Un juez federal consideró ordenar al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) que recurriera a un fondo de contingencia de 5 mil millones de dólares para evitar una interrupción en el programa nacional de cupones de alimentos el 30 de octubre.
La jueza federal Indira Talwani, durante una audiencia en Boston, dijo que el gobierno debería encontrar una forma de seguir proporcionando prestaciones limitadas a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), en lugar de suspenderlo por completo.
"Las medidas implican encontrar una forma equitativa de reducir las prestaciones", dijo.
Se espera que Talwani emita un fallo antes del 30 de octubre.
Aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses se beneficia del SNAP y con un costo de alrededor de 100 mil millones de dólares al año, es una de las iniciativas de servicios sociales con mayor financiación del país.
El 10 de octubre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informó a los estados que no desembolsaría las prestaciones de noviembre debido al cierre del gobierno.
El programa se quedará sin fondos el 1 de noviembre si el cierre continúa. Los demócratas del Senado se han negado a apoyar un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes para financiar al gobierno y a principios de esta semana, los republicanos no apoyaron un proyecto de ley que proporcionaba financiación independiente para el SNAP.
Mientras los republicanos y los demócratas siguen enfrentados por la cuestión de la reapertura del gobierno, 25 estados presentaron una demanda el 27 de octubre, insistiendo en que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) podría utilizar el fondo de emergencia de 5000 millones de dólares para mantener el programa en marcha.
Sin embargo, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (R-La.), dijo el 27 de octubre que esto era ilegal, señalando que esos fondos estaban destinados a pagar las comidas escolares y la leche materna.
Un memorándum del USDA se hizo eco de la declaración de Johnson, señalando que el fondo de emergencia, junto con 23 mil millones de dólares en ingresos por aranceles, se está utilizando para cubrir los programas de desayunos y almuerzos escolares, así como el programa Women and Infant Children (WIC), que proporciona formula infantil y alimentos saludables a los bebés y sus madres.
Ese memorándum también señala que los gobiernos estatales no pueden recibir reembolsos si deciden cubrir las prestaciones del SNAP, un programa que cuesta alrededor de 8 mil millones de dólares al mes. Algunos estados, como Virginia, tienen previsto poner en marcha sus propios programas provisionales para garantizar la seguridad alimentaria.
Los estados demandantes argumentan que, además de perjudicar a las decenas de millones de estadounidenses que dependen del SNAP, la suspensión del programa perjudicará a los comercios en los que compran.
Los abogados del gobierno argumentan que el programa no puede financiarse durante el cierre ya que esto supone una violación de la Ley Antideficiencia, que dicta cómo debe actuar el gobierno durante un lapso de financiación y "prohíbe a Estados Unidos contraer tal obligación sin una asignación presupuestaria".
Incluso si el USDA pudiera reasignar legalmente el dinero, esa decisión corresponde a la agencia, "no a una corte federal y, desde luego, no a los demandantes", escribió el gobierno en su escrito judicial. La agencia señaló que gastar el dinero en el SNAP lo desviaría de su uso previsto: "desastres naturales y otras catástrofes incontrolables".
Talwani expresó su escepticismo sobre ese argumento en la vista celebrada el 30 de octubre.
"Me cuesta entender que esto no sea una emergencia, cuando no hay dinero y mucha gente necesita sus prestaciones del SNAP", dijo.
Con información de Associated Press.
Esta es una noticia en desarrollo que se irá actualizando.
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