Una jueza federal de Alaska dictaminó el martes que el Departamento del Interior (DOI) actuó de forma ilegal al cancelar siete concesiones de petróleo y gas emitidas para el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR) porque la agencia no obtuvo una orden judicial previa.
En una orden de 22 páginas, la jueza de distrito de EE. UU. Sharon Gleason declaró que el DOI necesitaba obtener una orden judicial para cancelar los siete arrendamientos que se habían concedido a la Autoridad de Desarrollo Industrial y Exportación de Alaska (AIDEA) antes de que la administración Biden asumiera el cargo en 2021.
"No hay ninguna razón por la que el Departamento de Interior no pudiera presentar una demanda de desagravio declaratorio en tales circunstancias", declaró Gleason. "En consecuencia, la cancelación por parte de los demandados federales de los arrendamientos de la AIDEA no se ajustó a la ley porque no se solicitó una orden judicial".
La AIDEA presentó la demanda contra la administración Biden en 2023 después de que el DOI cancelara los arrendamientos de petróleo y gas que ganó en enero de 2021, durante los últimos días del primer mandato del presidente Donald Trump.
Tras asumir el cargo el 20 de enero de 2021, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva en la que ordenaba al DOI que revisara los arrendamientos de petróleo y gas en la ANWR, alegando "las supuestas deficiencias legales subyacentes al programa". Esto dio lugar a la suspensión de los arrendamientos de la AIDEA.
La AIDEA presentó una demanda en noviembre de 2021 para impugnar la orden, pero la corte la desestimó, dictaminando que la "duración temporal y el alcance limitado" de la moratoria eran legales.
Posteriormente, la administración Biden canceló los arrendamientos en 2023 alegando que la venta de arrendamientos de 2021 era defectuosa, lo que llevó a la AIDEA a presentar otra demanda ese mismo año.
Gleason, en su reciente fallo a favor de la AIDEA, citó la disposición de la Ley de Empleos y Reducción de Impuestos de 2017 que autorizaba el arrendamiento en la ANRW.
Según su orden, la Ley de Impuestos permite al DOI gestionar el programa de arrendamiento de la ANRW de manera similar a la Ley de Producción de Reservas Petroleras Navales, que estipula que los arrendamientos que contengan valiosos depósitos de petróleo o gas solo pueden cancelarse por orden judicial.
El director ejecutivo de AIDEA, Randy Ruaro, acogió con satisfacción la sentencia, diciendo que demostraba que el DOI no tiene autoridad para alterar las leyes federales de una manera que sirva a "su jefe en la Casa Blanca".
"La decisión de hoy de la jueza Gleason demuestra que las agencias federales con una agenda política para cerrar Alaska y evitar que los habitantes de Alaska tengan trabajos bien remunerados deben seguir las leyes establecidas por el Congreso", dijo Ruaro en una declaración de 25 de marzo.
El gobernador de Alaska, Mike Dunleavy, también elogió a la jueza por defender el estado de derecho del país.
"Ahora el programa de arrendamiento puede seguir adelante y podría dar lugar a una producción de energía más segura, aquí mismo en Alaska", dijo Dunleavy en la declaración publicada por la AIDEA.
The Epoch Times se puso en contacto con el Departamento del Interior para recabar comentarios, pero no recibió respuesta en el momento de la publicación de este artículo.
El 20 de marzo, el secretario del Interior, Doug Burgum, ordenó a la Oficina de Administración de Tierras que "tome medidas para ampliar las oportunidades de exploración y desarrollo" de recursos petrolíferos, gasíferos y minerales en casi 20 millones de acres anteriormente prohibidos dentro de la Reserva Nacional de Petróleo (NPR) de Alaska y la ANWR.
La medida siguió a la orden ejecutiva del 20 de enero de Trump en la que se ordenaba a las agencias federales "agilizar la concesión de permisos y arrendamientos de proyectos de energía y recursos naturales en Alaska", dar prioridad al "desarrollo del potencial de gas natural licuado (GNL) de Alaska" y ampliar el desarrollo de combustibles fósiles en la Reserva Nacional de Petróleo (NPR) de 23 millones de acres y en la Reserva Nacional de Vida Silvestre de Alaska (ANWR) de 19.6 millones de acres.
Las amplias medidas de Trump y Burgum, que también preside el Consejo Nacional de Dominio Energético, rescinden "todas las regulaciones, órdenes, documentos de orientación, políticas y cualquier otra acción similar de la agencia... promulgada, emitida o adoptada entre el 20 de enero de 2021 y el 20 de enero de 2025", borrando esencialmente docenas de acciones relacionadas con Alaska por parte de Biden y su administración.
En virtud de la orden ejecutiva y la directiva de Burgum, la oficina debe ahora poner a disposición la totalidad de los 635,000 hectáreas de la llanura costera de la ANWR y el 82% de la Reserva Nacional de Pesca para el arrendamiento de petróleo y gas.
Con información de John Haughey
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