El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a un tribunal federal el 23 de enero que debe impedir la publicación del informe del exfiscal especial Jack Smith sobre la investigación de documentos clasificados contra el presidente Donald Trump.
La jueza federal Aileen Cannon, con sede en Florida, emitió previamente una orden judicial que bloquea la publicación del informe, pero su orden vence el próximo mes.
El Departamento de Justicia afirmó en un escrito judicial que el informe no debe hacerse público porque su publicación perjudica a los 3 acusados del caso, incluido Trump, y porque el mandato de Smith como fiscal especial estuvo "marcado por ilegalidad e impropiedad".
El nuevo escrito se presentó en el proceso penal ya desestimado contra Trump, su ex valet Waltine Nauta y el ex administrador de la propiedad Mar-a-Lago Carlos de Oliveira, que comenzó durante la administración Biden en relación con documentos clasificados que supuestamente se descubrieron en Mar-a-Lago, la residencia de Trump en Palm Beach, Florida.
Cannon desestimó una acusación sustitutiva contra Trump, Nauta y de Oliveira en julio de 2024, tras determinar que el nombramiento de Smith como fiscal era inconstitucional.
Cannon sostuvo que el nombramiento de Smith por el entonces fiscal general Merrick Garland violó la cláusula de nombramientos de la Constitución de Estados Unidos. La jueza determinó que el nombramiento era inválido porque Smith no fue nominado por el presidente Joe Biden ni confirmado por el Senado de Estados Unidos, y porque ninguna ley federal autorizó de forma específica el nombramiento.
El Departamento de Justicia, entonces bajo el control de la administración Biden, apeló la desestimación.
Más tarde, después de que Trump ganó la elección en noviembre de 2024, Smith retiró su acusación contra el entonces presidente electo, quien enfrentó cargos por obstrucción de la justicia y retención ilegal de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca en enero de 2021.
Smith renunció como fiscal especial el 10 de enero de 2025, 10 días antes de que Trump asumiera como el 47.º presidente del país.
En febrero de 2025, la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el 11.º Circuito concedió la solicitud del Departamento de Justicia para desestimar los cargos contra Nauta y de Oliveira. Los 2 hombres enfrentaron cargos por ocultar documentos clasificados y conspiración para obstruir la justicia.
El escrito del 23 de enero se presentó en apoyo de la moción de Trump del 20 de enero para bloquear de forma permanente la publicación del segundo volumen del informe de Smith, que aborda la investigación penal relacionada con el presunto manejo indebido y ocultamiento de documentos clasificados por Trump y sus entonces coacusados. La orden judicial temporal que bloquea la publicación vence el 24 de febrero.
Esa moción sostiene que la publicación del segundo volumen constituiría "una violación irreversible de las resoluciones constitucionales de este tribunal en la acción penal subyacente y de principios fundamentales de la separación de poderes".
La separación de poderes es una doctrina constitucional que divide el gobierno en 3 ramas para desalentar la concentración del poder y garantizar controles y equilibrios.
"La publicación también conduciría a la difusión pública de materiales sensibles del gran jurado, información protegida por el privilegio abogado-cliente y otra información derivada de materiales de descubrimiento protegidos, lo que plantea importantes preocupaciones legales, de debido proceso y de privacidad para el presidente Trump y sus ex coacusados", según la moción.
El escrito del 23 de enero presentado por el fiscal federal adjunto Manolo Reboso, con sede en Miami, afirma que el Departamento de Justicia coincide con Trump, Nauta y de Oliveira en que el segundo volumen no debe publicarse fuera del Departamento de Justicia.
"Smith no solo instrumentalizó al Departamento de Justicia contra un candidato presidencial líder en busca de un fin antidemocrático, sino que lo hizo sin autoridad legal y mientras apuntaba a actividades protegidas por la Constitución", según el escrito.
"En términos simples, el mandato de Smith estuvo marcado por ilegalidad e impropiedad, y bajo ninguna circunstancia su trabajo debe recibir el pleno peso y la autoridad de este Departamento".
El escrito también afirmó que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, sostiene que los 3 coacusados enfrentarían "una injusticia y un perjuicio extraordinarios" con la publicación de información sobre la cual Trump invocó el privilegio abogado-cliente.
"El producto ilícito de una investigación y un enjuiciamiento ilegales pertenece al basurero de la historia", agregó el escrito.
El primer volumen del informe de Smith se publicó en enero de 2025, días antes de que Biden dejara el cargo. El subtítulo del informe indicó que su enfoque se centró en "los esfuerzos para interferir con la transferencia legal del poder tras la elección presidencial de 2020 o la certificación del voto del Colegio Electoral celebrada el 6 de enero de 2021".
Mientras tanto, Smith dijo al Comité Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 22 de enero que mantuvo su decisión de procesar a Trump en los 2 casos, uno sobre la retención de documentos clasificados y el otro sobre los esfuerzos de Trump para impugnar los resultados de la elección de 2020.
"Nadie debe estar por encima de la ley en nuestro país, y la ley exigió que [el presidente] rindiera cuentas", dijo Smith. "Por eso actué".
The Epoch Times se comunicó con Smith a través de sus abogados de Covington and Burling en Washington. No se recibió respuesta hasta el momento de la publicación.
Jack Phillips contribuyó a este informe.
