El jueves, la Administración Trump emprendió acciones legales contra cuatro ciudades de Nueva Jersey gobernadas por demócratas por sus políticas «santuario».
El Departamento de Justicia (DOJ) presentó la demanda en la corte de distrito de Nueva Jersey contra Newark, Jersey City, Paterson y Hoboken, junto con sus funcionarios municipales. La demanda solicita una sentencia en su contra y una orden judicial para impedirles aplicar las políticas de ciudad santuario, según la denuncia de 24 páginas.
Yaakov M. Roth, fiscal general adjunto en funciones, acusó a las ciudades de negar a los agentes federales de inmigración el acceso a los inmigrantes ilegales en las cárceles locales, prohibir a la policía local que los entregara a los agentes federales de inmigración y prohibir a los agentes locales que proporcionaran la información necesaria a las autoridades federales.
Los fiscales también citaron en la demanda órdenes ejecutivas y directivas policiales que fueron puestas en marcha por las ciudades durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Esas políticas, que siguen en vigor, prohíben la cooperación con los funcionarios federales y socavan la labor de control de la inmigración, según la demanda.
«Todas ellas han adoptado políticas con el claro objetivo de dificultar a Estados Unidos la aplicación de la ley federal de inmigración», afirma. «Estos esfuerzos por proteger a los inmigrantes ilegales en el Estado Jardín son ilegales».
La demanda nombra como demandados a los alcaldes Ravi Bhalla de Hoboken, Ras Baraka de Newark, Andre Sayegh de Paterson y Steven Fulop de Jersey City. También se nombra en la demanda a cuatro ayuntamientos de cada jurisdicción.
Baraka, en una declaración en X, calificó la demanda de «absurda» y defendió las políticas de su ciudad.
«No estamos bloqueando la seguridad, estamos defendiendo la Constitución», escribió Baraka. «Nuestras políticas reducen el miedo, aumentan la confianza y han ayudado a reducir los homicidios en un 61 por ciento. Eso no es una amenaza para la seguridad pública, eso es lo que es la seguridad pública».
Baraka, también candidato a gobernador de Nueva Jersey, fue detenido el 9 de mayo durante una refriega en la puerta del Delaney Hall, cuando tres miembros de la delegación del Congreso de Nueva Jersey visitaban el centro federal de detención de inmigrantes, de gestión privada, para realizar una inspección sin previo aviso. Sin embargo, unos días más tarde, se retiraron los cargos por delito menor de allanamiento contra Baraka.
Bhalla, el alcalde de Hoboken, también prometió no dar marcha atrás. Bhalla afirmó en su propia declaración que el gobierno federal no «requisará» los impuestos locales ni los recursos policiales. Hoboken es una ciudad construida por inmigrantes y seguirá siéndolo, afirmó Bhalla.
Fulop, el alcalde de Jersey City, emitió una respuesta similar.
«Esta es la verdad: las políticas de Jersey City protegen a las familias, reflejan nuestros valores y han dado lugar a índices de criminalidad históricamente bajos. Como gobernador, no me dejaré intimidar. Lucharemos contra esto y ganaremos», afirmó Fulop en un comunicado en X.
El Departamento de Justicia ha advertido a las ciudades santuario que no obstaculicen la aplicación de la ley federal en materia de inmigración y ya ha presentado demandas contra ciudades de Nueva York, Colorado e Illinois.
La demanda es la última medida del gobierno de Trump para atacar a las jurisdicciones santuario como parte de una campaña más amplia contra la inmigración ilegal. Durante los primeros 100 días de Trump, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo a más de 65,000 inmigrantes ilegales, entre ellos miembros de bandas, delincuentes sexuales condenados y asesinos.
De NTD News
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