La administración Trump presentó el 13 de febrero un Plan de Acción Marítima integral destinado a resucitar el sector de la construcción naval de EE. UU., el cual ha mermado desde la Segunda Guerra Mundial y ahora ha quedado muy rezagado frente a China y otros competidores globales.
El documento de más de 30 páginas detalla una estrategia que incluye el establecimiento de zonas de prosperidad marítima para atraer inversiones, reformas a los programas de educación y capacitación de la fuerza laboral, el crecimiento de la flota comercial construida y abanderada en EE. UU., la creación de un Fondo Fiduciario de Seguridad Marítima dedicado, financiado en parte por tasas portuarias a buques fabricados en China, y una reducción de las cargas regulatorias.
En abril de 2025, la administración anunció tasas portuarias para barcos construidos en China, comenzando en 50 dólares por tonelada neta de carga a mediados de octubre de 2025 e incrementándose anualmente hasta alcanzar los 140 dólares por tonelada neta para 2028. Se proyectó que la medida generaría 3,200 millones de dólares anuales provenientes de los barcos que ingresan a los puertos de EE. UU.
China respondió el 10 de octubre de 2025 implementando sus propias tasas de 400 yuanes (56 dólares) por tonelada neta a los barcos de propiedad, operación o bandera estadounidense que atraquen en puertos chinos. Las tarifas aumentan cada año.
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Las dos economías más grandes llegaron a un acuerdo mutuo a finales de 2025 para suspender las tasas durante 12 meses, hasta octubre de 2026.
El Representante Comercial de EE. UU., Jamieson Greer, advirtió a Beijing en octubre de 2025 contra nuevas acciones después de que China sancionara a cinco subsidiarias vinculadas a EE. UU. del astillero surcoreano Hanwha Ocean por ayudar en las investigaciones estadounidenses sobre las prácticas chinas.
“Los intentos de intimidación no detendrán a Estados Unidos en la reconstrucción de su base de construcción naval”, dijo Greer en ese momento.
Propietarios de astilleros, inversores y legisladores de ambos partidos celebraron el anuncio del 13 de febrero, el cual llegó más tarde de lo previsto.
La estrategia se asemeja a la Ley de Construcción Naval e Infraestructura Portuaria para la Prosperidad y Seguridad (SHIPS) para Estados Unidos, reintroducida el año pasado por el senador Todd Young (republicano por Indiana) y el senador Mark Kelly (demócrata por Arizona).
“El anuncio de hoy debería servir como una llamada de atención para que el Congreso actúe rápidamente sobre este proyecto de ley, a fin de proporcionar las autoridades legales y los recursos necesarios para hacer realidad este plan”, dijo Young en una publicación en X. “Es hora de volver a fabricar barcos estadounidenses”.
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La Ley SHIPS propone un Fondo Fiduciario de Seguridad Marítima para redirigir los ingresos de las tasas portuarias hacia la revitalización de astilleros e infraestructura. El proyecto de ley se ha estancado en el Congreso, a pesar del respaldo partidista.
Funcionarios de la administración describieron el plan como una forma de contrarrestar el poder marítimo de China, que controla más del 50 por ciento de la capacidad mundial de construcción naval. Estados Unidos construye hoy menos del uno por ciento de los buques comerciales a nivel mundial.
Los esfuerzos anteriores incluyeron una propuesta en marzo de 2025 para establecer una oficina de construcción naval de EE. UU. con el fin de desafiar la supremacía de Beijing.
En febrero de 2025, la oficina del Representante Comercial de EE. UU. presentó sugerencias para remediar el estancamiento entre Estados Unidos y China, que incluían cargos de hasta 1.5 millones de dólares por embarcación para los barcos construidos en China.
Beijing revocó las sanciones a un astillero estadounidense en noviembre de 2025 tras la pausa en los aranceles.
Con información de Reuters.
