El 14 de octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos, en Washington, rechazó una petición presentada por padres de familia cuyos hijos recibieron instrucción sobre identidad de genero sin su conocimiento.
Los jueces se negaron a conceder un recurso de certiorari, es decir, una solicitud de reconsideración, presentada por padres de estudiantes de secundaria en Colorado.
La decisión no fue explicada.
El juez Samuel Alito, acompañado por los jueces Clarence Thomas y Neil Gorsuch, dijo que aunque estaba de acuerdo en no aceptar la petición, le preocupaba que algunas cortes federales se sintieran tentadas "a evitar afrontar una cuestión constitucional particularmente polémica".
Esa cuestión, según Alito, es si un distrito escolar viola los derechos fundamentales de los padres “al alentar a un estudiante a transicionar a un nuevo género o asistir en ese proceso sin el conocimiento o consentimiento de los padres".
Alito añadió: "Los peticionarios nos informan que casi 6000 escuelas públicas tienen políticas, como las que presuntamente aplica el distrito en este caso, que interfieren deliberadamente con el acceso de los padres a información crucial sobre las decisiones de identidad de género de sus hijos y la participación e influencia del personal escolar en esas decisiones. Las inquietantes y trágicas acusaciones en este caso subrayan la gran y creciente importancia nacional" de la cuestión que estos padres presentan".
La Corte Suprema solo acepta entre 100 y 150 de los más de 7000 recursos que recibe cada año, requiriendo el voto de al menos cuatro de los nueve jueces para aceptar un caso.
El caso en cuestión involucra a dos estudiantes que asistieron a reuniones de la Alianza de Género y Sexualidades, en las que se discutió sobre identidad de género y se advirtió sobre no divulgar dichas conversaciones a los padres, según documentos judiciales.
Los padres de los estudiantes, que asistían a una escuela secundaria en Colorado, demandaron al Distrito Escolar Poudre, alegando que las políticas del distrito vulneraban sus derechos como padres. Una de estas políticas indicaba que los empleados "no deben divulgar información que pueda revelar la condición transgénero o no binario de un estudiante a otras personas, incluyendo a los padres".
“Como en muchas escuelas en Estados Unidos hoy en día, el distrito ha implementado una serie de políticas que usurpan la autoridad parental en favor de la autoridad escolar, negando efectivamente a los padres el derecho al cuidado, la custodia y el control de sus hijos”, dijeron los padres en su petición a la Corte Suprema.
Las corte inferiores rechazaron el caso, concluyendo que los padres no habían establecido la responsabilidad de los funcionarios escolares.
“Estas decisiones permiten que el distrito continúe arrebatando subrepticiamente la autoridad de toma de decisiones a padres aptos, sin que estos los sepan, y en cambio, ofreciendo esa autoridad a los funcionarios escolares”, declararon los padres.
Los abogados del distrito dijeron a los jueces de la Corte Suprema que no debían aceptar la petición.
“Incluso si la corte está interesada en los argumentos de los padres, este no es el caso adecuado para considerar si la supuesta restricción de divulgación por parte de empleados de escuelas públicas sobre identidad de género y expresión implica un derecho fundamental”, afirmaron.
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