La Corte Suprema se encamina hacia su receso de verano, lo que significa que los jueces emitirán una serie de decisiones muy esperadas a lo largo del mes de junio. Estas decisiones podrían sentar importantes precedentes que repercutirían en el panorama político nacional, afectando tanto a la agenda del Congreso como a la del Ejecutivo.
Hasta ahora, la Corte ha emitido sentencias sobre los cigarrillos electrónicos, un caso de deportación, las armas fantasma y TikTok.
Estas son las decisiones que debemos prestar atención a medida que se acerca el final del trimestre.
1. «Atención médica afirmativa del género» para menores
En diciembre de 2024, se involucró a los jueces en el debate sobre el género durante una audiencia de argumentos sobre el intento de Tennessee de impedir que se prestara «atención sanitaria afirmativa del género» a menores. El caso se enfocó en el uso de hormonas del sexo opuesto y bloqueadores de la pubertad, en lugar de procedimientos quirúrgicos, pero planteó cuestiones constitucionales comunes a ambos tipos de procedimientos.Semanas antes de dejar el cargo, la administración Biden argumentó en el caso Estados Unidos contra Skrmetti que la ley de Tennessee constituía una forma de discriminación por motivos de sexo que violaba la cláusula de igualdad de protección de la 14.ª Enmienda.
Tennessee argumentó que la ley era necesaria para proteger a los pacientes menores de edad de lo que considera intervenciones médicas arriesgadas, sin verificación, y que la Corte de Apelación del Sexto Circuito de los Estados Unidos había dictaminado correctamente que la ley era constitucional.
La Corte Suprema parecía inclinarse por confirmar la sentencia del Sexto Circuito. Algunos magistrados parecían negarse a considerar la ley de Tennessee como una forma inconstitucional de discriminación, mientras que otros se mostraban inclinados a adoptar esa posición. El juez Clarence Thomas preguntó por qué la Corte no debía considerar la ley como una clasificación basada en la edad en lugar de una clasificación basada en el sexo.
2. Órdenes judiciales a nivel nacional, ciudadanía por nacimiento
Las demandas contra la agenda del presidente Donald Trump han llevado a los jueces federales a dictar órdenes judiciales sobre una serie de políticas. A su vez, la administración ha acusado a estos jueces de extralimitarse en sus funciones, lo que ha desencadenado un debate sobre la separación de poderes.Los jueces de la Corte Suprema examinaron tres órdenes de tribunales inferiores que bloquearon a nivel nacional el decreto ejecutivo de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento. Los abogados que representan al Gobierno argumentan que la 14.ª Enmienda no exige que los hijos de inmigrantes ilegales sean considerados automáticamente ciudadanos desde su nacimiento.
El 15 de mayo, la Corte Suprema escuchó los argumentos orales en el caso Trump contra CASA Inc. y, aunque no está claro cómo fallarán los jueces, parecían más inclinados a abordar la legalidad de las diversas órdenes judiciales, en lugar de la legalidad de la política de Trump.
Las jueces Sonia Sotomayor y Elena Kagan parecían pensar que la administración había interpretado erróneamente la 14ª Enmienda. «En mi opinión, esta orden viola cuatro precedentes de la Corte Suprema», dijo Sotomayor.
El juez Clarence Thomas fue el que se mostró más comprensivo con la postura de la Administración Trump y sugirió que las medidas cautelares a nivel nacional no tienen una base histórica sólida. «¿Así que sobrevivimos hasta la década de 1960 sin medidas cautelares universales?», preguntó Thomas.
