El fiscal general de Texas, Ken Paxton, anunció el 17 de junio que estaba investigando a 33 posibles no ciudadanos acusados de votar en las elecciones de 2024.
Las investigaciones se producen tras una remisión de la secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, después de que el estado obtuviera acceso a la base de datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para la verificación sistemática de extranjeros con derecho a prestaciones (SAVE). El presidente Donald Trump firmó a principios de este año una orden ejecutiva en la que ordenaba al Departamento de Seguridad Nacional que ofreciera acceso a la base de datos a todos los estados sin coste alguno.
La base de datos SAVE se actualizó el mes pasado para permitir a las autoridades estatales y locales introducir los números de la Seguridad Social para verificar la ciudadanía estadounidense de los votantes y evitar que los inmigrantes ilegales participen en las elecciones federales, estatales o municipales.
En un comunicado de prensa emitido el martes en el que anunciaba las investigaciones, Paxton afirmó que «utilizaría todo el peso de su cargo para investigar todos los fraudes electorales».
«Para poder confiar en la integridad de nuestras elecciones, los resultados deben ser determinados por nuestros propios ciudadanos, no por extranjeros que infringen la ley para votar ilegalmente», afirmó Paxton en un comunicado. «Estos posibles casos de voto ilegal serán investigados a fondo y seguiré apoyando al presidente Trump en la lucha para garantizar que las elecciones de nuestro estado sean seguras».
La oficina de Paxton no precisó si ya se sabe que las 33 personas son extranjeras o si eso se está investigando. Su oficina no respondió a una solicitud de comentarios antes de esta publicación.
Trump firmó en marzo una orden ejecutiva en la que ordenaba a los funcionarios federales que se aseguraran de que los inmigrantes ilegales y otros no ciudadanos no votaran en las elecciones federales. La orden también pedía a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que tomara medidas contra cualquier estado que contara los votos recibidos después del día de las elecciones.
A principios de mayo, Paxton arrestó y acusó formalmente a seis personas, entre ellas varios funcionarios públicos, por un presunto plan de recolección de votos en el condado de Frio. Las detenciones se produjeron después de que la fiscalía general ejecutara varias órdenes de registro en los condados de Frio, Atascosa y Bexar, como parte de una investigación de varios años sobre denuncias de recolección de votos.
Los acusados y procesados por recolección de votos o «manipulación o falsificación de pruebas físicas» fueron la jueza del condado de Frio, Rochelle Camacho; el exadministrador electoral del condado de Frio, Carlos Segura; Ramiro Treviño y Racheal Garza, del Ayuntamiento de Pearsall; Adriann Ramírez, fideicomisaria del Distrito Escolar Independiente de Pearsall, y Rosa Rodríguez, del condado de Frio.
Todos, excepto Camacho, fueron detenidos el 2 de mayo.
Zachary Stieber contribuyó a este reportaje
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