La Corte Suprema parece dispuesta a declarar inconstitucional la redistribución de distritos basada en la raza, o al menos a frenar esta práctica, según han declarado expertos judiciales a The Epoch Times.
El resultado del caso de gran repercusión sobre la manipulación racial de distritos electorales Louisiana v. Callais podría tener un impacto en el equilibrio de poder en el poder legislativo federal. La manipulación de distritos electorales consiste en la manipulación de los límites de los distritos electorales para favorecer a un partido o circunscripción en particular.
En la actualidad, los republicanos mantienen una mayoría muy ajustada sobre los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. El escaño en el Congreso que se encuentra en el centro del litigio lo realiza actualmente el representante Cleo Fields (D-La.).
El 15 de octubre, el Tribunal Supremo verá el caso relativo a la constitucionalidad de la creación, ordenada por una corte inferior, de un segundo distrito electoral con mayoría negra en Luisiana.
La Corte Suprema ya vio el caso el 24 de marzo, pero se negó a emitir un fallo. En su lugar, quiso que las partes presentaran más informes sobre si una disposición clave de la propia Ley Federal de Derechos Electorales —la sección 2— violaba dos enmiendas constitucionales.
Los argumentos presentados en marzo se centraron en si una versión del mapa electoral de Luisiana violaba la sección 2 de la Ley del Derecho al Voto. La sección 2 prohíbe las prácticas o procedimientos electorales que discriminen por motivos de raza, color o pertenencia a un grupo lingüístico minoritario, como los indios americanos, los asiático-americanos, los nativos de Alaska o los hispanos americanos.
Los tribunales han realizado que, en determinadas circunstancias, la Ley del Derecho al Voto de 1965 permite a los estados tener en cuenta la raza a la hora de trazar los límites electorales, pero los mapas electorales trazados explícitamente en función de la raza son inconstitucionales. Los tribunales han interpretado que la ley prohíbe la manipulación racial cuando diluye el poder de voto de las minorías.
En junio de 2023, La Corte Suprema votó por 5 a 4 a favor de anular el mapa electoral de Alabama para las elecciones al Congreso en el caso Allen contra Milligan, dictaminando que era racialmente discriminatorio y violaba la Sección 2.
Alabama había defendido su mapa electoral rediseñado, argumentando que la Ley de Derechos Electorales no exige al estado rediseñar los distritos para garantizar la representación de los negros en la delegación del estado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Un informe publicado el 8 de octubre por dos grupos activistas, Fair Fight Action y Black Voters Matter Fund, sugiere que si La Corte Suprema invalida la Sección 2, los republicanos podrían ganar hasta 19 escaños en la Cámara.
Si se invalida la Sección 2, entre el 25 por ciento y el 30 por ciento de los miembros del Caucus Negro del Congreso y el 11 por ciento de los miembros del Caucus Hispano del Congreso podrían perder sus escaños, según el informe.
Los votantes emiten sus votos en la iglesia bautista St. David's, en el distrito 9 de Nueva Orleans, el 5 de noviembre de 2024. El caso de La Corte Suprema Louisiana contra Callais podría prohibir el uso de la raza en la redistribución de distritos electorales y plantear dudas sobre si la Ley del Derecho al Voto se ajusta a la Constitución de los Estados Unidos. (Sandy Huffaker/AFP a través de Getty Images)
Sentencia del Tribunal de Distrito
Anteriormente, en este caso, la jueza Shelly Dick, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Medio de Luisiana, dictaminó que una versión anterior del mapa electoral del estado, que incluía solo un distrito electoral con mayoría negra, discriminaba a los votantes negros, que constituyen casi un tercio de la población del estado.La jueza ordenó al estado crear un segundo distrito con mayoría negra tras determinar que, de no hacerlo, probablemente infringiría la Sección 2.
Un grupo de votantes no negros presentó una demanda, argumentando que el mapa con dos distritos con mayoría negra discriminaba a las minorías al incurrir en "una segregación racial explícita de los votantes".