El juez asociado de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Clarence Thomas, asiste a la ceremonia de investidura del presidente Donald Trump en la Rotonda del Capitolio de los Estados Unidos el 20 de enero de 2025. Chip Somodevilla/POOL/AFP a través de Getty Images
3. Sexo y género en las bibliotecas escolares
Un grupo de padres demandaron a la Junta Escolar del Condado de Montgomery, en Maryland, después de que esta determinara que los padres no podían excluir a sus hijos de la lectura de libros con contenido controvertido sobre género y sexualidad. La política imponía nuevos libros de cuentos «inclusivos con la minoría LGBTQ» para los alumnos de primaria que promueven las transiciones de género, los desfiles del Orgullo y el romance entre personas del mismo sexo entre niños pequeños.El caso, Mahmoud contra Taylor, citaba a unos padres que argumentaban que el distrito escolar violaba la Primera Enmienda al obligar a sus hijos a participar en clases sobre género y sexualidad. Según ellos, esto interfería con su libre ejercicio de la religión al restringir la autoridad de los padres sobre la enseñanza en el aula. Cientos de padres se presentaron en las reuniones de la junta, mientras que los miembros de esta acusaban a los padres de promover el «odio».
Los jueces parecieron mostrarse más comprensivos con los padres. El juez Brett Kavanaugh afirmó que el hecho de que la junta escolar fuera elegida democráticamente no significaba que pudiera violar los derechos. «Estamos aquí para proteger la libertad y la Constitución del exceso democrático», declaró.
El juez Samuel Alito defendió a los padres, alegando que no estaban tratando de alterar el plan de estudios de la junta, sino que simplemente querían tener derecho a optar por no participar.
4. Panel de atención preventiva de Obamacare
En el caso Kennedy contra Braidwood Management, Inc., la Corte Suprema examinó la constitucionalidad del Grupo de Trabajo sobre Servicios Preventivos, creado en virtud de la ley Obamacare, que formula recomendaciones vinculantes sobre los servicios médicos preventivos.Los miembros del grupo de trabajo son nombrados por el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero la Corte de Apelación del Quinto Circuito de los Estados Unidos dictaminó que ello viola la cláusula de nombramientos de la Constitución, que establece que el presidente puede nombrar funcionarios para que le ayuden en el desempeño de sus funciones. Dichos funcionarios deben ser nombrados por el presidente y confirmados por el Senado.
Durante la audiencia vista oral, los jueces se mostraron escépticos ante los argumentos de Braidwood Management, una empresa con sede en Texas que se oponía por motivos religiosos a proporcionar medicamentos para la prevención del VIH y pruebas de detección de enfermedades de transmisión sexual. El grupo de trabajo había exigido a los empleadores que suministraran dichos medicamentos y servicios para sus empleados.
El juez Brett Kavanaugh dijo que el argumento de la empresa daba por sentado que el grupo de trabajo era «sumamente importante», a pesar de que el Congreso no había aclarado que así fuera. La jueza Sonia Sotomayor pareció restar importancia a los miembros del grupo de trabajo, comparándolos con los asistentes jurídicos que ayudan a los jueces «en algunas de las cosas de las que no sabemos nada».
Un hombre camina frente a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. en Nueva Orleans, Luisiana, en una fotografía de archivo sin fecha. Jonathan Bachman/AP Photo
5. Verificación de la edad en los sitios web de pornografía
Mientras los políticos a nivel federal intentan regular la industria del entretenimiento digital para adultos mediante políticas como la verificación obligatoria de la edad para navegar en Internet, Texas aprobó una ley que ya lo exige.La Corte de Apelación del Quinto Circuito de los Estados Unidos confirmó la ley, aduciendo que no violaba la Primera Enmienda. Un grupo de la industria del entretenimiento para adultos, Free Speech Coalition, pidió a la Corte Suprema que interviniera.
En el caso Free Speech Coalition contra Paxton, la coalición argumentó en la audiencia realizada en enero que la Corte de apelación debería haber aplicado un criterio más estricto, una prueba jurídica conocida como escrutinio reforzado, al evaluar si la ley era conforme con la Primera Enmienda.
Los demandantes sostuvieron que los procedimientos de verificación de edad, que incluyen la presentación de un documento de identidad oficial, disuaden a los usuarios de acceder a los productos por temor a que su información personal sea expuesta por piratas informáticos. Texas argumentó que su ley es constitucional.
El estado citó el caso Ginsberg contra Nueva York (1968), que permitía la regulación de la venta de pornografía en librerías físicas o quioscos de revistas con el argumento de que el material podía ser perjudicial para los niños. En este caso, un criterio menos estricto que el escrutinio reforzado fue suficiente para evaluar la constitucionalidad de la normativa, según dictaminó la Corte en Ginsberg.
