La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos rechazó la petición de la administración Trump de bloquear las órdenes de un juez federal, una de las cuales exigía que se facilitara el regreso de un inmigrante ilegal de El Salvador que, según el gobierno, fue deportado a su país de origen debido a un error administrativo.
"Aunque respetamos totalmente la firme afirmación del Ejecutivo de sus poderes en virtud del artículo II, no vamos a microgestionar los esfuerzos de una excelente jueza de distrito que intenta aplicar la reciente decisión de la Corte Suprema", dijo el juez Harvie Wilkinson el 17 de abril en un comunicado al que se sumaron otros dos jueces del circuito.
El gobierno dijo al Cuarto Circuito en un escrito presentado el 16 de abril que debía bloquear la orden de la jueza federal Paula Xinis que le exigía facilitar el regreso de Abrego García a Estados Unidos, así como su orden de acelerar la investigación para determinar si el Gobierno había cumplido con la orden de facilitar dicho regreso.
Una orden inicial de Xinis exigía a la administración "facilitar" y "efectuar" el regreso de Abrego García. Sin embargo, la Corte Suprema intervino el 10 de abril, afirmando que debía aclarar qué entendía por "efectuar".
"La Corte de Distrito debe aclarar su directiva, con el debido respeto a la deferencia que se debe al poder ejecutivo en la conducción de los asuntos exteriores", dijo la Corte Suprema.
El 10 de abril, Xinis respondió a la sentencia de la Corte Suprema modificando su orden original para decir: "Ordenar a los demandados que tomen todas las medidas disponibles para facilitar el regreso de Abrego García a los Estados Unidos lo antes posible".
La moción de emergencia presentada por la administración el 16 de abril argumentaba que "bajo el pretexto de una orden modificada", Xinis había "establecido el mismo camino injustificable, todo ello al servicio de un miembro de una organización terrorista extranjera sin derecho válido a permanecer en Estados Unidos".
El caso ha suscitado dudas sobre la separación de poderes en el país, concretamente sobre hasta qué punto los jueces pueden intervenir en asuntos exteriores.
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