La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, emitió una exención para la construcción del muro fronterizo en el sur de California entre Estados Unidos y México.
La exención, emitida el 8 de abril, es la primera de la actual administración. Permitirá la construcción de 4 km de barrera fronteriza fuera de San Diego.
«Para evitar retrasos burocráticos, el DHS está suspendiendo leyes medioambientales, incluida la Ley Nacional de Política Medioambiental (NEPA), que pueden paralizar proyectos vitales durante meses o incluso años», dijo el departamento en el comunicado en el que anunciaba la medida.
«Esta exención despeja el camino para el rápido despliegue de barreras físicas donde más se necesitan, reforzando nuestro compromiso con la seguridad nacional y el estado de derecho».
Algunos grupos de defensa del medio ambiente, como Earthjustice, han criticado la decisión debido a la preocupación de que se eludan normas.
«La exención de las leyes medioambientales, de preservación cultural y de buen gobierno —que protegen el aire limpio y el agua limpia, salvaguardan los valiosos recursos culturales y preservan los ecosistemas y la biodiversidad— sólo causará más daño a las comunidades fronterizas y a los ecosistemas», dijo Cameron Walkup, representante legislativo asociado de Earthjustice, en una declaración del 8 de abril.
La seguridad fronteriza ha sido un tema clave para la actual administración Trump, con múltiples agencias federales trabajando en la aplicación de la ley de inmigración, incluidos los departamentos de Estado, Defensa y Justicia, el Servicio de Impuestos Internos y el ejército.
El 20 de enero, el presidente Donald Trump declaró una emergencia en la frontera sur. Además, restableció su política de «Permanecer en México» de su primera administración y reanudó el trabajo en el muro fronterizo.
A mediados de marzo, comenzó la construcción de siete millas adicionales del muro fronterizo sur en Arizona.
Noem anunció la reanudación del muro inacabado en una declaración en X, diciendo que las mejoras de la zona van a «seguir haciendo que Estados Unidos vuelva a ser seguro».
Después de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo en 2021, detuvo la construcción en la frontera sur, valorada en miles de millones de dólares, y encargó a la vicepresidenta Kamala Harris que abordara las «causas profundas» de la inmigración ilegal.
Trump emitió una orden ejecutiva el primer día de su nuevo mandato, ordenando a los secretarios de Defensa y Seguridad Nacional que tomaran medidas para «construir barreras físicas temporales y permanentes para garantizar el control operativo completo de la frontera sur de Estados Unidos».
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