El estado de California y sus principales funcionarios fueron demandados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), con el alegato de que dos nuevas leyes estatales representan una extralimitación inconstitucional en la aplicación de las leyes federales.
La demanda, presentada el 17 de noviembre, argumenta que la "Ley contra la policía secreta" y la "Ley contra los vigilantes" discriminan al gobierno federal y representan riesgos considerables para la seguridad de los agentes, quienes se enfrentan al aumento del acoso, la divulgación de su información personal y la violencia. Estas leyes imponen la prohibición de los cubrebocas y exigen la identificación de los oficiales.
"Los oficiales de la ley arriesgan sus vidas todos los días para mantener a salvo a los estadounidenses, y no merecen ser acosados o sufrir doxing simplemente por cumplir con sus deberes", dijo la fiscal general Pamela Bondi en un comunicado. "Las políticas de California en contra de las fuerzas del orden discriminan al gobierno federal y están diseñadas para poner en riesgo a nuestros agentes. Estas leyes no pueden prevalecer".
El 20 de septiembre el gobernador de California, Gavin Newsom firmó una ley que tipifica como delito menor que los oficiales del orden público locales y federales usen cubrebocas en el trabajo. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Durante el evento para la firma del proyecto de ley, Newsom dijo que el estado estaba "rechazando las tendencias autoritarias en acción de esta administración".
"El impacto de estas políticas en toda la ciudad, nuestro estado y nuestra nación es aterrador", dijo Newsom. "Es como una película distópica de ciencia ficción. Autos sin identificación, personas con máscaras, personas que literalmente desaparecen. Sin el debido proceso, sin derechos en una democracia donde tenemos derechos".
Los agentes federales han estado portando cubrebocas y pasamontañas para proteger su identidad y evitar que los activistas los expongan, así como a sus familias. Exponer a un agente federal, publicando su información personal en las redes sociales o en otros canales, es un delito.
El 26 de septiembre, un gran jurado federal acusó a tres mujeres por seguir a un agente del ICE hasta su casa, transmitir en vivo su persecución y publicar la dirección del domicilio del agente en Instagram.
A principios de septiembre, Newsom restó importancia a las preocupaciones sobre la divulgación de información personal, diciendo que tales afirmaciones son infundadas y no están probadas, y que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no ha proporcionado los datos que corroboren el supuesto aumento de la violencia contra los agentes federales.
"Todo lo que han proporcionado es información errónea y desinformación", dijo Newsom.
En julio, un memorándum del DHS dijo que las agresiones a los agentes federales aumentaron un 830 % con respecto al año anterior. Dos meses después, el DHS informó un aumento del 1000 % en las agresiones. Los agentes han sufrido emboscadas, disparos y ataques con piedras, botellas de vidrio y otros objetos.
La demanda federal presentada el lunes argumenta que las leyes de California sobrepasan los principios de la supremacía federal al tratar de regular la forma en que los agentes federales desempeñan sus funciones. En la demanda, el Departamento de Justicia alega que las leyes no solos son discriminatorias, sino que también podrían dar lugar a procesos judiciales contra los oficiales por tomar medidas para mantener su privacidad y la de sus familias.
El DOJ dice que las leyes socavan la aplicación de las leyes federales, incluso en materia de inmigración. Y que las leyes tienen el potencial de comprometer las investigaciones en curso y los esfuerzos de aplicación de la ley en general.
"Las agresiones contra agentes federales se han disparado en los últimos meses, en parte debido a... la retórica política destinada a deslegitimar a nuestros valientes agentes", dijo el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli, del Distrito Central de California.
"Leyes inconstitucionales como esta ponen aún más en peligro a nuestros valientes hombres y mujeres que protegen a nuestra comunidad. Nuestra aplicación de las leyes de inmigración continuará sin cesar y sin verse obstaculizada por leyes estatales inconstitucionales promulgadas por políticos irresponsables".
La demanda actual sigue a otras acciones en contra de medidas obstructivas en jurisdicciones como Nueva York, Nueva Jersey y Los Ángeles.
En febrero, Bondi anunció que el Departamento de Justicia demandaría a los funcionarios de Nueva York y dijo que el estado priorizaba a los inmigrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses.
"Si no cumplen con la ley federal, les haremos responsables", dijo.
El Departamento de Justicia también presentó una demanda judicial contra cuatro ciudades de Nueva Jersey gobernadas por demócratas debido a sus políticas de santuario.
"Todas ellas han adoptado políticas con el claro objetivo de dificultar que Estados Unidos aplique la ley federal de inmigración", alega la demanda. "Estos esfuerzos por proteger a los extranjeros ilegales en el Estado Jardín son ilegales".
En una demanda contra la ciudad de Los Ángeles, Bondi invocó la cláusula de supremacía de la Constitución de Estados Unidos, que establece que las leyes y los tratados federales son la ley suprema del país.
La administración Trump demandó a Los Ángeles en junio, argumentando que sus políticas de ciudad santuario le impedían a los funcionarios de inmigración hacer cumplir la ley federal.
"Las políticas de ciudades santuario fueron la causa principal de la violencia, el caos y los ataques contra las fuerzas del orden que los estadounidenses presenciaron recientemente en Los Ángeles", escribió Bondi en una declaración publicada en X. "Jurisdicciones como Los Ángeles, que incumplen la ley federal al dar prioridad a los extranjeros ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses, están socavando la aplicación de la ley en todos los niveles; esto termina con el presidente [Donald] Trump".
Con información de Joseph Lord y Brad Jones.
