El Departamento de Justicia anunció el 25 de septiembre que va a demandar a seis estados por no haber facilitado al Gobierno federal sus listas de registro de votantes.
Los estados son California, Míchigan, Minnesota, Nueva York, New Hampshire y Pensilvania.
La ley federal exige a los estados que proporcionen al fiscal general los registros de inscripción de votantes cuando se les solicite, según el Departamento de Justicia.
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump del 25 de marzo, "Preservar y proteger la integridad de las elecciones estadounidenses", ordenaba a los funcionarios "identificar a los votantes no cualificados inscritos en los estados".
En la denuncia, el Gobierno federal dijo que los seis estados habían expresado su preocupación por la protección de la privacidad de los votantes y se habían negado a cooperar con las solicitudes de información, que incluían el nombre completo, la fecha de nacimiento, la dirección, el número de permiso de conducir del estado y los cuatro últimos dígitos del número de la Seguridad Social de cada votante.
Los casos se han presentado por separado en los tribunales federales de distrito de cada uno de los seis estados.
"Los estados están obligados a salvaguardar las elecciones estadounidenses cumpliendo con nuestras leyes electorales federales", dijo Harmeet Dhillon, fiscal general adjunto de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, en un comunicado.
"Los censos electorales limpios protegen a los ciudadanos estadounidenses del fraude y el abuso electoral, y restauran su confianza en que las elecciones de sus estados se llevan a cabo de forma adecuada, con integridad y de conformidad con la ley".
Los republicanos han expresado su preocupación por el voto de personas no ciudadanas u otras personas no elegibles en las elecciones federales de Estados Unidos.
En el Congreso, los republicanos han tratado de promulgar proyectos de ley para combatir el voto de los no ciudadanos mediante la "Ley SAVE". El proyecto de ley, que significa "Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense", exigiría a los estados que solicitaran pruebas documentales de la ciudadanía estadounidense al inscribir a los votantes para las elecciones federales. Fue aprobado por la Cámara de Representantes en abril, pero no ha tenido ninguna repercusión en el Senado, donde necesita el apoyo de 60 senadores para seguir adelante.
Los demócratas se han opuesto al proyecto de ley y a otras iniciativas similares, alegando que no existe un problema generalizado de voto de personas que no son ciudadanas y que las medidas dificultarían el voto en las comunidades marginadas.
En marzo, el senador Alex Padilla (D-Calif.) afirmó en una declaración que la Ley SAVE "dificultaría el voto a decenas de millones de estadounidenses con derecho a voto".
La orden ejecutiva de Trump de marzo también ordena a los funcionarios que retengan los fondos federales a los estados que se nieguen a cumplir con las leyes electorales federales y exige que se dé prioridad al enjuiciamiento de los delitos relacionados con las elecciones.
Además, pretende impedir que los estados cuenten los votos por correo y los votos ausentes que lleguen después del día de las elecciones.
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