En abril de 2024, un panel dividido de jueces federales del Distrito Oeste de Luisiana coincidió con los votantes no negros en que el mapa electoral con dos distritos con mayoría negra era un gerrymandering racial inconstitucional que perjudicaba a los votantes no negros.
Después de que La Corte Suprema se negara a dictar una sentencia en junio, el alto tribunal centró más el caso, ordenando a las partes litigantes que presentaran argumentos sobre si la creación de un segundo distrito congresional con mayoría minoritaria violaba la 14.ª o la 15.ª Enmienda.
La 14.ª Enmienda garantiza la igualdad de protección ante la ley. La 15.ª Enmienda prohíbe al Gobierno federal y a los estados interferir en los derechos de voto basándose en la raza de los ciudadanos.
La Corte Suprema había votado en mayo de 2024 exigir a Luisiana que utilizara el controvertido mapa electoral que creaba el segundo distrito con mayoría negra en las elecciones de ese año.
La secretaria de Estado de Luisiana, Nancy Landry, había declarado anteriormente en una solicitud al tribunal superior que no seguir adelante con el mapa tan cerca de las elecciones de 2024 causaría "caos".
Sin embargo, la fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, declaró a The Epoch Times en agosto que su estado lleva mucho tiempo defendiendo que "la jurisprudencia de La Corte Suprema sobre la redistribución de distritos debe cambiar drásticamente o ser revocada".
"Al exigir a las legislaturas estatales que tracen mapas que clasifican a los votantes por raza, nos obliga a violar la Constitución federal", afirmó en ese momento.
La oficina de Murrill presentó un escrito ante La Corte Suprema el 27 de agosto.
La fiscal general de Luisiana, Liz Murrill, habla frente al edificio federal Hale Boggs en Nueva Orleans el 19 de mayo de 2025. Murrill criticó una orden anterior de La Corte Suprema que exigía un mapa del Congreso que creara un segundo distrito con mayoría negra, afirmando que obligaba al estado a violar la Constitución de los Estados Unidos. (David Grunfeld/The Times-Picayune/The New Orleans Advocate vía AP)"[Las clasificaciones raciales] son, por su propia naturaleza, odiosas para un pueblo libre cuyas instituciones se basan en la doctrina de la igualdad", afirma el escrito, citando un precedente de 1993.
Las clasificaciones raciales relacionadas con el derecho al voto "son especialmente odiosas" porque "perjudican a los votantes de todas las razas cuyo color de piel determina su distrito electoral", añade el escrito.
Press Robinson, litigante en el caso paralelo Robinson contra Callais, presentó un escrito el 3 de octubre en el que instaba a La Corte Suprema a no derogar la Sección 2 ni el mapa electoral que creó el segundo distrito con mayoría negra. Tanto el mapa como la Sección 2 siguen siendo necesarios, según el escrito.
Cuando Luisiana redistribuyó los distritos, cumplió con la Sección 2, que es una "prohibición permanente y nacional de la discriminación racial en el voto", según el escrito.
Según el escrito, en la década de 1870, el estado impidió que los negros realizaran cargos públicos y, hasta la década de 1960, utilizó pruebas de alfabetización para "preservar la supremacía blanca", según el escrito, que cita el caso Louisiana contra Estados Unidos, una sentencia de La Corte Suprema de 1965.
Estados Unidos solo comenzó a salir de este período de "exclusión racial casi absoluta después de la promulgación de la Ley del Derecho al Voto en 1965".
En lugar de decidir sobre la constitucionalidad de la redistribución de distritos basada en la raza, La Corte Suprema debería limitar su fallo a la cuestión de si la SB8, la legislación estatal que autorizó la redistribución, es constitucional, según el escrito.
