Se espera que el secretario de Estado Marco Rubio testifique esta semana en el juicio contra el exrepresentante David Rivera (R-Fla.), acusado de ejercer presión política a favor de Venezuela.
El juicio comienza el 23 de marzo, y está previsto que Rubio declare al día siguiente sobre su relación con Rivera, un amigo de larga data que también fue su compañero de vivienda durante su paso por la Legislatura de Florida.
La fiscalía sostiene que Rivera actuó como agente remunerado del exlíder venezolano Nicolás Maduro, utilizando sus contactos republicanos en el Congreso para intentar influir en la Casa Blanca a fin de que suavizara su postura hacia el gobierno socialista de Venezuela.
Según las acusaciones, Rivera obtuvo un contrato de cabildeo por valor de 50 millones de dólares de la funcionaria venezolana Delcy Rodríguez, con pagos vinculados a la compañía petrolera estatal PDVSA. Los fiscales afirman que Rivera colaboró con el representante Pete Sessions (R-Texas) y con un individuo condenado por sus vínculos con un cártel de la droga para concertar reuniones con funcionarios estadounidenses y con ExxonMobil. Sessions no ha sido imputado.
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El caso pone de relieve la arraigada influencia de Miami en la política estadounidense hacia América Latina, especialmente dada su historia como epicentro de exiliados políticos y de activismo anticomunista.
Asimismo, se prevé que Rodríguez sea objeto de escrutinio. Los fiscales sostienen que ella recurrió a Rivera para organizar reuniones en ciudades importantes —entre ellas Nueva York, Washington, Dallas y Caracas Venezuela— en un intento por recabar apoyo para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Si bien dichos esfuerzos fracasaron en un principio, la evolución de la dinámica política ha hecho que, desde entonces, dicha normalización resulte más plausible.
Rivera fue arrestado y acusado en 2022 de lavado de dinero y de no registrarse como agente extranjero. Los fiscales alegan que utilizó comunicaciones encriptadas para ocultar su labor, incluido un grupo de chat llamado "MIA" (por Miami). Uno de sus contactos clave fue la figura mediática venezolana Raúl Gorrín, quien también fue acusado en los Estados Unidos de soborno.
Según los fiscales, los miembros del grupo supuestamente utilizaban un lenguaje codificado: a Maduro se le denominaba "el conductor del autobús", a Sessions, "Sombrero", y al dinero, "melones".
Rivera niega todas las acusaciones. Su equipo legal argumenta que su firma de consultoría fue contratada por una subsidiaria con sede en Estados Unidos de la compañía petrolera de Venezuela —y no directamente por PDVSA—, lo que significa que no estaba obligado a registrarse como agente extranjero.
Los abogados de Rivera también sostienen que su labor se centró en ayudar a Citgo —empresa de propiedad venezolana— a operar dentro del sector energético estadounidense, y que esto era independiente de sus gestiones políticas, las cuales, según afirman, tenían como objetivo respaldar una transición hacia un liderazgo en Venezuela más favorable a Estados Unidos.
Sin embargo, una demanda civil relacionada alega que Rivera realizó una parte ínfima del trabajo contratado y utilizó el acuerdo para encubrir actividades ilegales de cabildeo. De los aproximadamente 20 millones de dólares que recibió, los fiscales afirman que 3.75 millones se destinaron al mantenimiento del yate de lujo de Gorrín.
Aunque Rubio no ha sido acusado de conducta ilícita alguna, los fiscales señalan que Rivera lo consideraba un aliado crucial para obtener acceso a la Casa Blanca.
Según documentos judiciales, Rivera se reunió con Rubio en su residencia de Washington en julio de 2017 y, posteriormente, le habló sobre los esfuerzos para persuadir a Maduro de que accediera a celebrar elecciones libres. En un mensaje de seguimiento, Rivera instó a Rubio a respaldar las negociaciones, escribiendo que Estados Unidos debería "facilitar" una solución pacífica.
Tras otra reunión en la que participaron Rubio, Rivera y Gorrín, Rivera supuestamente sugirió que Maduro tendría que compensarlo por haber gestionado el acceso al senador, dando a entender que tales contactos eran esenciales para sus gestiones.
La iniciativa se desmoronó rápidamente. Más tarde ese mismo mes, el presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a Maduro —a quien calificó de "dictador"— y lanzó una campaña para destituirlo del poder. Posteriormente, Rubio respaldó públicamente la postura de línea dura adoptada por la administración.
Con información de The Associated Press.
