En lo que podría suponer un punto de inflexión para los esfuerzos de deportación de la administración Trump, la Fiscalía del Distrito Central de California y sus socios federales pusieron en marcha un programa para «neutralizar la política de California como estado santuario».
La Operación Ángel Guardián, anunciada por funcionarios federales el 19 de mayo, presentará denuncias y órdenes de detención para permitir a las autoridades federales detener al mayor número posible de acusados en las cárceles del condado, según un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.
«Bajo la administración Trump, no permitiremos que las jurisdicciones santuario se interpongan en la seguridad del pueblo estadounidense», publicó en X el fiscal federal Bill Essayli, quien puso en marcha el programa piloto.
Una de las principales promesas de campaña del presidente Donald Trump para un segundo mandato fue la deportación masiva de millones de personas que entraron ilegalmente en el país durante la administración Biden.
Si una persona que fue deportada vuelve a entrar ilegalmente en el país, eso es un delito grave según la ley del Título 8, dijo Ciaran McEvoy, portavoz de la Fiscalía de los Estados Unidos en Los Ángeles.
La ley estatal de California —Senate Bill 54— impide a los departamentos del sheriff del condado y a las fuerzas del orden locales cumplir con las órdenes de detención de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
«Aunque quisieran entregarlos, no pueden», declaró McEvoy a The Epoch Times.
La Operación Ángel Guardián elude la ley mediante órdenes de detención federales, que, según McEvoy, no dejan a los condados otra opción que entregar a los inmigrantes ilegales buscados.
Essayli declaró en el comunicado de prensa que «los peores delincuentes inmigrantes bajo custodia estatal son liberados con frecuencia en la comunidad» porque las políticas de California como estado santuario bloquean la cooperación con las fuerzas del orden federales.
«Estas leyes hacen que las órdenes de detención federales por motivos de inmigración carezcan de sentido. Se acabaron los días en que se daba vía libre a los delincuentes inmigrantes ilegales», afirmó. «Aunque California pueda estar ignorando actualmente las órdenes de detención, no puede ignorar las órdenes de arresto federales».
El programa, que comenzó el 10 de mayo, dio lugar a la detención de 13 acusados hasta el 15 de mayo en California. El grupo de trabajo de la Operación Ángel Guardián está formado por el ICE, el FBI, la Administración para el Control de Drogas, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.
El distrito federal de California abarca los condados de Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara, Ventura y Los Ángeles. Se estima que en el distrito residen 1.5 millones de inmigrantes ilegales, incluidos miembros de bandas, según el comunicado de prensa, que añade que la protección que California ofrece a los inmigrantes ilegales que cometieron delitos hace que los residentes se sientan menos seguros.
El comunicado señala que, en febrero de 2025, José Cristian Saravia-Sánchez, de 30 años, de México, disparó y mató a un hombre de Inglewood que intentaba impedirle robar un convertidor catalítico, lo que atrajo la atención nacional.
Se trataba de un inmigrante ilegal que fue condenado por robo de vehículos, expulsado de Estados Unidos en 2013 y detenido 11 veces entre junio de 2022 y agosto de 2024, según el comunicado. Sin embargo, la policía local no pudo cumplir con una orden de detención de inmigración debido a la legislación estatal, según el comunicado.
La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de The Epoch Times antes de la publicación.
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