Un juez federal ordenó el lunes a la Administración Trump que entregara datos en respuesta a las denuncias de que había manipulado las audiencias de fianza de los detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Aunque el juez federal de distrito Clay Land calificó en su auto estas denuncias de “conspiración”, afirmó que los procedimientos judiciales posteriores demostrarán si las acusaciones carecen de fundamento o se basan en la verdad. El juez solicitó específicamente documentos que describieran la política o las directrices sobre las decisiones de fianza entre el 1 de enero y el 1 de marzo para compararlos con los que existían durante 2024 bajo la administración Biden.
Los abogados de los inmigrantes ilegales detenidos en el caso alegaron que el poder ejecutivo convirtió todo el proceso de fianza en una “farsa”, declaró el juez.
Land resumió las pruebas presentadas por el abogado señalando que existe la percepción de que se deniegan las fianzas con mayor frecuencia, que algunos jueces de inmigración no examinan exhaustivamente el expediente y los factores pertinentes antes de denegar la fianza, y que varios jueces de inmigración han sido destituidos, lo que ha generado un temor a represalias por parte del poder ejecutivo.
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“La Corte considera que estas pruebas son insuficientes para respaldar la conclusión de que se haya producido un incumplimiento sistémico del debido proceso en el marco del procedimiento de expulsión de extranjeros”, escribió Land.
Land razonó que existen algunas pruebas de un descenso drástico en las aprobaciones de fianzas recientemente. Además, el aumento de la aplicación de la ley de inmigración bajo el mandato de Trump con un "enfoque de llevarlo al límite" crea la posibilidad de que se ignoren las salvaguardias constitucionales.
"Hasta el momento, las alegaciones presentadas ante el tribunal consisten “principalmente en rumores sin fundamento y especulaciones aderezadas con un cierto grado de argumentación exagerada”, escribió Land en su auto del lunes.
Las acusaciones de audiencias de fianza sesgadas e inconstitucionales para los detenidos de ICE procedían de varios inmigrantes ilegales, todos ellos en espera de un proceso de expulsión, recluidos en el Centro de Detención Stewart, en el condado de Stewart, Georgia.
Los detenidos por el ICE alegaron que un juez de inmigración no les proporcionó audiencias de fianza adecuadas. Diez casos similares se agruparon en uno solo, siendo Odrice Alisma la demandante en el caso principal.
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Las abogadas de Alisma, Rachel Sharma y Karen Weinstock, presentaron pruebas de sus alegaciones ante el tribunal, que el juez calificó de “circunstanciales”.
Sharma y Weinstock no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Sin embargo, Alisma y sus abogadas podrán intentar demostrar sus alegaciones en una “investigación limitada y específica”, según indicó el juez. Las pruebas que “teóricamente” podrían existir para respaldar sus acusaciones están en manos de la administración Trump.
La Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Land afirmó que consideraba "poco convincentes" las objeciones de la Administración a una mayor investigación. Añadió que esta estaba promoviendo una actitud del tipo "confíen en nosotros" sin derecho a verificar, lo que "demuestra un desconocimiento del derecho estatutario y constitucional".
Aunque la autoridad del poder ejecutivo en materia de ley de inmigración es amplia, no es ilimitada, continuó Land.
Ambas partes deben proponer un calendario conjunto para las actuaciones posteriores, incluyendo las fechas límite para las solicitudes de presentación de pruebas, las declaraciones y cualquier informe complementario una vez completada toda la presentación de pruebas, antes del 24 de marzo.
Si ambas partes no logran ponerse de acuerdo sobre un calendario, se les ordena a cada una presentar su propia propuesta de calendario antes del 24 de marzo.
