Bogotá.- La defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, exhortó este lunes a la sociedad a respetar el fallo que está dando a conocer la jueza Sandra Heredia en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).
"En el marco de la decisión que está anunciando una jueza de la República en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Defensoría del Pueblo hace un llamado firme a toda la sociedad: las decisiones judiciales deben respetarse, cualquiera que sea su contenido", manifestó Marín en un comunicado.
Uribe, fundador y jefe del partido opositor Centro Democrático, es juzgado por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Hasta ahora, la jueza consideró probado el delito de soborno en actuación penal en el caso del testigo clave del ex-paramilitar Juan Guillermo Monsalve.
Este proceso se remonta a 2012, cuando Uribe demandó ante la Corte Suprema por supuesta manipulación de testigos al senador de izquierdas Iván Cepeda, quien en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo.
Sin embargo, el magistrado José Luis Barceló no abrió investigación contra el congresista, sino que le inició un proceso al expresidente por presunta manipulación de testigos para que no declararan en su contra.
"Las decisiones judiciales se respetan"
"La justicia se honra cuando se respeta a quienes la administran. Las decisiones judiciales de los jueces y las juezas se respetan. Solo de esta manera aseguramos el respeto del orden constitucional, garantizando la autonomía, la dignidad y la seguridad de quien las profiere", añadió Marín.En ese contexto, la defensora reafirmó que la "independencia judicial es un pilar esencial del Estado Social de Derecho y una garantía para la protección de los derechos fundamentales".
A renglón seguido, aseguró: "Esta independencia implica que jueces y juezas deben ejercer su función con plena libertad, sin presiones indebidas ni descalificaciones que interfieran en su autonomía o debiliten la confianza de la ciudadanía en la administración de justicia".
Para Marín, en la sociedad democrática resulta indispensable reconocer y proteger el papel de las mujeres en la función jurisdiccional.
"Cuando una jueza es objeto de señalamientos estigmatizantes por razón de su género o por el contenido de las decisiones que debe adoptar, no solo se vulnera su dignidad personal, sino que se afecta el equilibrio institucional y se perpetúan barreras históricas que impiden una justicia verdaderamente equitativa", concluyó la defensora.
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