Una jueza federal amplió su orden que impide a la administración Trump realizar despidos masivos durante el cierre del gobierno federal, extendiendo las protecciones a decenas de miles de trabajadores federales más.
En una audiencia de emergencia en San Francisco el 17 de octubre, la jueza federal de distrito Susan Illston amplió su orden de restricción temporal anterior para cubrir a los empleados representados por la Federación Nacional de Empleados Federales, el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y la Asociación Nacional de Empleados del Gobierno.
Su orden original del 15 de octubre se había aplicado únicamente a los miembros de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales y la Federación Estadounidense de Empleados Estatales, del Condado y Municipales, los sindicatos que presentaron la demanda.
La jueza Illston también ordenado a las agencias federales informar antes del mediodía del 20 de octubre cuántos trabajadores planeaban despedir y cuántos de ellos están ahora protegidos por las órdenes judiciales. La abogada del Departamento de Justicia, Elizabeth Hedges, afirmó que las agencias cumplirían, pero advirtió que recopilar los datos durante un fin de semana de cierre sería complicado.
"Estamos en un cierre gubernamental, y parte de la razón por la que esto es tan extraordinariamente gravoso para las agencias es precisamente este cierre", explicó Hedges ante la corte, según informó Federal News Network.
Cada vez que tenemos que presentar algo, implica determinar a quien contactar, quién no está suspendido, etc. Es una carga extrema cumplir con estos plazos.
Illston respondió que la carga había sido "deliberadamente colocada sobre sus hombros" por las acciones de la administración, "y por eso estamos en esta situación tan incómoda".
Hedges señaló que las agencias creían etar cumpliendo con la orden original de la jueza, pero reconoció que esta había sido "aclarada o modificada" durante la audiencia, y prometió transmitir los cambios a las agencias.
La orden inicial de Illston emitida el 15 de octubre, detuvo temporalmente los planes de la administración para realizar reducciones de personal, conocidas como RIFs, durante el cierre.
En esa audiencia anterior, Illston calificó el plan de despidos como "motivado políticamente" y "arbitrario y caprichoso". Citó los comentarios del propio presidente Donald Trump, quien describió los despidos como "orientados a los demócratas", y afirmó que el gobierno actuaba como si "las leyes ya no se aplicaran a ellos".
"Se hacen las cosas antes de pensarlas", dijo Illston el 15 de octubre. "Es como decir: Preparados, fuego, apunten".
Los despidos se deben a la intención declarada de la administración Trump de llevar a cabo una reducción de personal de empleados suspendidos durante el cierre gubernamental. Una directiva del director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Russell Vought, indica que la administración plana despedir hasta 10,000 empleados durante el cierre.
"Eso es solo un estimado inicial", dijo Vought el 15 de octubre en The Charlie Kirk Show. "Creo que el número será mucho mayor".
La disputa surge de una demanda interpuesta el 30 de septiembre por sindicatos federales, en la que se argumenta que el gobierno está utilizando el cierre para realizar despidos ilegales. La demanda cuestiona un memorando de Vought, que, según los demandantes, "adopta la postura legalmente insostenible" de que las agencias traten la falta de fondos como una eliminación de las protecciones laborales bajo la Ley Antideficiencia y realicen despidos "para cualquier programa cuya financiación haya caducado y que no sea una prioridad del Presidente".
En los documentos presentados ante la corte en respuesta a los reclamos de los sindicatos, el Departamento de Justicia argumentó que las agencias tienen amplia discreción para decidir si los despidos son necesarios y cuándo realizarlos, y que las afirmaciones de "discriminación política" son “nada más que especulaciones”.
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