Los jueces parecían divididos durante los argumentos orales. La jueza Sonia Sotomayor dijo que aplicar el nivel más alto de escrutinio utilizado en casos relacionados con el entretenimiento para adultos probablemente llevaría a la derogación de la ley de Texas.
Por su parte, la jueza Amy Coney Barrett dijo que las medidas de control voluntarias de la industria pornográfica no eran eficaces. Tampoco lo era el filtrado de contenidos, que la industria sugería como una alternativa mejor a la ley de Texas, ya que «la explosión de la adicción al porno en línea lo ha demostrado», dijo Barrett.
6. Financiación de Medicaid para Planned Parenthood
El aborto volvió a la Corte Suprema este trimestre con el caso Medina contra Planned Parenthood South Atlantic, relativo a la financiación de Medicaid para Planned Parenthood, que ofrece servicios de aborto, control de la natalidad y pruebas de embarazo. En abril, los jueces escucharon los argumentos sobre el intento de Carolina del Sur de excluir a este proveedor de servicios de aborto de su programa estatal Medicaid.La cuestión es si la Ley Federal de Medicaid creó el derecho de los estadounidenses con bajos ingresos a elegir sus proveedores. La demanda original fue presentada por un cliente de Medicaid que quería utilizar los servicios de Planned Parenthood. Si la Corte Suprema falla a favor de Carolina del Sur, la sentencia podría animar a otros estados a expulsar a la organización de sus redes de Medicaid, según Planned Parenthood.
El caso se remonta a 2018, cuando el gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, firmó un decreto ejecutivo provida en el que ordenaba a los funcionarios de salud del estado «considerar que las clínicas de aborto no están cualificadas para prestar servicios de planificación familiar». También exigía a los funcionarios rescindir los acuerdos de inscripción de dichas clínicas y denegar sus solicitudes de inscripción en el futuro.
El gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster (centro), habla en una conferencia de prensa frente a la Corte Suprema de Estados Unidos mientras los jueces escuchan los argumentos orales en el caso Medina contra Planned Parenthood South Atlantic en Washington el 2 de abril de 2025. El caso se centra en el intento de Carolina del Sur de excluir a Planned Parenthood de su programa de Medicaid por la cobertura del aborto. Kayla Bartkowski/Getty ImagesLa jueza Elena Kagan afirmó que el estado «tiene la obligación de garantizar que una persona (...) tenga derecho a elegir a su médico».
El juez Brett Kavanaugh indicó que era necesario aclarar la cuestión debido a la «confusión» existente en los tribunales inferiores.
7. Demanda de México contra las empresas armamentísticas
Los fabricantes de armas estadounidenses han solicitado a la Corte Suprema que desestime una demanda presentada por el Gobierno mexicano, que alegaba que las empresas estadounidenses eran responsables de las armas utilizadas en actos violentos cometidos por cárteles criminales en México.Aunque la Corte de Apelación del Primer Circuito de EE. UU. permitió que la demanda siguiera adelante, la Corte Suprema se mostró escéptico durante las vistas orales celebradas en marzo sobre que México hubiera demostrado que las empresas eran responsables en virtud de la Ley federal de protección del comercio legal de armas, que generalmente protege a las empresas de armas de fuego de las demandas basadas en el uso indebido de sus productos por parte de delincuentes.
El Primer Circuito dictaminó que la ley exige que las empresas se enfrenten a demandas si violan a sabiendas la ley estatal o federal y si esa violación es la causa inmediata de un daño determinado.
La jueza Sonia Sotomayor sugirió que México no había demostrado que las empresas de armas fueran responsables. El abogado de México afirmó que la demanda alegaba que los distribuidores «suministraban a sabiendas a los comerciantes que sabemos que venden ilegalmente al otro lado de la frontera».
Sotomayor respondió: «Hemos dicho repetidamente que el mero conocimiento no es suficiente. Hay que ayudar e incitar de alguna manera. (...) Hay que tener la intención y tomar medidas afirmativas para (...) participar en lo que están haciendo».
