El presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Ángel Bravo Martínez, fue asesinado a tiros este sábado 13 de junio semanas después de haber denunciado una agresión armada en carretera y reportes de que había solicitado la protección a las autoridades del estado.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) confirmó que el alcalde murió tras un ataque con disparos de arma de fuego en el municipio de la región Mixteca.
Según los primeros reportes, un grupo de hombres armados atacó al alcalde en su domicilio durante esta mañana.
La Fiscalía estatal dijo en un comunicado que ya inició las investigaciones correspondientes para delitos de alto impacto.
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Agregó que equipos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y del Instituto de Servicios Periciales fueron enviados al lugar del ataque para realizar el procesamiento de la escena y la recolección de evidencias.
Por su parte, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, condenó "enérgicamente" el asesinato y dijo que instruyó a las autoridades para que el crimen no quede impune. "En Oaxaca no permitiremos que la violencia se imponga sobre la ley ni sobre la voluntad de nuestras comunidades".
Bravo Martínez, de 53 años, llegó a la presidencia del municipio de San Miguel Amatitlán por el Partido Acción Nacional (PAN) y había participado en las elecciones de 2024 como candidato de la coalición del PAN, PRI y PRD.
El homicidio ocurrió semanas después de que el edil denunciara haber sido víctima de una agresión en carretera.
De acuerdo con reportes de medios locales, el pasado 22 de mayo hombres armados interceptaron el vehículo en el que viajaba con personal de su equipo sobre la carretera Acatlán-Oaxaca y lo golpearon.
Medios nacionales indican que el presidente municipal había manifestado preocupaciones por su seguridad tras ese ataque y que habría solicitado protección a las autoridades de Oaxaca.
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Las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen.
El asesinato a funcionarios públicos en México es un delito que persiste en el país. En 2025, la organización Data Cívica documentó al menos 136 asesinatos de funcionarios de gobierno o aspirantes a un cargo de elección judicial en México, dentro de un total de 246 ataques registrados ese año.
