Cientos de venezolanos, que estuvieron detenidos en la mega prisión de máxima seguridad de El Salvador antes de ser devueltos a su país de origen, instaron el viernes al gobierno de Estados Unidos a cumplir con una orden judicial reciente y ofrecerles el debido proceso en una corte estadounidense.
En marzo de este año, el grupo fue enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo después de que el presidente Donald Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a inmigrantes ilegales criminales que fueron clasificados como miembros de la violenta pandilla Tren de Aragua.
El presidente pretendía utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para agilizar la deportación de presuntos pandilleros del Tren de Aragua. Trump declaró en marzo que la pandilla está "perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de Estados Unidos".
Los aproximadamente 250 venezolanos argumentaron que tienen derecho a impugnar su deportación debido a un fallo emitido el lunes por el juez federal estadounidense James Boasberg, quien ordenó que la administración Trump gestione con celeridad su regreso. Boasberg afirmó que sus deportaciones precipitadas violaron sus derechos al debido proceso y que tienen derecho a impugnar su deportación ante una corte estadounidense.
"La Corte considera que el único remedio… sería ordenar al Gobierno que deshaga los efectos de su destitución ilegal facilitando una oportunidad significativa para impugnar su designación", escribió Boasberg en su fallo del lunes.
El juez añadió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debe ofrecer al gobierno de Estados Unidos alguna ayuda para el regreso de los venezolanos, como "emitir una carta de embarque para permitir los viajes aéreos comerciales".
En una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el viernes, Ysqueibel Peñaloza, un ex detenido, habló en nombre de los cientos de personas que fueron deportadas juntas.
"Exigimos a los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador que cumplan plenamente con la orden judicial", declaró Peñaloza. "Exigimos que las autoridades de ese país creen las condiciones que nos permitan participar en la audiencia".
Según el fallo de Boasberg, la administración Trump tiene dos semanas para presentar su plan sobre cómo ofrecerá el debido proceso.
"El Gobierno también podría teóricamente ofrecer a los demandantes una audiencia sin regresarlos a Estados Unidos, siempre y cuando dicha audiencia cumpliera con los requisitos del debido proceso", dictaminó Boasberg.
Se espera que el Departamento de Justicia de Estados Unidos impugne el fallo, como lo ha hecho con muchos otros emitidos por Boasberg, incluido su reciente intento de investigar un posible desacato por parte de la administración.
La saga legal, que duró meses, comenzó cuando el juez emitió dos órdenes de restricción temporales que impedían a los funcionarios deportar a personas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Estas órdenes fueron posteriormente anuladas por la Corte Suprema, que declaró que la demanda subyacente no se había presentado con el mecanismo legal adecuado. También indicó que Trump debería garantizar algún tipo de debido proceso para los posibles deportados.
Mientras se encontraban detenidos en El Salvador, un nuevo grupo de demandantes interpuso una demanda de habeas corpus, el mecanismo legal que la Corte Suprema determinó necesario. Boasberg respondió certificando una demanda colectiva que incluía a todos los extranjeros deportados a El Salvador como parte de la declaración de Trump.
Desde entonces, la administración Trump ha aumentado las tensiones con Venezuela por las operaciones de narcotráfico en el país, lanzando ataques contra barcos cargados de droga, imponiendo un bloqueo petrolero, sancionando a familiares del régimen de Maduro e incluso dejando abierta la posibilidad de un conflicto militar.
Entre otros argumentos, el Departamento de Justicia le dijo a Boasberg que carecía de autoridad para decidir sobre el tema porque los individuos expulsados ya no estaban bajo custodia estadounidense.
Boasberg dijo en junio que no había suficiente evidencia para demostrar que la administración tenía ese tipo de custodia, pero cambió su determinación el 22 de diciembre, citando nuevos hechos que según él se desarrollaron.
"El Salvador actuó a instancias de Estados Unidos, fue indiferente a la detención de los demandantes fuera de honrar su acuerdo con Estados Unidos, y Estados Unidos conservó la capacidad de controlar su liberación del CECOT", una prisión de máxima seguridad en El Salvador, dijo.
Aunque los demandantes ya no están en El Salvador, Boasberg dijo que tenía jurisdicción porque estaban en El Salvador, y por lo tanto bajo custodia estadounidense, cuando se presentó la demanda.
Al momento de esta publicación, ni Trump ni el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, han comentado públicamente sobre las demandas de los venezolanos.
La administración Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Con información de Sam Dorman y Reuters.
