Estados Unidos está compilando una lista de posibles redes, incluidas organizaciones sin fines de lucro, que están financiando actividades terroristas nacionales, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en una entrevista el 14 de octubre en "The Charlie Kirk Show".
"Creemos que las personas tienen derecho a la libertad de expresión. Tienen derecho a organizarse. Tienen derecho a protestar. Pero deben hacerlo pacíficamente. No pueden permitirse la violencia. Y lo hemos visto, lo observamos desde aquel terrible día de hace dos años: el antisemitismo y los prejuicios que surgieron después del 7 de octubre de 2023. Muchas de estas organizaciones han sido financiadas por organizaciones sin fines de lucro. Y esto va a parar. Y, como siempre dicen, vamos a seguir el rastro del dinero", declaró en la entrevista, respondiendo a una pregunta sobre las redes financieras que apoyan a grupos violentos de la izquierda radical.
El Tesoro ya comenzó a compilar una lista de dichas redes de financiación, afirmó Bessent, añadiendo que se trata de un "largo historial". Además, aún queda por descubrir qué parte de la financiación proviene del exterior y qué parte recibe apoyo de organizaciones sin fines de lucro estadounidenses, dijo.
Según Bessent, esto es ahora una misión crucial para el departamento.
"La muerte de Charlie descencadenó esto. Y estamos decididos no solo a honrarlo, sino también a mantener nuestro país seguro y garantizar la libertad de expresión en ambos bandos", dijo.
"Como conservadores, no podemos tener miedo de salir a hablar. Sé que hay gente cancelando discursos. Están teniendo que reducir el número de personas en los mítines. El presidente Trump estuvo a punto de morir. Y no se dejó disuadir. Y nosotros no nos vamos a dejar disuadir".
En una publicación de X del 14 de octubre, donde compartió un video del podcast, Bessent afirmó que, así como el Tesoro lideró la iniciativa para rastrear la financiación del terrorismo tras el 11-S, seguirá el rastro del dinero que circula tras las redes violentas nacionales para exponer a los terroristas y llevarlos ante la justicia.
Las declaraciones de Bessent se producen tras un memorando presidencial firmado por el presidente Donald Trump el 25 de septiembre, destinado a combatir el terrorismo interno y la violencia política organizada.
El memorando establece una estrategia integral para investigar, desmantelar y desarticular todas las etapas de dichas actividades, según declaró la Casa Blanca en una hoja informativa del 25 de septiembre.
La orden instruye al secretario del Tesoro a identificar y erradicar las redes financieras que se considere que financian la violencia política y el terrorismo doméstico. También solicita al comisionado del IRS que se asegure de que las entidades exentas de impuestos no financien dichas actividades, directa o indirectamente.
"La guía también identificará comportamientos, patrones de hechos y motivaciones recurrentes comunes a las organizaciones y entidades que coordinan estos actos para detener la violencia política antes de que ocurra", señala la hoja informativa.
El 22 de septiembre, Trump designó a Antifa, un grupo extremista de extrema izquierda conocido por cometer actos de violencia con motivaciones políticas, como organización terrorista doméstica mediante una orden ejecutiva. Calificó al grupo de "empresa militarista y anarquista".
En una declaración del 25 de septiembre, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) criticó el memorando presidencial, acusándolo de atacar a opositores políticos.
Afirmó que el memorando autoriza al gobierno a realizar investigaciones sobre organizaciones sin fines de lucro, donantes y activistas utilizando "etiquetas vagas y excesivamente generales" como "conspiración contra los derechos" y "terrorismo".
Hina Shamsi, directora del Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU, afirmó que el memorando era otro intento de Trump por intimidar a sus críticos.
"El presidente está invocando la violencia política, que todos condenamos, como excusa para atacar a organizaciones sin fines de lucro y activistas con la falsa y estigmatizante etiqueta de 'terrorismo doméstico'. Esta es una acción vergonzosa y peligrosa. Pero el presidente no puede reescribir la Constitución mediante un memorando", declaró Shamsi.
Lamentablemente, las tácticas de intimidación contra quienes defienden los derechos humanos y las libertades civiles no son nuevas en la historia de este país.
Anteriormente, los líderes del movimiento por los derechos civiles también eran etiquetados como amenazas a la seguridad y eran investigados, vigilados, amenazados e incluso arrestados.
Mientras tanto, el representante Earl L. "Buddy" Carter (R-GA) envió una carta a la fiscal general Pam Bondi el 9 de octubre solicitando una investigación del Departamento de Justicia sobre el posible papel de los grupos respaldados por George Soros en la financiación de la violencia política y las actividades de extrema izquierda en Estados Unidos.
En la carta, Carter citó un informe del Capital Research Center, un centro de estudios, que indicaba que, desde 2016, la Open Society Foundations de Soros había invertido más de 80 millones de dólares en grupos vinculados a la violencia extremista o el terrorismo.
"No se debe tolerar la financiación de organizaciones que participan, apoyan o incitan a la violencia política", escribió el legislador.
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