El juez Clarence Thomas también pareció preocupado por el hecho de que la demanda no demostrara una violación de leyes concretas, mientras que la jueza Ketanji Brown Jackson pareció preocupada por que los argumentos de México invitaran a una intervención judicial injustificada.
8. Terroristas palestinos
En dos casos consolidados, Fuld contra la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Estados Unidos contra la OLP, los jueces de la Corte Suprema consideraron si las familias de las víctimas de atentados terroristas podían demandar al grupo terrorista Organización para la Liberación de Palestina. En abril, La Corte Suprema pareció inclinarse por mantener la ley federal de Promoción de la Seguridad y la Justicia para las Víctimas del Terrorismo, que permite a los estadounidenses perjudicados por atentados terroristas en el extranjero demandar ante los tribunales estadounidenses.
Manifestantes palestinos empujan un contenedor de basura para protegerse durante enfrentamientos con las fuerzas israelíes tras una manifestación en apoyo a Gaza en Hebrón, Cisjordania, el 13 de octubre de 2023. La Corte Suprema está considerando dos casos sobre si las familias de las víctimas de atentados terroristas pueden demandar a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). Hazem Bader/AFP vía Getty ImagesMariam Fuld presentó una demanda en virtud de esa ley después de que su esposo fuera asesinado cerca de un centro comercial de Cisjordania en 2018. El atentado fue perpetrado por un terrorista palestino presuntamente incitado por la Organización para la Liberación de Palestina, que utiliza un fondo denominado «fondo de los mártires» para las familias de los palestinos muertos, encarcelados o heridos en atentados contra Israel.
Cuando el caso llegó a la Corte de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos, Fuld perdió porque los jueces consideraron que la ley violaba las garantías procesales.
Durante la vista oral, el juez Clarence Thomas cuestionó la afirmación del abogado de la OLP de que el grupo terrorista y la Autoridad Palestina son «personas» a las que la Quinta y la Decimocuarta Enmiendas otorgan el estatus que les garantiza el derecho al debido proceso. El juez Brett Kavanaugh afirmó que los tribunales no deben interferir en el litigio.
9. Almacenamiento de residuos nucleares
Texas se opuso al intento de la Comisión Reguladora Nuclear federal de conceder licencias a proveedores privados para operar una instalación de almacenamiento provisional en la cuenca del Pérmico, el yacimiento petrolífero más productivo del país. El estado afirmó que la ubicación propuesta podría poner en peligro el yacimiento petrolífero.Texas presentó una demanda y la Corte Suprema admitió a trámite el caso Nuclear Regulatory Commission v. Texas después de que el estado ganara en la Corte de Apelación del Quinto Circuito de los Estados Unidos. Los jueces dictaminaron que la Ley Federal de Energía Atómica no autoriza a la comisión a conceder a una empresa privada una licencia para una instalación de almacenamiento provisional. El Gobierno federal alegó ante la Corte Suprema que la decisión del Quinto Circuito imponía «novedosos límites» a las competencias de la comisión en materia de concesión de licencias y «alteraba» un «marco regulador de 44 años de antigüedad para la concesión de licencias de almacenamiento de combustible gastado».
Durante las alegaciones orales que se realizaron en marzo, el juez Neil Gorsuch cuestionó la decisión de ubicar la instalación «en una plataforma de hormigón en la cuenca del Pérmico, de donde obtenemos nuestro petróleo y nuestro gas». También se mostró crítico el juez Samuel Alito, quien afirmó que conceder licencias de larga duración para instalaciones de almacenamiento provisional socava los deseos del Congreso.
Una bomba de petróleo en funcionamiento en el yacimiento petrolífero de la cuenca del Pérmico, en Odessa (Texas), el 13 de marzo de 2022. Texas está impugnando la iniciativa de la Comisión Reguladora Nuclear federal de conceder licencias a empresas privadas para gestionar un almacén provisional de residuos nucleares en la cuenca del Pérmico, la principal región productora de petróleo del país. Joe Raedle/Getty ImagesÚnase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
