya no se acumularían. En su lugar, las cortes aplicarían solo la pena más severa de entre las condenas.
Por intento de golpe de Estado, esa pena oscila entre cuatro y doce años de prisión.
El cambio propuesto se aplicaría a Bolsonaro, que fue condenado a 27 años y tres meses de prisión, así como a sus seguidores condenados por las protestas del 8 de enero de 2023 en los edificios del gobierno federal de Brasil. Los fiscales alegan que la protesta formaba parte de una conspiración más amplia para revocar los resultados de las elecciones de 2022 que llevaron al poder al rival de izquierda de Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva.
Si se aprueba, el nuevo marco de sentencias podría reducir la pena de prisión de Bolsonaro por la condena relacionada con el golpe de Estado a tan solo dos años y cuatro meses, contando todo el tiempo que pasó bajo arresto domiciliario para el cálculo de la pena total cumplida.
El proyecto de ley también beneficiaría a figuras destacadas de la administración de Bolsonaro que fueron condenadas en relación con el presunto intento de golpe de Estado. Entre ellas se encuentran el excomandante de la Armada Almir Garnier; el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira; el exjefe de Estado Mayor Walter Braga Netto; el exjefe de la Oficina de Seguridad Institucional Augusto Heleno; y el exministro de Justicia Anderson Torres. Todos ellos recibieron penas de prisión de entre 19 y 26 años.
Además, la propuesta permite reducciones de pena de entre un tercio y dos tercios cuando los delitos se cometen en el contexto de una "multitud". Esa disposición podría dar lugar a la liberación de decenas de partidarios de Bolsonaro encarcelados por irrumpir en edificios gubernamentales durante la protesta del 8 de enero.
El proyecto de ley se aplicaría tanto a los que se encuentran en Brasil como a los que viven en el extranjero. Uno de estos casos es el del exdiputado federal Alexandre Ramagem, que fue condenado a 16 años de prisión por su participación en los acontecimientos del 8 de enero y despojado de su escaño en el Congreso. Ramagem huyó a Estados Unidos antes de que pudiera ser detenido.
El autor del proyecto de ley, Paulinho da Força, del Partido Solidaridad, de centro, dijo que la propuesta ayudaría a «pacificar» el país y permitiría a la sociedad brasileña superar los disturbios del 8 de enero.
"Las personas que causaron daños a la propiedad o cometieron delitos ya están cumpliendo sus condenas; se han dado cuenta de que no se puede jugar con la democracia", dijo en septiembre, según un comunicado oficial. "Tenemos tiempo para debatir otros temas importantes en Brasil, pasar página y afrontar las elecciones del año que viene debatiendo los problemas del país".
Los legisladores alineados con Lula intentaron retirar el proyecto de ley de la agenda legislativa el 9 de diciembre, pero su moción fue rechazada por 294 votos contra 146. La propuesta pasa ahora al Senado Federal, donde la coalición gobernante de Lula tiene una estrecha mayoría.
Si es aprobado por la cámara alta, el proyecto de ley aún necesitaría la firma de Lula para convertirse en ley. El presidente puede vetar la legislación en su totalidad o en parte, aunque cualquier veto podría ser revocado. Para ello se necesitaría una mayoría absoluta en una sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso, con al menos 257 votos en la Cámara de Diputados y 41 votos en el Senado Federal.
En septiembre, la Suprema Corte de Justicia de Brasil dictó una larga sentencia contra Bolsonaro tras dictaminar que había propuesto un golpe de Estado a los líderes militares y que estaba al tanto de un supuesto complot para asesinar a Lula. El golpe militar no se materializó, y Bolsonaro y sus aliados han negado las acusaciones y denunciado el proceso judicial como una caza de brujas política.
El bloque de Bolsonaro, junto con parte de los poderosos partidos del Centrão, o "Gran Centro", ha presionado para que se conceda la amnistía a los implicados en los acontecimientos del 8 de enero. Sin embargo, esa propuesta encontró una fuerte resistencia en el Congreso brasileño y provocó grandes protestas en Brasilia, lo que llevó a los legisladores a buscar reducciones de pena como compromiso.
