El 14 de julio, una jueza federal rechazó el intento del Departamento de Justicia de obtener los datos personales privados de todos los votantes registrados en Nuevo México, lo que se suma al número total de casos que el Departamento de Justicia ha perdido en los que ha solicitado información similar.
La jueza federal de distrito Judith C. Herrera desestimó la última demanda sobre el censo electoral, dictaminando que la carta de requerimiento del departamento carecía de hechos, de pruebas de un patrón de infracciones y de explicaciones sobre su necesidad.
El tribunal consideró que "la carta de requerimiento del Departamento de Justicia no prospera porque carece por completo de una “base” identificable".
En ningún momento el Departamento de Justicia expone ningún indicio fáctico de que Nuevo México haya infringido la NVRA [Ley Nacional de Registro de Votantes] o la HAVA [Ley de Ayuda al Voto en Estados Unidos], ni indica que el estado tenga un patrón o una práctica de incumplimiento de las mismas, ni explica cómo la información de identificación personal (PII) sin censurar es necesaria para evaluar el cumplimiento de la NVRA y la HAVA".
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La secretaria de Estado de Nuevo México, Maggie Toulouse Oliver, se mostró de acuerdo con la decisión del tribunal.
"Me complace la decisión del tribunal de desestimar este caso. Existen medidas de protección legales, tanto federales como estatales, sobre los números de la Seguridad Social y las fechas de nacimiento para proteger la identidad de todos los votantes de nuestro estado", afirmó.
Reiteró su compromiso con las medidas de seguridad implantadas bajo su liderazgo.
"No voy a arriesgarme en absoluto a que se divulguen los datos privados de los votantes, ya que ello podría acarrear consecuencias muy reales y graves para la vida personal de los habitantes de Nuevo México que participan en nuestro proceso democrático", afirmó.
Según Oliver, el Departamento de Justicia ha sido desestimado en 14 casos similares en todo el país, al no haber conseguido, a través de estas demandas, los ficheros de votantes sin censurar de los estados que rechazaron sus solicitudes.
El 29 de junio, un juez federal desestimó la demanda del Departamento de Justicia contra Nuevo Hampshire. El estado se negó a revelar sus listas de registro de votantes de todo el estado sin censurar.
En un fallo de 26 páginas, el juez federal de distrito Joseph Laplante declaró que esos registros de votantes generados por el estado no entran dentro de los documentos que el gobierno federal puede exigir en virtud del Título III de la Ley de Derechos Civiles de 1960.
En abril, los jueces desestimaron casos similares en Arizona y Massachusetts. En febrero, un juez rechazó una solicitud del Departamento de Justicia para obtener información similar en Míchigan.
En enero, un juez federal de Oregón dictó sentencia en la misma línea. El juez federal de distrito Mustafa Kasubhai desestimó la demanda del Departamento de Justicia en la que se solicitaba la lista de votantes registrados de Oregón. Durante una vista por videoconferencia, estimó la moción de los demandados para desestimar el caso.
El departamento alegó que la negativa de Oregón infringía la Ley "Help America Vote" de 2002 y la Ley de Derechos Civiles de 1960.
El Departamento de Justicia presentó demandas contra seis estados en diciembre de 2025.
Con información de Aldgra Fredley.
