La nueva estrategia antidrogas de la Casa Blanca condiciona la cooperación con México a resultados tangibles, incluidos arrestos, procesos judiciales y extradiciones de líderes criminales.
"Llevaremos la lucha al enemigo con una ofensiva implacable", afirmó Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, en una carta que acompaña el documento estratégico de casi 200 páginas publicado el 4 de mayo.
"La era de la contención ha fracasado".
En referencia a la cooperación con México, el documento señala que la asistencia estadounidense incluirá programas de fortalecimiento institucional, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y respaldo a operaciones conjuntas. Sin embargo, precisa que este apoyo estará condicionado.
"Esta asistencia estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, procesar y extraditar a líderes de FTOs y para desmantelar laboratorios de drogas sintéticas".
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El Departamento de Estado, a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), liderará los esfuerzos diplomáticos de cooperación con el gobierno mexicano para "atacar y desmantelar grupos criminales y terroristas que operan dentro de su territorio".
En este contexto, la Casa Blanca subraya que la frontera terrestre de casi 2000 millas con México continúa como el principal punto de ingreso de drogas ilícitas hacia Estados Unidos. El Informe identifica a los cárteles mexicanos como los principales responsables de la producción y tráfico de fentanilo y metanfetamina, considerados la amenaza más significativa.
También advierte que estas organizaciones controlan redes globales que abarcan desde la obtención de precursores químicos, principalmente de China, hasta la producción y distribución en territorio estadounidense, y que operan con niveles de violencia que desafían la autoridad del Estado mexicano en ciertas regiones. En paralelo, la estrategia introduce un cambio de enfoque al considerar a estos grupos como organizaciones terroristas extranjeras.
"Esta designación no es meramente simbólica; es un detonante estratégico que redefine el enfoque del Gobierno de Estados Unidos de un problema tradicional de aplicación de la ley a una amenaza de seguridad nacional".
La Casa Blanca también declaró en una nota informativa publicada el mismo día que "la estrategia amplía y formaliza las operaciones conjuntas a través de los grupos de trabajo de Seguridad Nacional y refuerza la seguridad fronteriza con el apoyo del Departamento de Guerra".
Las muertes atribuidas a sobredosis de drogas se dispararon en los últimos años, aunque disminuyeron a partir de 2022 y de nuevo entre 2023 y 2024, según indicaron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades en un informe de datos publicado en enero.
En ese marco, funcionarios estadounidenses han atribuido a políticas de control fronterizo recientes una reducción significativa en el flujo de drogas. Durante una intervención pública, el encargado de temas fronterizos, Tom Homan, señaló que las restricciones provocaron una caída cercana a 60 % en la disponibilidad de fentanilo en Estados Unidos, lo que impactó directamente en las finanzas de los cárteles, al punto de reducir sus ingresos y obligarlos a redirigir operaciones hacia otras regiones.
Por su parte, la directora de Política Nacional de Control de Drogas, Sara Carter, afirmó que el endurecimiento de las medidas de seguridad contribuyó a disminuir tanto la migración irregular como el tráfico de estupefacientes. Según sus declaraciones, el ingreso de fentanilo se redujo en más de la mitad, en un rango de 56 % a 57 %, tras acciones dirigidas a vigilar la cadena de suministro internacional de precursores químicos.
Las autoridades también sostienen que la presión sobre estas redes modificó su modelo operativo, afectando la pureza y composición de las sustancias en el mercado ilegal. Datos de la Administración para el Control de Drogas indican que la proporción de pastillas con dosis potencialmente letales disminuyó, al igual que la pureza del fentanilo en polvo.
Recientemente, el Departamento de Justicia (DOJ) acusó a 10 funcionarios mexicanos de alto rango por delitos relacionados con el narcotráfico y armas, así como por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Entre ellos destacan el gobernador en licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza.
Este caso toma relevancia ya que en febrero de 2025, la Casa Blanca designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera junto a otros cárteles mexicanos y grupos criminales latinoamericanos.
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Rocha y los otros acusados habrían protegido a los líderes del cártel de su investigación, arresto y enjuiciamiento. También se les acusa de haber usado las fuerzas del orden estatales y municipales para proteger los cargamentos de drogas almacenados y en tránsito hacia Estados Unidos.
Sobre el caso específico de Rocha, el DOJ afirma que fue electo en su cargo con ayuda de los miembros del cártel que utilizaron el secuestro e intimidación de sus rivales para que pudiera convertirse en gobernador del estado, que limita con Estados Unidos.
"El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estos cargos envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que trabajan con narcotraficantes: sin importar su título o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia", declaró el fiscal Jay Clayton sobre el caso.
Con información de Darlene McCormick Sanchez y Laura Estela.
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