El Ministerio de Comercio de China anunció la apertura de una investigación formal sobre las "medidas restrictivas" que el gobierno de México planea aplicar en materia de comercio e inversión, incluidas las alzas arancelarias a productos provenientes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, como el gigante asiático.
Según indicó este jueves la institución, la investigación —efectiva desde hoy— analizará tanto la propuesta mexicana de elevar gravámenes a 1463 fracciones arancelarias como otras restricciones impuestas en los últimos años contra bienes y capitales chinos.
El procedimiento se ampara en la Ley de Comercio Exterior del país y en las normas que regulan las pesquisas sobre barreras al comercio exterior.
La administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, incluyó en su Paquete Económico 2026 la aplicación de los aranceles máximos permitidos por la Organización Mundial del Comercio (OMC) a sectores estratégicos como automóviles, autopartes, acero, plásticos, textiles, calzado o juguetes.
La medida, que aún requiere aprobación legislativa, cubriría importaciones valoradas en unos 52,000 millones de dólares, equivalentes al 8.6 % del total nacional.
Ente una de las recientes medidas, el secretario de Economía del país, Marcelo Ebrard, anunció el 10 de septiembre que el gobierno de México subiría los aranceles que se aplican a los autos chinos, del 20% al 50% .
Un portavoz del Ministerio de Comercio advirtió que, de concretarse, los incrementos arancelarios “no solo dañarían los intereses de los socios comerciales de México, incluida China, sino que afectarían gravemente la certidumbre de su propio entorno de negocios, minando la confianza de las empresas extranjeras para invertir en el país”.
El ejecutivo chino subrayó asimismo que, en un contexto internacional marcado por el uso de gravámenes por parte de Estados Unidos, “los países deben oponerse conjuntamente al unilateralismo y al proteccionismo, y no sacrificar los intereses de terceros bajo la coerción de otros”.
La investigación tendrá una duración inicial de seis meses, prorrogable hasta un máximo de nueve en caso de circunstancias excepcionales.
Durante ese periodo, el ministerio podrá recabar información mediante cuestionarios, audiencias e inspecciones, y las partes interesadas dispondrán de 20 días para presentar sus observaciones iniciales.
Con esta decisión, Beijing busca “salvaguardar con firmeza los derechos e intereses legítimos de sus industrias”, concluyó el comunicado.
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