Opinión
Hace un mes Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, Michoacán, pidió apoyo al gobierno federal, dijo: "No quiero estar en la lista de los ejecutados". Hoy es otra más de las víctimas de la ola criminal que azota al país y a Michoacán.
Manzo sufrió un atentado a balazos en la conmemoración del Festival de las Velas del Día de Muertos, en la plaza de la ciudad que gobernaba. Sus escoltas lo defendieron, pero no pudieron evitar lo hirieran. Tres balazos provocaron su muerte unas pocas horas después del ataque.
El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal informó del asesinato prometiendo que no "habrá impunidad". Quedará pendiente una respuesta acerca de la falta de protección federal hacia quien se hizo célebre nacionalmente por confrontar las amenazas y el dominio del crimen organizado en su región, circunstancia que sucede ya en gran parte del país.
Carlos Manzo fue morenista, pero fue electo alcalde en Uruapan como candidato independiente y se convirtió en un fuerte crítico del partido gobernante, alguien que reclamaba acción contra los criminales, cuyos delitos en su mayor parte son del orden federal. Pero Manzo se comprometía y actuaba en consecuencia.
Su celebridad nacional comenzó desde que rechazó abiertamente el lema obradorista de "abrazos, no balazos" y, al contrario, proclamó que los ciudadanos debían ser defendidos y protegidos y eso significaba no dar "abrazos" a los criminales, pues conciliar con ellos significaba que el Estado incumpliera su función, avalando al poder criminal en perjuicio de la sociedad.
Recientemente otro crimen en Michoacán causó igualmente conmoción en el estado y el país, se trató del secuestro, tortura y muerte de Bernardo Bravo, el líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, un férreo luchador en contra de las extorsiones que padecen los limoneros.
Fue precisamente en Michoacán donde hizo crisis la mutación de los Cárteles, que invadieron la vida pública y diversificaron sus actividades criminales, realizando atrocidades convertidas en una auténtica propaganda del terror.
La estrategia fallida del presidente Felipe Calderón no contuvo el fenómeno sino lo expandió y fortaleció. Su apresurada militarización del problema fue respondida con la acción de bandas de sicarios dedicadas a la expoliación de recursos públicos, a la extorsión de comerciantes y productores, a la desaparición de personas con distintos fines criminales, a los asesinatos con sevicia de ciudadanos y rivales.
El gobierno federal golpeaba durante el calderonismo, pero no liberaba. No contenía, sino extendía la violencia. Nunca se entendió bien a bien cuál era la estrategia, salvo una expansión de la violencia.
Recuerdo en aquel entonces a la directora de la DEA cuando dijo públicamente durante un encuentro en Cancún con Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, al referirse a la situación de la llamada guerra contra el narco: "Hay 17 mil muertos, esto significa que vamos bien".
El intermedio peñista tuvo éxito con la detención de casi cien capos de alto perfil, pero fue un acto fallido su estrategia —una continuación de la calderonista—, de golpear preferentemente al Cártel más violento.
Pero el acabóse fue la pasividad cómplice del obradorismo. En ese contexto la corrupción gubernamental se incrementó hasta llegar al delirio, con su danza de miles de millones de pesos del huachicol fiscal que corrompió a mandos y miembros de la Marina, la otrora corporación de élite que se había significado por combatir a los Cárteles.
Un 40 por ciento del territorio mexicano se encuentra ya prácticamente bajo el control de los narco terroristas, lo cual nos encamina a ser un Estado fallido. Desde la denuncia de esto en el Congreso de Estados Unidos, por parte del Pentágono, este hecho no ha disminuido sino al contrario se ha incrementado.
Las carreteras federales se han convertido en inseguras y la extorsión y el cobro del derecho de piso a ciudadanos y negocios comienzan a ser prácticas comunes y avaladas por la pasividad y complicidad gubernamental en los tres niveles de gobierno.
Aunque estas actitudes están definidas particularmente como una responsabilidad de Morena por ser el partido gobernante en la presidencia y al tratarse sobre todo del ejercicio de delitos federales.
El abandono a alguien como Carlos Manzo no solo constituye una violación a la ley por tratarse de delitos federales, sino también expresa un problema que trastoca el ejercicio del poder presidencial.
Me refiero al abandono del principio de Estado como sustento del poder presidencial, sustituido por la desgastante idea que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum de ejercer el poder como un gobierno faccioso.
Esto quedó claro en su postura frente a la movilización y bloqueo de carreteras federales de los productores agrícolas de gran parte del territorio nacional, en particular del maíz.
Siendo un cultivo ancestral y un alimento básico en México, es paradójicamente parte de nuestra pobreza y no de nuestro desarrollo. Casi el 80 por ciento del maíz lo importamos de Estados Unidos.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, a pesar de las negociaciones de su gobierno con los productores, dijo que era un movimiento "ilegítimo" porque se habían detectado que "11 dirigentes" pertenecían al PRI y al PAN. Y agregó que solo se iba a negociar con quienes no fueran de estos partidos, a pesar de supuestos acuerdos alcanzados.
Hasta ahora el movimiento de los productores agrícolas sólo ha planteado demandas sociales y no políticas. La presidenta Claudia Sheinbaum se equivoca al politizar el tema, porque su consejera económica, Altagracia Gómez, es dueña de Minsa, la empresa monopolista del maíz, responsable de los bajos precios a los productores. En dado caso aquí sí hay conflicto de interés patente, lo que no sucede con los productores agrícolas.
Es inevitable pensar que este faccionalismo presidencial pudo influir en el abandono a un presidente municipal disidente, a quien dejaron solo en la lucha heroica que significa enfrentar al crimen organizado que lastima a nuestra sociedad.
Mientras las prioridades de la presidenta sean su show televisivo matutino, la propaganda morenista y el culto a la personalidad del ex presidente y de ella misma, además de la siembra de odio entre ciudadanos que hace en medios y redes con inversión multimillonaria —el periodista Jorge Fernández Menéndez demostró un desvío de casi tres mil millones de pesos— el asesor presidencial Jesús Ramírez Cuevas, seguiremos siendo testigos de cómo los criminales y la injusticia ganan, mientras el país pierde. Y a veces pierde con tragedias como la de Carlos Manzo.
Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente las opiniones de The Epoch Times.
