La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no escuchar la impugnación basada en la Primera Enmienda presentada por una organización de periodismo de investigación a una ley de Oregon de décadas que prohíbe la mayoría de las grabaciones secretas de conversaciones orales.
El grupo de periodismo encubierto Project Veritas argumentó que la ley estatal de privacidad conversacional violaba la Primera Enmienda. En enero, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Noveno Circuito falló por 9 votos a 2 que la ley no violaba el derecho a la libertad de expresión del grupo.
La Corte Suprema desestimó la solicitud en el caso Project Veritas vs. Vasquez sin comentarios en una orden no firmada el 6 de octubre. Ningún juez disintió.
Los demandados fueron demandados en ejercicio de sus funciones oficiales. Uno es Nathan Vásquez, fiscal de distrito del condado de Multnomah; el otro es Dan Rayfield, fiscal general de Oregón.
En su solicitud del 7 de abril , Project Veritas describió la ley de grabación de audio de Oregon como "una excepción a nivel nacional" porque requiere que "cualquier persona en casi cualquier conversación [sea informada] de que sus palabras están siendo grabadas".
Este requisito "obstaculiza gravemente el periodismo de investigación moderno" y socava la Primera Enmienda "al prohibir efectivamente el uso de las herramientas de información más poderosas de la actualidad: grabaciones de audio discretas", dice la solicitud.
Project Veritas argumentó en su demanda que la ley de privacidad infringía su derecho a la libertad de expresión y dificultaba que sus periodistas grabaran las protestas en Portland, Oregón, que estallaron tras la muerte de George Floyd en mayo de 2020 bajo custodia policial de Minneapolis.
Una corte de distrito federal de Oregón determinó que no hubo violación de la Primera Enmienda y concedió la moción del estado de desestimación.
Posteriormente, un panel de tres jueces del Noveno Circuito dictaminó que la ley constituía una restricción inconstitucional a la libertad de expresión basada en el contenido. Posteriormente, un panel de 11 jueces del Noveno Circuito revocó la decisión, confirmando la ley, según la solicitud.
"Este caso presenta una oportunidad crucial para que esta Corte aclare la doctrina de la Primera Enmienda, asegurándose de que se alinee con las realidades del periodismo moderno y el uso de la tecnología para la expresión efectiva y la rendición de cuentas", argumentaron los abogados de Project Veritas en la solicitud.
En un escrito del 23 de junio, el Procurador General de Oregón, Benjamin Gutman, instó a la Corte Suprema a no escuchar el caso.
La ley estatal protege la libertad de elegir si se habla en público al exigir que se notifique a todos los participantes antes de que se graben la mayoría de las conversaciones presenciales. El escrito indica que este requisito legal permite a los oradores decidir si desean dirigirse a un público más allá de quienes están al alcance del oído.
"Una persona que está dispuesta a hablar en un contexto —una reunión de Alcohólicos Anónimos, un confesionario, una conversación en voz baja con un amigo cercano en un banco del parque— no necesariamente quiere que su declaración se conserve a perpetuidad para que pueda ser compartida con otros", señala el informe.
La decisión del Noveno Circuito no está en conflicto con ninguna decisión de la Corte Suprema o de cualquier otra corte de apelaciones, señala el escrito.
Un representante de la oficina del fiscal general de Oregón elogió la decisión de la Corte Suprema de denegar la solicitud.
El fallo reafirma "un principio simple pero importante: que los habitantes de Oregón tienen derecho a saber cuándo están siendo grabados y a elegir cómo y cuándo se comparten sus palabras", dijo Jenny Hansson, directora de comunicaciones de la oficina, a The Epoch Times.
La ley estatal "logra un equilibrio entre la transparencia y la privacidad, reconociendo que el consentimiento y el contexto son importantes. Ya sea un grupo de apoyo privado, una conversación con un amigo o un momento difícil compartido en confianza, las personas merecen la dignidad de decidir si esas palabras perduran en el tiempo", afirmó.
The Epoch Times contactó al abogado de Project Veritas, Benjamin Barr, de Barr and Klein en Chicago, para solicitar comentarios. No se recibió respuesta al cierre de esta edición.
Katabella Roberts contribuyó a este artículo.
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