La administración Trump puede, por el momento, seguir sin financiar íntegramente el programa de cupones de alimentos hasta que el Congreso apruebe nuevos fondos, según dictaminó la Corte Suprema de EE. UU. a última hora del 11 de noviembre.
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como programa de cupones de alimentos, proporciona ayuda económica para la compra de alimentos a unos 42 millones de personas.
La corte prorrogó hasta las 11:59 p. m. del 13 de noviembre una suspensión administrativa que concedió el 7 de noviembre y que bloqueaba las decisiones de las cortes inferiores que ordenaban a la administración Trump redirigir unos USD 4 mil millones de ingresos por aranceles al SNAP, además de los USD 4.6 mil millones que ya había utilizado de un fondo de contingencia. Una suspensión administrativa da a los miembros de una corte más tiempo para considerar un asunto urgente.
La nueva orden sin firmar en el caso Rollins contra el Consejo de Iglesias de Rhode Island no proporcionó los motivos de la decisión.
La jueza Ketanji Brown Jackson indicó que denegó la prórroga y la solicitud de emergencia del gobierno federal y no explicó su disconformidad.
El 7 de noviembre, Jackson Jackson suspendió temporalmente las órdenes adversas de las cortes inforiores hasta que la Corte de Apelación del Primer Circuito de Estados Unidos emitiera una explicación por escrito en la que se expusieran los motivos por los que denegaba la apelación de la administración contra esas sentencias. Esa explicación se publicó el 10 de noviembre, lo que llevó a la administración a solicitar a Jackson que ampliara su suspensión.
Los abogados del gobierno afirmaron que el poder judicial no tenía la facultad de obligar a la Administración a pagar el SNAP, y que la interrupción de la financiación estaba a punto de resolverse, ya que el Congreso avanzaba hacia un acuerdo para poner fin al cierre del gobierno que comenzó el 1 de octubre.
"El Congreso parece estar a punto de romper el punto muerto, aunque ese resultado es incierto. Las órdenes ilegales de la corte de distrito corren el riesgo de alterar ese compromiso y poner en duda la financiación de innumerables programas federales críticos, un punto sobre la equidad que escapó a la corte de apelaciones", escribieron en un escrito. "Esta corte debería suspender estos edictos injustos para permitir que el proceso político que se está desarrollando rápidamente llegue a su conclusión".
El Consejo Estatal de Iglesias de Rhode Island y otros grupos y municipios que demandaron la decisión de la administración de no financiar el SNAP sin nuevas asignaciones del Congreso dijeron en una respuesta que el gobierno debería verse obligado a utilizar los ingresos arancelarios para financiar íntegramente el SNAP durante el mes de noviembre.
"La equidad en este caso no podría ser más clara. La gente necesita comida ahora, y el temor especulativo del gobierno de que los programas de nutrición infantil puedan quedarse sin financiación en algún momento del próximo año si el gobierno utiliza esos fondos para el SNAP no puede superar el daño inmediato que millones de estadounidenses están sufriendo hoy en día", afirmaron.
En otro caso, presentado por los estados que ayudan al Departamento de Agricultura a administrar el SNAP, otro juez bloqueó el 10 de noviembre el memorándum del departamento del 8 de noviembre que ordenaba a los estados que proporcionaron las prestaciones completas de noviembre que deshicieran las medidas que habían tomado. Durante una audiencia celebrada más tarde ese mismo día, la juez federal de distrito Indira Talwani dijo que emitiría una orden por escrito en la que expondría su decisión.