Los expertos opinan
Jim Burling, vicepresidente de asuntos legales de la Pacific Legal Foundation, dijo que el problema de trazar el segundo distrito con mayoría negra es que obliga a quienes trazan las líneas a "tener muy en cuenta la raza" al hacerlo."El conflicto aquí es que, durante años, la Ley del Derecho al Voto se ha interpretado en el sentido de que exige una redistribución de distritos mucho más consciente de la raza que neutral en cuanto a la raza", declaró Burling a The Epoch Times.
Añadió que se supone que Estados Unidos es "una sociedad que no distingue colores", pero la Ley del Derecho al Voto "dice que hay que tener en cuenta la raza, al menos tal y como se ha interpretado".
Parece que La Corte Suprema va a determinar si la sección 2 de la Ley del Derecho al Voto, al menos tal y como se ha interpretado, es inconstitucional", afirmó Burling.
Los jueces parecen estar cada vez "más cansados de ver las contorsiones que hacen los estados para cumplir con la sección 2", añadió.
"Aquí se están produciendo ficciones sobre ficciones, y creo que el tribunal podría decir: "Ya basta de esta farsa"".
Douglas Blair, director de comunicaciones de la Fundación Legal de Interés Público, dijo que trazar un mapa electoral con fines raciales es "explícitamente contrario a la 15.ª Enmienda".
La Corte Suprema en Washington el 6 de octubre de 2025. El 15 de octubre, La Corte Suprema verá un caso de manipulación racial relacionado con la constitucionalidad de la creación, ordenada por un tribunal inferior, de un segundo distrito congresional con mayoría negra en Luisiana. (Madalina Kilroy/The Epoch Times)En este caso, los partidarios del mapa han dicho que las líneas tenían que trazarse "basándose en fines raciales", dijo Blair a The Epoch Times.
"La Constitución es muy clara: no se pueden tener motivaciones raciales al trazar los mapas, pero sí se pueden tener motivaciones partidistas".
La actual La Corte Suprema ha demostrado que está dispuesta a anular los precedentes que "no realizan un examen minucioso", lo que sugiere que los jueces fallarán a favor de quienes impugnan el mapa electoral, dijo Blair.
La fundación presentó un escrito el 23 de septiembre en apoyo de los impugnantes.
La 15.ª Enmienda "invalida los mapas basándose en las conclusiones fácticas [del tribunal inferior] de que el trazado del mapa tuvo motivaciones raciales". Dicho mapa es "inválido en virtud de la 15.ª Enmienda, y punto", afirma el escrito.
La Corte Suprema tiene ahora la oportunidad de "completar la "obra inconclusa" de la Decimoquinta Enmienda y poner fin a la asignación de poder basada en el color de la piel", 155 años después de la promulgación de la enmienda, añade el escrito.
Steven J. Allen, investigador principal del Centro Nacional de Política y Derecho, dijo que su conjetura es que La Corte Suprema dictaminará que la redistribución de distritos basada en la raza es inconstitucional, pero que los jueces podrían redactar un fallo restrictivo que limite el efecto de la decisión.
Allen afirmó que la redistribución de distritos basada en la raza es inconstitucional porque la raza es "una categoría inventada, es arbitraria". Las categorías raciales cambian con el tiempo, y las categorías que se utilizan hoy en día en Estados Unidos "ni siquiera son las que teníamos hace 20 años", declaró a The Epoch Times.
Puede que haya habido un momento en el que se pudiera argumentar que era tan difícil que los negros fueran elegidos para el Congreso que era necesario delimitar los distritos para darles un punto de apoyo en la política electoral, afirmó.
Hoy en día, sin embargo, "estamos entrando en una era en la que el color de la piel de una persona no importa a la hora de ser elegida senador, gobernador, presidente o cualquier otro cargo... no es necesario hacer [una redistribución de distritos] como antes", dijo Allen.
"Una vez que se llega a esa etapa, no hay absolutamente ninguna justificación para trazar un distrito con el fin de elegir a alguien que tenga un aspecto determinado".
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