Un informe presentado por el Instituto CASLA ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el 15 de mayo, denunció los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el actual gobierno de Venezuela para reprimir a la oposición y mantenerse en el poder.
El informe anual 2024-2025 fue presentado por la directora ejecutiva del instituto, Tamara Suju, bajo el título: "Venezuela bajo asedio. Represión Estatal y Crimen Organizado Trasnacional: convergencia estructural y responsabilidad por crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela", en la sede de la OEA en Washington, DC.
"La capacidad del régimen de sumar Instituciones y Organismos a su estrategia del control del poder ha sido primordial para mantener su estructura criminal incólume", dice el informe.
A través de entrevistas a víctimas y testigos y el registro de los hechos, el informe documenta una serie de actividades delictivas y de represión que los funcionarios del gobierno de Venezuela, liderados por Nicolás Maduro Moros, han llevado a cabo durante el último año dentro y fuera del país para mantenerse en el poder y reprimir a la oposición.
Sus motivos, más allá de permanecer en el poder, "son seguir enriqueciéndose ilícitamente y para ello por supuesto necesitan el poder", aseguraron disidentes del chavismo en entrevistas, según el informe.
Para oprimir a sus oponentes, el gobierno de Maduro ha ejercido una represión sistemática generalizada contra la población civil, opositores y activistas políticos, manifestantes y militares disidentes, a quienes clasifica como conspiradores o traidores. Los reprime a través de la intimidación, el acoso, la persecución, la activación del sistema de espionaje y operaciones especiales para perseguir, encarcelar, asesinar, torturar y desaparecerlos, con la participación de todos los poderes públicos, se detalla.
"Además, constituyó una forma de violencia interseccional que ocurre cuando una persona sufre varias formas de discriminación al mismo tiempo, en este caso, por su condición política y por su discapacidad, por lo que son doblemente vulnerabilizados", se añadió.
El informe indicó también que la actual configuración del gobierno venezolano funciona como una estructura criminal transaccional involucrada en actividades de narcotráfico, lavado de activos, contrabando de oro, apoyo a grupos guerrilleros y criminales a nivel nacional e internacional.
Además del “Tren de Aragua”, que se extendió por toda América, hay más grupos grupos trasnacionales criminales venezolanos como el Tren del Llano 2, el Tren de Oriente, el Tren de Guyana, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, la Banda de Juancho y los Sindicatos Mineros; estos últimos brindan apoyo a grupos guerrilleros binacionales de Colombia y Venezuela.
El informe resaltó que más de 300 lideres, miembros de partidos políticos de la oposición, periodistas, influencers, entre otros, se encuentran en la“clandestinidad”.
"Hemos tenido información que algunas personas que se mantuvieron en resguardo por meses y han regresado a su residencia, incluso al menos dos de ellas el pasado mes de marzo, y fueron detenidas en menos de 24 horas, lo cual indica que la persecución y vigilancia es permanente y utilizan a sus redes de informantes y patriotas cooperantes hasta conseguir su objetivo", según el informe.
La persecución se ha extendido a ciudadanos extranjeros. Al menos 150 han sido detenidos durante los últimos meses, a quienes Maduro señala como "mercenarios". Sin embargo, se desconoce la identidad de al menos 100 de los supuestos detenidos, ya que el gobierno no ha dado a conocer ninguna lista oficial sobre quiénes son y donde están.
El informe insta a la Corte Penal Institucional a emitir órdenes de arresto internacional o citaciones a comparecer a funcionarios que hayan identificado como los Altos Responsables de estos crímenes.
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