Una corte federal de apelaciones dijo el 20 de junio que Luisiana violó la Constitución al exigir que las aulas de las escuelas públicas exhibieran los Diez Mandamientos.
La ley, conocida como Proyecto de Ley 71 de la Cámara, ordenaba que las escuelas públicas del estado colocaran un documento o cartel enmarcado con los Diez Mandamientos en cada aula, a más tardar el 1 de enero de 2025. Un grupo de padres demandó, alegando violaciones a la Primera Enmienda.
Una corte federal falló posteriormente a su favor, y el 20 de junio, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. confirmó esa decisión. La corte de apelaciones señaló que los demandantes demostraron que enfrentarían una privación irreparable de sus derechos protegidos por la Primera Enmienda.
Parte de la decisión del Quinto Circuito indicó que la exhibición infringiría el derecho de los padres a dirigir la educación religiosa de sus hijos.
La Legislatura de Luisiana afirmó que los Diez Mandamientos concuerdan con la historia de la nación. Añadió que la ley "reflejaba la comprensión de los fundadores de nuestra nación respecto a la necesidad de la moral cívica para un autogobierno funcional".
Si bien el Quinto Circuito reconoció que los Diez Mandamientos contenían "principios básicos que forman parte de una sociedad civilizada", también afirmó que "provienen de textos religiosos e incluyen mandamientos con un claro significado religioso".
Miembros del gobierno de Luisiana presentaron la apelación el año pasado luego que el juez federal de distrito John de Gravelles emitiera una orden judicial preliminar sobre la ley. También ordenó al superintendente estatal que notificara su orden y la inconstitucionalidad de la ley a las escuelas públicas del estado, incluyendo las escuelas chárter y las instituciones de educación superior.
Ese requisito de notificación constituyó "un abuso extraordinario de discreción", declararon el superintendente y otros miembros del gobierno. "La Disposición de Notificación viola el derecho a la libertad de expresión del Estado", declaró el gobierno en un documento presentado el año pasado.
Añadió que "la corte de distrito ordenó a los funcionarios de Luisiana que extiendan la orden judicial utilizando la propia voz de Luisiana para influir en terceros en el proceso".
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