La Corte Suprema concluyó recientemente su período 2025-2026 con una serie de fallos sobre las acciones del presidente Donald Trump, creando importantes precedentes con amplias repercusiones en el poder ejecutivo.
Si bien Trump perdió en temas clave como los aranceles y la ciudadanía por derecho de nacimiento, obtuvo victorias que alteraron el equilibrio de poder entre su poder y el Congreso.
Estos son los casos clave en los que la Corte Suprema amplió o limitó la autoridad de la Casa Blanca.
Destitución
En una opinión emitida el 29 de junio, la Corte Suprema ratificó la destitución de Rebecca Slaughter, presidenta de la Comisión Federal de Comercio (FTC), revocando un precedente de 91 años que los jueces habían utilizado para proteger a la comisionada y a otros directores de agencias de la destitución.La Corte Suprema concluyó recientemente su período 2025-2026 con una serie de fallos sobre las acciones del presidente Donald Trump, creando importantes precedentes con amplias repercusiones en el poder ejecutivo.
Si bien Trump perdió en temas clave como los aranceles y la ciudadanía por derecho de nacimiento, obtuvo victorias que alteraron el equilibrio de poder entre su poder y el Congreso.
Estos son los casos clave en los que la Corte Suprema amplió o limitó la autoridad de la Casa Blanca.
Slaughter fue uno de los varios altos funcionarios de la administración que Trump intentó destituir durante su segundo mandato. Cuando los funcionarios demandaron a Trump, citaron la Ley de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y otras leyes federales que detallan los motivos por los que los presidentes pueden destituir a funcionarios.
La Ley de la FTC especificaba que Trump solo podía destituir a comisionados como Slaughter por "ineficiencia, negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta". Al bloquear la destitución de Slaughter, un juez federal citó dicha ley y la histórica decisión de la Corte Suprema en el caso Humphrey’s Executor v. United States.
En ese caso histórico de 1935, la Corte Suprema falló en contra del despido de otro comisionado y confirmó la facultad del Congreso para limitar los poderes de destitución del presidente.
En el caso Trump contra Slaughter, la Corte Suprema, con una mayoría de 6 a 3, revocó esa decisión, argumentando que el Congreso estaba invadiendo las atribuciones del presidente con la Ley de la FTC.
Los críticos de la decisión expresaron su preocupación de que el fallo otorgaría demasiado poder a los presidentes y socavaría la independencia de agencias como la FTC.
Otros especularon que la decisión no se limitaría a la FTC, a pesar de que Roberts afirmó que solo se aplicaba a esa agencia.
John Shu, experto en derecho constitucional que trabajó en las administraciones de Bush, declaró a The Epoch Times que la decisión deja a muchas otras agencias ejecutivas expuestas a cambios de liderazgo.
"[La Comisión Federal de Elecciones, la Comisión Federal de Comunicaciones], la Comisión Ferroviaria, [la Junta Nacional de Relaciones Laborales], cualquier otra que se les ocurra", dijo Shu. "Si se trata de una agencia ejecutiva, estoy bastante seguro de que se aplicará el caso Slaughter, excepto, obviamente, a la Reserva Federal".
En resoluciones de emergencia relacionadas, la Corte Suprema indicó que estaba dispuesta a eliminar las protecciones para otras agencias.
Durante su período de sesiones anterior, la Corte Suprema se negó a fallar a favor de los funcionarios de la Junta Nacional de Relaciones Laborales y de los funcionarios de seguridad del consumidor que habían sido destituidos por Trump.
Sin embargo, la Corte también indicó que el poder de destitución era limitado, denegando la solicitud de Trump para destituir a Lisa Cook, miembro de la junta de la Reserva Federal, mientras el litigio sobre el tema seguía su curso. Trump la había despedido alegando que había cometido fraude hipotecario
Cook se remitió a la Ley de la Reserva Federal, que exige algún tipo de "causa justificada" para que el presidente pueda destituir a miembros como ella. En su opinión mayoritaria, Roberts enfatizó el grado de independencia otorgado a la Reserva Federal.
Estatus de Protección Temporal
En un fallo clave emitido el 25 de junio en el caso Mullin v. Doe, la Corte Suprema permitió al gobierno poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), o protección temporal contra la deportación, para haitianos y sirios.En una decisión de 6 a 3, la corte dictaminó que las cortes inferiores se habían extralimitado en sus funciones al bloquear las decisiones de Trump de revocar dichos estatus.
Esta decisión se centró en una sección de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que establece: "No existe revisión judicial de ninguna determinación del [Secretario del DHS] con respecto a la designación, terminación o extensión de una designación, de un Estado extranjero conforme a esta subsección".
Las cortes inferiores habían bloqueado las decisiones del departamento, argumentando que la administración no siguió los procedimientos adecuados para revocar el estatus de protección. En su opinión mayoritaria, el juez Samuel Alito afirmó que la revisión judicial de las designaciones del TPS se limitaba a impugnaciones constitucionales.
Un juez en Washington sugirió que la revocación del estatus de protección de los haitianos por parte del departamento estaba motivada por discriminación racial y probablemente violaba la Constitución. La Corte Suprema rechazó este argumento, citando la oposición más amplia de la administración al programa en lo que respecta a otras nacionalidades.
La juez Elena Kagan redactó una opinión disidente a la que se unieron las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor.
Aranceles
En una de sus decisiones más importantes de este período, la Corte Suprema abordó y limitó la imposición de aranceles globales generalizados por parte de Trump.En el fallo del 20 de febrero, la Corte Suprema anuló varios aranceles impuestos por Trump a naciones extranjeras mediante una ley de poderes de emergencia, argumentando que el presidente había excedido su autoridad al usar dicha ley.
Trump declaró previamente una emergencia nacional bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, afirmando que los aranceles eran necesarios para frenar el flujo de drogas ilegales y combatir los déficits comerciales "grandes y persistentes" con naciones extranjeras.
En nombre de la mayoría de 6 a 3, Roberts rechazó los argumentos de Trump, afirmando que la redacción de la ley no autorizaba claramente los aranceles.
La opinión mayoritaria vinculó el fallo con la doctrina de las cuestiones fundamentales, una doctrina legal que establece que las agencias federales no pueden realizar cambios políticos sustanciales sin la aprobación explícita del Congreso.
Roberts escribió que, incluso si Trump tuviera la autoridad para imponer aranceles según la ley, sus aranceles internacionales habían excedido con creces el alcance de dicha autoridad bajo la doctrina de las cuestiones fundamentales.
El fallo mantuvo intactos los aranceles impuestos mediante otras leyes, y Trump rápidamente utilizó otra ley para reimponer algunos de los aranceles impugnados. Esta medida fue rechazada por una corte inferior, pero podría llegar a la Corte Suprema para un litigio posterior.
En junio, la Corte Suprema también votó a favor de mantener los aranceles que Trump había impuesto a China durante su primer mandato.
