El gobierno de Trump dijo el 16 de abril que iba a apelar la orden de un juez federal que le pedía que ayudara a devolver a un inmigrante ilegal de El Salvador que, según el Departamento de Justicia, fue deportado por un error administrativo.
La administración está apelando la decisión de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de EE. UU., que anteriormente rechazó su intento de bloquear la orden inicial de la jueza federal Paula Xinis que exigía facilitar el regreso de Kilmar Abrego García a Estados Unidos.
La orden del 10 de abril que la administración estaba apelando era otra emitida por Xinis después de la decisión de la Corte Suprema ese mismo día sobre su orden inicial.
Aunque los jueces confirmaron la decisión de Xinis de exigir que se facilitara la liberación de Abrego García en El Salvador, le pidieron que aclarara una parte de su orden que exigía al gobierno "efectuar" su regreso.
"La Corte de Distrito debe aclarar su directiva, con el debido respeto a la deferencia que se debe al poder ejecutivo en la conducción de los asuntos exteriores", dijo la Corte Suprema.
La orden de Xinis del 10 de abril fue una respuesta a la decisión de la Corte Suprema y modificó su orden original para decir: "Ordenar a los demandados que tomen todas las medidas disponibles para facilitar el regreso de Abrego García a los Estados Unidos lo antes posible".
También solicitó información sobre la ubicación de Abrego García, así como las medidas que había tomado y tomaría el gobierno para facilitar su regreso.
La administración respondió en parte sugiriendo que Xinis estaba siendo poco razonable y afirmando que no estaba en condiciones de compartir información.
"Los asuntos exteriores no pueden funcionar según los plazos judiciales, en parte porque implican consideraciones delicadas específicas de cada país que son totalmente inadecuadas para la revisión judicial", afirmó.
Durante una audiencia celebrada el 15 de abril, el abogado del Departamento de Justicia, Drew Ensign, también discrepó de la interpretación que Xinis hacía de la palabra "facilitar" y sugirió que requería una acción más limitada por parte del gobierno federal.
Xinis no estuvo de acuerdo y ordenó una investigación acelerada para obtener más información y determinar si la administración había cumplido su orden inicial.
La notificación de apelación se produjo el mismo día en que la fiscal general Pam Bondi publicó en las redes sociales un enlace a documentos sobre Abrego García.
Uno de ellos era un informe del Departamento de Policía del Condado de Prince George en el que se afirmaba que "los agentes se pusieron en contacto con una fuente de información fiable y contrastada, que les informó de que Kilmar Armando Abrego-García es un miembro activo de la MS-13 con la pandilla Westerns".
La MS-13 y otras bandas criminales han sido designadas como organizaciones terroristas por la administración Trump, y los presuntos y confirmados miembros de bandas que residen ilegalmente en Estados Unidos son prioritarios para la deportación, de acuerdo con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump.
El informe de 2019 añadía que Abrego García fue visto vistiendo ropa asociada con la "cultura de las pandillas hispanas".
"La fuente confidencial informó además que tiene el rango de 'Chequeo' y el apodo de 'Chele'", decía.
Los abogados de Abrego García han negado que forme parte de la MS-13, y Xinis ha cuestionado las pruebas en las que se basa esa afirmación.
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