El alcalde de Newark, Ras Baraka, presentó el martes una demanda contra la fiscal federal interina de Nueva Jersey, alegando detención ilegal y represalias políticas por su breve detención por allanamiento en un centro federal de inmigración, un cargo que posteriormente fue retirado.
La demanda civil de Baraka, presentada el 3 de junio en la corte de distrito de Estados Unidos para el distrito de Nueva Jersey, acusa a la fiscal federal interina Alina Habba, fiscal federal interina de Nueva Jersey, de detención ilegal y enjuiciamiento malicioso, así como de difamación por los comentarios que hizo sobre su caso.
Baraka, que además de dirigir la ciudad más grande de Nueva Jersey también se postula para la candidatura demócrata a gobernador el próximo martes, acusa a Habba de «abuso de poder federal» y afirma que, como resultado del enjuiciamiento, sufrió daños a su reputación y angustia emocional.
También figura en la demanda Ricky J. Patel, agente especial a cargo de la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Newark, del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que se enfrenta a las mismas acusaciones que Habba, con la excepción del cargo de difamación.
«Hoy presenté una demanda federal contra Alina Habba y el agente del DHS Ricky Patel por detención ilegal, enjuiciamiento malicioso y difamación. Abusaron de su poder para arrestarme violentamente en Delaney Hall a pesar de que fui invitado a entrar», dijo Baraka en una publicación en las redes sociales. «Nadie está por encima de la ley».
El incidente se remonta a una protesta celebrada el 9 de mayo frente a Delaney Hall, un centro de detención de inmigrantes contratado por el gobierno federal en Newark, Nueva Jersey, operado por la empresa penitenciaria privada GEO Group. Baraka, junto con varios miembros demócratas del Congreso, se reunieron en las instalaciones para expresar su preocupación por el trato a los detenidos y las presuntas violaciones del código. Según la denuncia, Baraka entró en el recinto tras ser invitado por un empleado de GEO, pero posteriormente fue detenido por agentes del DHS siguiendo las instrucciones de Patel, a pesar de cumplir con sus órdenes de abandonar el lugar.
Inmediatamente después, Habba acusó a Baraka de allanamiento y de «decidir ignorar la ley», afirmando en una publicación en redes sociales que «nadie está por encima de la ley». Baraka fue esposado, fichado, se le tomaron las huellas dactilares y detenido durante varias horas antes de comparecer virtualmente ante una corte federal. Los cargos fueron retirados menos de dos semanas después, tras lo que Habba describió como «una consideración exhaustiva».
Baraka argumentó en su denuncia que la detención no solo era injustificada, sino que fue deliberadamente orquestada para «humillarlo al máximo» y dañar su posición política. Alega que Habba y Patel actuaron a título personal y conspiraron con otras personas para presentar declaraciones juradas falsas, difundir afirmaciones engañosas y hacer un uso indebido de las fuerzas del orden federales con fines políticos.
Habba desestimó la demanda en una publicación en X, calificándola de poco sorprendente y acusando a Baraka de grandilocuencia política. «Mi consejo al alcalde: siéntase libre de unirse a mí para dar prioridad a los delitos violentos y la seguridad pública», escribió. «Es un uso mucho mejor del tiempo para los grandes ciudadanos de Nueva Jersey».
En una declaración del 19 de mayo, Habba dijo que los cargos contra Baraka se retiraron «en aras de seguir adelante» y, al mismo tiempo, anunció que su oficina presentaría cargos penales contra el representante LaMonica McIver (D-N.J.) por presuntamente agredir a agentes federales durante la misma protesta. McIver, por su parte, dijo que la acusación era «puramente política» y que los agentes federales agravaron la situación.
Las imágenes difundidas por el DHS muestran escenas caóticas en la puerta exterior de las instalaciones, donde, según la agencia, Baraka y los legisladores «irrumpieron» en la entrada e interfirieron en las operaciones cuando llegaba un autobús con detenidos. La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, dijo que las acciones de Baraka formaban parte de una «extraña maniobra política» de un «alcalde santuario» cuyas «payasadas políticas» pusieron en peligro a los agentes del ICE y a los detenidos.
Baraka sostiene que estaba ejerciendo sus derechos amparados por la Primera Enmienda y cumpliendo con su deber de garantizar la seguridad en una instalación que opera dentro de los límites de su ciudad. En su denuncia, Baraka alega que su detención fue el resultado de una acción coordinada por el Gobierno federal para intimidar a los funcionarios locales y silenciar las voces disidentes.
«Una detención, especialmente la de una figura pública, no es una herramienta de investigación preliminar», escribió Baraka en la denuncia. «Es una medida grave, con importantes consecuencias para la reputación y la vida personal y solo debe llevarse a cabo tras una evaluación exhaustiva y desapasionada de pruebas creíbles».
«La aparente precipitación en este caso, que culminó hoy con la vergonzosa retirada de los cargos, sugiere una falta de investigación adecuada, de recopilación cuidadosa de los hechos y de consideración reflexiva de las implicaciones de sus acciones antes de ejercer su inmenso poder», continuó.
The Epoch Times se puso en contacto con el DHS y la oficina del fiscal federal de Nueva Jersey para solicitar comentarios.
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