El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) anunció la semana pasada que se han rescindido más de 100 contratos federales por un valor de casi 6000 millones de dólares.
Varias agencias “rescindieron y desestimaron 108 contratos innecesarios” que tienen un valor máximo de 5800 millones de dólares y resultaron en ahorros de 397 millones de dólares”, escribió el DOGE en una publicación del 10 de octubre en X.
Eso incluye un contrato de 3.1 millones de dólares del Departamento de Estado titulado “Desarrollo de la Oficina de Coordinación Nacional de Tanzania”, dijo, y un contrato de arrendamiento de 46,500 dólares de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos para “espacio de oficina para el Servicio de Voz de América para Asia Oriental y el Pacífico”.
También se eliminaron un contrato del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) por 5.8 millones para “desarrollo organizacional, coaching ejecutivo y capacitación en liderazgo” y otro contrato del Departamento de Estado por 44 millones de dólares para “servicios profesionales en Doha, Qatar”.
Desde su creación por el presidente Donald Trump en su primer día en el cargo, DOGE ha reportado ahorros estimados de 214,000 millones, equivalentes a unos 1,329.19 dólares por contribuyente, según una actualización del 4 de octubre.
Hasta el momento, se han publicado en el sitio web del DOGE la cancelación de 13,440 contratos por un total de 61,000 millones de dólares, 15,887 subsidios por 49,000 millones y 264 arrendamientos por un total de 113 millones de dólares.
En una orden del 20 de enero, Trump reorganizó el antiguo Servicio Digital de EE. UU. y lo renombró como Departamento de Eficiencia Gubernamental. Además instruyó a los líderes de las agencias federales que permiten al personal del DOGE tener acceso completo y rápido a todos los registros, sistemas de software y sistemas informativos no clasificados de la agencia.
En febrero, Trump firmó otra orden que instruía a los jefes de las agencias “revisar todos los contratos y subsidios existentes y, cuando fuera apropiado y conforme a la ley, cancelarlos o modificarlos” para reducir el gasto federal y combatir el fraude, el despilfarro y el abuso.
Antes de su salida a finales de mayo, el exasesor de Trump y empleado gubernamental especial, Elon Musk, lideró los esfuerzos del DOGE y de la administración para reducir el gasto federal.
Aunque no se ha precisado el número exacto de despidos, la organización Partnership for Public Service (Asociación para el Servicio Público) informó que, hasta el 23 de septiembre, más de 201,000 empleados federales han abandonado el gobierno.
A principios de año, la administración Trump ofreció a los trabajadores federales que no deseaban regresar a las oficinas la opción de una “renuncia diferida”, lo que implicaba aceptar renunciar, pero seguir recibiendo su salario hasta el 30 de septiembre.
Actualmente los esfuerzos para reducir aún más la fuerza laboral, conocidos como reducciones de personal, continúan en medio de un cierre gubernamental de casi dos semanas que comenzó el 1 de octubre, confirmó la semana pasada el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Rusell Vought. Documentos judiciales presentados por la administración indican que alrededor de 4100 trabajadores de varias agencias recibieron notificaciones de despido.
Un memorando publicado por la oficina de presupuesto estableció que, para los programas que enfrentan una interrupción de financiación durante un cierre del gobierno, "tales programas ya no están obligados por ley a llevarse a cabo".
También se ordenó a todas las agencias federales presentar planes de reducción de personal a la oficina de presupuesto para su revisión.
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