El condado de Los Ángeles está considerando reestablecer las protecciones contra los desalojos similares a las que se aplicaron durante COVID-19, con el objetivo de proteger a los inmigrantes ilegales afectados por las redadas federales de inmigración.
La Junta de Supervisores ordenó al personal que estudiara opciones políticas que impidieran a los propietarios desalojar a los inquilinos cuya capacidad para pagar el alquiler se vio afectada por las operaciones de control de la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), incluyendo la detención y deportación de miembros del hogar.
La votación de 4 a 0 del 16 de septiembre, con la ausencia de la supervisora Kathryn Barger, señala un posible resurgimiento de las normas de vivienda de emergencia que en su día detuvieron los desalojos en toda la región durante el apogeo de la pandemia.
Los defensores de la medida argumentan que es esencial en un condado donde las recientes redadas sembraron el miedo generalizado, lo que llevó a los trabajadores a faltar a sus turnos y a las familias a lidiar con una repentina pérdida de ingresos. Los críticos, entre los que se encuentran los grupos de propietarios de viviendas de alquiler, sostienen que supone una carga injusta para los propietarios, que ya se enfrentan a un mercado difícil, y que corre el riesgo de que se produzca un éxodo de viviendas accesibles.
La supervisora Lindsey Horvath, que copatrocinó la moción junto con Hilda Solís, calificó la iniciativa como una emergencia.
"Las emergencias a las que nos enfrentamos... son reales. No son teóricas, y tenemos que actuar ahora", dijo Horvath durante la reunión de la junta.
Los agentes del ICE llevaron a cabo operaciones a gran escala en lugares de trabajo y barrios del sur de California desde principios de este año, deteniendo a cientos de personas y provocando protestas. Una sentencia la Corte Suprema de Estados Unidos del 8 de septiembre allanó el camino para que el ICE procediera con la aplicación de la ley, rechazando las denuncias de sesgo racial en las detenciones.
Investigadores de la Universidad de California, Merced, documentaron en un informe una caída inmediata del 3.1 por ciento en el empleo en todo el estado tras las primeras redadas, atribuyéndola en parte al ausentismo provocado por el miedo a ser detenido.
La propuesta proporcionaría a los hogares que cumplan los requisitos hasta USD 5 mil en ayudas y da prioridad a los inquilinos y propietarios de zonas con necesidades altas y muy altas, así como a aquellos con ingresos familiares iguales o inferiores al 80 por ciento de la renta media del condado. También se daría prioridad a los casos en los que la subvención cubriera íntegramente la deuda de alquiler de los inquilinos y a los propietarios que posean un máximo de cuatro viviendas en alquiler.
La medida cuenta con una financiación de USD 10 millones que incluye USD 1.2 millones procedentes de los fondos de la Ley del Plan de Rescate Estadounidense y USD 8.8 millones de los fondos del programa Inversión Comunitaria Prioritaria de Cuidado. La iniciativa también apoya a los inquilinos y propietarios elegibles afectados por los incendios forestales de enero.
Los partidarios de la medida afirmaron que la acción de la junta era vital. Xochitl Cobarruvias, presidenta de LCLAA, una organización que representa a los trabajadores latinos, dijo a los supervisores que, sin intervenciones, la gente podría acabar sin hogar.
"La gente está pasando apuros económicos porque perdió su principal fuente de ingresos. Para las familias que ya viven al día, la pérdida de una sola semana de ingresos podría llevarlas al borde del desalojo", afirmó.
No todo el mundo ve estas iniciativas como una solución. Los representantes del sector del alquiler establecieron un paralelismo con la era de COVID-19, cuando los propietarios absorbieron millones en alquileres impagados.
Daniel Yukelson, director ejecutivo y consejero delegado de la Asociación de Apartamentos del Gran Los Ángeles, destacó la precaria situación en la que la política coloca a los inversores inmobiliarios habituales.
"Si nos fijamos en los pequeños propietarios familiares, muchos de ellos siguen luchando desde hace varios años bajo las moratorias de COVID", declaró Yukelson a The Epoch Times el 18 de septiembre. "Muchos de ellos siguen teniendo alquileres impagados que supusieron un enorme golpe financiero".
Detalló los efectos en cadena que esto tiene sobre los pequeños operadores, que a menudo gestionan solo un puñado de unidades.
"Cuando tienes un propietario que, por ejemplo, tiene cuatro unidades, si un inquilino deja de pagar, perdió el 25 por ciento de sus ingresos, lo que hace muy difícil cumplir con los pagos de la hipoteca y el mantenimiento continuo", explicó Yukelson.
El aumento de las primas de los seguros debido al riesgo de incendios forestales y la ampliación de las normas de responsabilidad civil agravaron la situación, añadió, lo que empujó a muchos a vender sus propiedades o a trasladar sus inversiones a otros lugares.
Más allá de las finanzas inmediatas, Yukelson advirtió de consecuencias más sutiles. Aunque la ley de California prohíbe preguntar por el estatus migratorio, predijo que los propietarios endurecerían los criterios en general.
"Lo que sucederá es que los propietarios se volverán mucho más restrictivos a la hora de aceptar inquilinos", afirmó. "Las personas que se encuentran en una situación límite, las familias que se encuentran en una situación límite y necesitan desesperadamente una vivienda, lamentablemente no la conseguirán".
Según la asociación, más del 80 por ciento de los alquileres residenciales de California pertenecen a operadores independientes, no a grandes empresas, lo que los hace especialmente vulnerables a los cambios de política.
"Sienten que se les está obligando a abandonar el negocio", dijo Yukelson. "Y eso va a convertirse en un gran problema, ya que perderemos a estos propietarios que normalmente proporcionaron viviendas accesibles en sus comunidades".
La directiva de la junta se complementará con un informe en dos semanas con un resumen de las medidas de protección contra el desalojo viable.
Únase a nuestro canal de Telegram para recibir las últimas noticias al instante haciendo clic aquí
